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El Espejo Nro 194

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miércoles, 25 de agosto de 2010

El vaciamiento sanitario público y gratuito potencia a los circuitos privados: la salud es un derecho no un negocio


Destrucción: Los datos recientes de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad son elocuentes. Por primera vez en cinco años aumentó la tasa de mortalidad infantil de la Capital. La Comuna más vulnerable corresponde a Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati. Las cifras revelan además el incremento de asentamientos en la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar). Un emergente del desmantelamiento en términos de insumos y recursos humanos de los hospitales y centros de salud públicos.

A fines de junio otro detonante develó la magnitud de la crisis, con la muerte de una beba en el hospital Pena por falta de anestesistas, la segunda ocurrida por la misma causa en algo más de dos años. El antecedente fue en el hospital Santojanni en 2008, hecho por el cual el 3 de mayo pasado la Cámara del Crimen de la Capital decidió el procesamiento de varios médicos, situación que puso al descubierto la conjunción de silencios, complicidades, omisiones, arreglos y acuerdos para zafar en la ocasión ante las orfandades de personal y equipamiento. No solo eso. Está pendiente el debate sobre qué formación reciben los trabajadores/as de la salud, la mercantilización creciente de conceptos, prácticas y esquemas organizativos, y la aplicación de mecanismos de productividad asentados en la lógica capitalista. La única definición posible es el derecho a la salud de la población, plena y sin discriminación.
La falta de anestesistas es estructural. El servicio de ambulancias (Same) debe ir de un hospital a otro como remisero trasladando anestesistas donde se requiere. Queda claro que no siempre llegan a tiempo. A esto se agrega la demora por parte del gobierno de la Ciudad de efectivizar los nombramientos que han demorado entre once y quince meses, lapso en el cual muchos lograron