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El Espejo Nro 194

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martes, 23 de marzo de 2010

“Audiencia pública sobre la deuda externa: declaraciones y propuestas

El día 9 en el salón adjunto de la Cámara de diputados un grupo de políticos, dirigentes sociales e intelectuales se reunieron y debatieron en una Audiencia pública sobre la deuda externa para encontrar soluciones y proponer acciones a seguir. Aquí las declaraciones textuales de algunos de ellos:

*Alejandro Olmos Gaona:
En los últimos días todos hemos escuchado que tanto la presidenta de la Nación como los funcionarios del Estado han dicho que la deuda externa no es revisable y simultáneamente se habla de la calidad institucional y se han olvidado que en este momento en la Justicia Federal penal hay 3 causas. Una de ellas es la del mega canje iniciada por Graciela Ocaña, Mario Cafiero, Elisa Carrio y Alfredo Bravo que esta a punto de ser elevada a una audiencia de raíz pública para ser juzgada con el procesamiento confirmado del Dr. Domingo Cavallo y el Dr. Daniel Marxs.
Un principio elemental de respeto al ordenamiento jurídico determina que ningún gobierno pueda negociar ni afectar fondos hasta que la Justicia no se expida sobre esta investigación. Y en la misma hay un enorme cantidad de pruebas, no solo que demuestran irregularidades, sino delitos de acción pública, violaciones a la Carta orgánica del BC, la existencia de balances falsos en el BC, la concertación de complicidades entre los bancos extranjeros y los funcionarios del estado que se concertaron para el endeudamiento. Las pruebas fundamentales de que el FMI, el BM y el BID violaron sus reglamentos y sus cartas constitutivas para favorecer a sus acreedores. Oportunamente encontramos tres cartas enviadas a la comunidad financiera internacional por las tres instituciones multilaterales pidiendo apoyo para la reformulación de toda la economía argentina desde 1992 en adelante porque el gobierno se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, modificar la legislación laboral y vender la totalidad de las empresas públicas especialmente la petrolera estatal.
Y cuando hablo de concertación es porque también he escuchado que algunos dicen que pueden probar que los funcionarios cometieres algún delito y actuaron ilegalmente pero los bancos extranjeros no tienen nada que ver y esto es absolutamente falso porque los bancos extranjeros en concertación con los funcionarios estructuraron todos estos planes y cuando nosotros hicimos la auditoría en Ecuador y comprobamos la misma cantidad de ilícitos que se han hecho en la Argentina, con la enorme de diferencia que allí pudimos acceder a todos los archivos, verificar toda la documentación y ver cómo era el mecanismo del fraude que utilizaban los multilaterales, la presión que ejercían los bancos y cómo dócilmente los gobiernos se sometían en forma incondicional a las pretensiones y a las exigencias.
Aquí indudablemente no sólo el poder ejecutivo, sino distintos parlamentos de 1983 en adelante consintieron todas estas operaciones y también se dice que las leyes de presupuesto determinaron que la deuda haya sido legalizada. Cualquier abogado recién recibido sabe que lo que es ilegal no puede ser legalizado por ningún parlamento por ningún poder ejecutivo ni ley de presupuesto.
Yo que he analizado detalladamente esta ultima he podido comprobar que al parlamento nunca se le informó los contratos que se firmaban, las renuncias que efectuaba la Argentina, las condiciones verdaderamente canallescas que figuraban en los contratos donde el país renunciaba a cualquier defensa presente o futura que diga la ley nacional e internacional que hubiera en ese momento. Lo que a cualquier delincuente se le concede a la Argentina se le negaba. Todo este cúmulo de actos ilegales y fraudulentos determina que no se pueda pagar una deuda que tiene todos estos vicios y que arrastra desde 1976 y que se ha continuado de forma idéntica hasta la última restructuración del año 2005. Y se ha llegado al caso realmente inconcebible que el abogado al Estado Argentino haya convalidado las operaciones no en actos de su voluntad, sino que los acreedores extranjeros tuvieron la prolijidad de mandarle el dictamen que él debía firmar, que lo firmó sin alterar un punto. Pero además, los abogados que la Argentina a contratado en los Estados Unidos para todas las operaciones de endeudamiento, asesoramiento y aún hoy nos defienden ante los tribunales de los Estados Unidos son abogados de los acreedores, y además han trabajado para ellos.
Estos abogados fueron contratados por primera vez en 1989 por Carlos Menem fueron recontratados por Néstor Kirchner en el 2004 con el decreto 319 de marzo de ese año, donde se establecieron las bases de la reestructuración que se iba a ser en el 2005.
Entonces cuando hablamos de crear una comisión de auditoria es para transparentar todo este proceso oscuro que no se quiere ver porque claro, afecta la esencia del sistema financiero, es decir, investigar la deuda es mostrar todos los mecanismos del fraude, las operaciones, cómo se someten a los países y cómo este sistema de la usura por lo cual el acreedor no quiere que el deudor le termine de pagar nunca porque de esa manera lo tiene siempre sometido y condicionado.
Recuerdo que en 1984 el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz declaró “la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”. Y eso es lo que ha venido haciendo la Argentina, porque si no tuviera deuda no tendría intereses, condicionamientos ni sometimientos y nos podríamos manejar de otra manera.
Así como una comisión que finalizo diciendo que “nunca más tenía que ocurrir la tragedia del 76 al 83”, en el caso de la deuda tendríamos que decir “nunca más” y yo creo que la comisión bicameral es el primer paso para eso.

Claudio Lozano:
Cuando se discute el problema de la revisión de la deuda suele ocurrir que se coloca este tema en una suerte de revisión del pasado. Yo quisiera dejar en claro que el problema de la ilegalidad esta siendo ejecutado en este mismo instante. Está Argentina de cara a una operación de canje de deuda pública que va a emitir una nueva deuda de hasta 15 mil millones de dólares según el decreto que se ha sacado en este mismo sentido. Pero es bueno dejar en claro que para hacer esto se pidió que el Parlamento suspendiera los efectos de una ley denominada “ley cerrojo”, pero es bueno que tengan todos en claro que este Parlamento a través de esa votación que supuestamente habilita la operación de canje, nunca tuvo frente a sus narices la oferta financiera que se va a aprobar. Es más, a pesar de habérsela pedido al Ministro de economía en la Comisión de presupuesto, jamás fue remetida al Parlamento. Por la tanto ahí hay un primer punto de ilegalidad.
Y el segundo tema de ilegalidad concreta frente a nuestras narices es que quien da la oferta financiera al Ministerio de economía es a su vez representante de los bonistas, el Banco Berkley. Ese banco es a su vez representante de los bonistas y asesor financiero para la propuesta financiera del gobierno nacional. Por si esto fuese poco ese banco es socio de la empresa que explota el mar nuestro en las islas Malvinas. Es más, se llegó a escuchar de parte del Ministro de economía que en realidad no había que preocuparse, que la sección del Banco Berkley que trabaja en el canje es distinta a la que trabaja en Malvinas, por lo tanto la ilegalidad no es hacia atrás solamente sino que esta presente y se está cometiendo en este preciso instante.

Propuesta: La presidenta de la Nación dijo que no había propuestas para afrontar el tema. Nosotros hemos dicho desde el movimiento de interbloque Proyecto Sur, desde el comienzo de esta discusión en el verano, que íbamos a ir a cualquier debate sobre la validez del decreto siempre y cuando se incluyeran los temas de fondo, y dijimos que había tres: 1. revisión del presupuesto 2010, que a esta altura es un dibujo insostenible. 2. Auditoria de la deuda pública y 3. uso de reservas para financiar nuestra propuesta de desarrollo.
En ese marco, y para que vean que existen propuestas es bueno dejar en claro: 1. según el presupuesto 2010 votado en este congreso que nosotros rechazamos porque tenía un agujero de 58 mil millones de pesos, la presidenta se manejó en su último discurso con ese agujero, dijo que ese era el agujero del financiamiento. Debo decir que en ese presupuesto se ocultaba aproximadamente 43.931 millones de pesos de ingresos disponibles de distintos conceptos, más recaudación, más contribución de la seguridad social, utilidad del BC, ahorro por menores pagos de intereses, adelantos transitorios de BC y préstamos del Nación.
Si fuese cierto ese agujero hoy habría que financiar sólo 14.900 millones.
2. El presupuesto no sólo ocultaba recursos, también ocultaba gastos y en realidad, por las propias informaciones de la Secretaría de hacienda, y sobre la base de ampliaciones frontales en el régimen de subsidios, en realidad hay gastos no incluidos por 55.200 millones, por lo tanto el agujero a financiar es de 69.600 millones; no es ni los 58 mil que dijo la presidenta ni los 105 mil que dijo hace pocos días Amado Bodou.
Propuesta concreta: Recuperar de manera inmediata ingresos públicos. Hay 3 objetivos: 1. restitución inmediata para las grandes empresas de las contribuciones patronales que fueron reducidas en el año 1993 por Cavallo y nunca restituidas. Ahí hay 15.700 millones de pesos que a su vez permitirían retornarle a las provincias 9 mil millones que hoy hacen al aporte del sistema previsional.
2. El presupuesto tiene excepciones impositivas por aproximadamente 27 mil millones de pesos. Nosotros sabemos que hay que revisarlo caso por caso, pero hay uno que es eliminar las excepciones a la renta financieras en ganancias y esto implica recuperar de manera inmediata 4 mil millones para la Nación y 3.600 millones para las provincias. Por lo tanto con estas 2 medidas habría más recaudación nacional y más ingresos provinciales.
3. los subsidios están en el orden de los 36 mil millones de pesos al año pasado, los quieren a llevar 50 mil en el curso de este año. Con sólo no aumentarlo estaríamos ahorrando 16 mil millones de pesos, y eso se logra regulando de otra manera el mercado de hidrocarburos que es el centro del problema en términos de subsidios a las petroleras privadas que operan en nuestro país.
Dicho de manera muy concreta esto implica que bajamos la necesidad de financiamiento. Lo que queda es el pago de la deuda, y ahí nosotros tenemos una propuesta concreta: mientras dure el proceso en donde hay que consignar los pagos en Basilea para evitar cualquier tipo de reacción, lo que nosotros proponemos es que el peso del financiamiento de la deuda pública caiga sobre las espaldas y sobre las ganancias extraordinarias del sistema bancario local.
Hoy tenemos un sistema bancario que fue salvado por nosotros con recursos públicos y que hoy es acreedor del Estado Argentino, está sentado sobre una montaña de dinero, no presta y realiza ganancias extraordinarias. Un solo elemento: hay alrededor de 48 mil millones de pesos de deuda en letras del Banco Central con los bancos privados. Nosotros proponemos que esas letras sean reemplazadas por un bono a más largo plazo, a taza fija, que se licue con la inflación para que el tesoro tenga los pesos para hacer frente a los compromisos; le planchamos la ganancia extraordinaria a los bancos y no afectamos el balance del Central, y si hacemos esto, las reservas que tenemos podemos utilizarlas en un plan plurianual que permita el desarrollo de inversiones en infraestructura de transporte, trenes e industria naval, de energía, en hidrocarburos y en modernización productiva. En la Argentina no hay 2 opciones. El ajuste ortodoxo de la opción conservadora no tiene en frente una propuesta popular, tiene en frente una propuesta de ajuste inflacionario que deteriora el poder adquisitivo de la población por vía de mecanismos de los precios. Frente a las 2 opciones que hay que desechar, es necesario una nueva propuesta popular: acá la tiene la presidenta de la Nación.

Víctor de Gennaro:
Los números de todos los organismos como la UNICEF hablan de 25 pibes por día que mueren de hambre y que hablar de los viejos que se nos mueren antes de tiempo y de todas las consecuencias de las políticas de los años 90. Como mínimo son un cuarto de millón de pibes que perdieron y otro número sería medio millón ya. La deuda no es neutral ni financiera es un instrumento de dependencia fundamental para quitarnos la posibilidad de construir una fuerza popular diferente. Por eso me pareció excelente el planteo de Pino, porque planteó la cosa en su justo término. Eso es lo que veníamos a buscar, porque está reflexión tiene esperanza y compromiso. El pago de la deuda externa fue el primero de los 26 puntos de la vieja CGT. Hoy estamos en nombre de CTA aunque seamos minoría y otra central que existe y que come en Olivos, nosotros quisimos estar acá.
Había un conjunto de la sociedad, propuestas hay muchas, el problema es la fuerza política para instrumentarla. Y yo quiere decirle a los que hoy están siendo nuestra cabeza de puente en el Parlamento, que tengan una tranquilidad: lo de hoy es una esperanza en marcha. Según una encuesta el 78% de la gente repudia la medida de pagar la deuda con reservas, yo digo que no es así, ese mismo porcentaje no quiere pagar la deuda con o sin reservas porque sabe que es ilegítima. Ese es un debate ganado en el seno de nuestro pueblo, el problema es si lo podemos ganar en los espacios institucionales para lograr esto. Asumo que todas estas fuerzas que tenemos propuestas, que podemos demostrar que hay una propuesta diferente y en marcha.
Nuestro compromiso tiene que ser que nosotros sabemos que los proyectos no se concretan solamente con proyectos y los diputados adentro, sino en la calle y movilizados. Y ese es el compromiso que venimos a asumir y convocar.

Adolfo Pérez Esquivel:
No estamos aquí para concientizarnos, ya estamos concientizados.
Hay personas que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, nosotros llevamos más de 20 años corriendo detrás de todo este problema. Los avances y la lucha los hemos hecho a través del poder popular. Una de las cosas que simplemente quiero señalar es que no existe la voluntad política en este gobierno y los que le precedieron de tratar este grave problema. En nuestra lucha por los derechos humanos fue por salvar vidas pero también por salvar a nuestro pueblo en su conjunto. La deuda es parte de toda la lucha contra la dictadura militar, los desaparecidos, los muertos, los torturados tienen que ver con esa maldita deuda. Es una deuda manchada con sangre del pueblo argentino.
Hay acciones jurídicas, permítanme recordar a quién fue fiscal de la Nación, Ricardo Molina, cuando presentábamos siempre nos rechazaban las cosas en los juzgados. Pero también creo que todo fue sumando en el tiempo, y hoy veo aquí muchos militantes y jóvenes que no vivieron la época que vivimos nosotros, pero toda esa lucha tenemos que pasársela con conciencia y con valores para construir otro país. Esa entrega del patrimonio nacional es enfermiza, porque no sólo que se paga la deuda externa, se está vendiendo el país a mansalva, entregando el territorio y los recursos. En este bicentenario yo no tengo nada que festejar, si reflexionar y luchar, porque hoy somos un país sin soberanía. Un pueblo que no controla sus recursos, que no tiene la capacidad de decidir sobre su propia patrimonio es un país sin soberanía. Lo han saqueado gobiernos que votaron, cuidado con esto.
Hagamos memoria, la memoria es para iluminar el presente. Es una lucha y la lucha no terminó. Tampoco podemos acotarnos a los derechos humanos del 76 al 83, esto es un grave error. Los DH tienen vigencia hasta el día de hoy, la lucha no terminé, tenemos que seguir profundizando esta lucha por la liberación de nuestros pueblos. Aquí se han dicho muchas cosas importantes, lo que tenemos que hacer es presionar para que exista la voluntad política de cambiar, queremos ser un país libre e independiente y en memoria de aquellos que lucharon hace 200 años por la liberación de nuestro pueblo. El Ecuador ha dado en ejemplo, también lo tenemos a Evo Morales, pero existe un proyecto de país. Hoy tenemos un país neoliberal, sometido y dominado y eso no lo queremos.

Eduardo Macaluse:
Queremos colocar el tema de la deuda externa en debate junto con la maraña jurídica que la componen junto con los tratados de protección de inversiones que deben ser declarados nulos porque entre otras cosas establecen la prórroga de la jurisdicción, es decir la aceptación de los tribunales extranjeros donde se dirima problemas del Estado nacional y esto es inaceptable.
Se ha planteado que este es un tema del pasado. Basta examinar los vencimientos que tiene Argentina este año que son más de 22 mil millones de dólares; 13 mil para el año que viene; 13 mil para el subsiguiente. En la década que va del 30 al 40 hay 33 mil millones de dólares de vencimiento, entre el 40 y el 50 otros tantos hasta llegar al 2081.
Está absolutamente claro que si no se resuelve esta situación las próximas generaciones seguirán pagando de los presupuestos y quitándole dinero al sistema educativo, de justicia, al de protección de seguridad de los ciudadanos, al sistema previsional y a los jubilados. Y continuarán reestructurando la deuda, es decir, nuestros hijos, nietos y bisnietos pagaran de lo que no tienen y además van a seguir debiendo y van a seguir trasladando la deuda que es ilegítima y fraudulenta y que no está acreditada documentalmente a las próximas generaciones.
Desde hace tiempo un grupo de legisladores hemos venido peleando por estos temas muchas veces en soledad junto a organizaciones sociales. Cada vez que se vencía el período parlamentario de un proyecto lo representábamos para poder seguir sosteniendo esto. Y hemos planteado en cada reestructuración que era una oportunidad para revisar la legitimidad de la deuda; hemos votado en contra de cada reestructuración la hemos denunciado. Ahora, cuando se plantea que esto es un tema del pasado, nos es así porque es un delito de acción continua, es decir se sigue cometiendo a medida que cada reestructuración intenta convalidad los delitos anteriores. Nosotros el planteo que hacemos no es testimonial porque depende de eso podemos tener más presupuesto para los asuntos sociales. Por más que si fuera testimonial también es válido porque si se pueden hacer juicios de la verdad para saber los responsables del genocidio, y si se pueden hacerlos para castigarlos, porque no tiene el derecho el pueblo argentino de conocer la verdad y castigar a los responsables de las causantes del genocidios. Esto no fue hecho porque sí por un grupo de perversos, tienen causas económicas, sociales y políticas en donde está entrelazada indefectiblemente la deuda externa y tenemos el derecho de desatar ese nudo de que la gente conozca la verdad y que de una vez por todas podamos hacer que vayan presos no sólo los que apretaron el gatillo sino los que cómodamente desde su casa los mandaban a hacer ese baño de sangre. Y en Argentina los que hicieron esto, los responsables intelectuales de genocidio no han pagado. Tenemos el deber como legisladores de hacer lo que esté a nuestro alcance para que estos terminen presos.
Propuesta: Nosotros estamos proponiendo, como se hizo en Ecuador, una investigación seria. Que se apruebe una comisión auditora bicameral compuesta por 12 diputados y 12 senadores; que esta comisión tenga que rendir cuentas al congreso de lo que ha investigado; que el Congreso resuelva en los términos de lo planteado en Art. 75 de la Constitución; que la comisión tenga poder de policía, poder de allanamiento, que pueda relevar el secreto bancario a los bancos que están instalados en nuestro país, que pueda solicitar a los bancos extranjeros información sobre lo que se está investigando. Es decir que haya una comisión con poder de investigación para que podamos saber la verdad y conocerla.

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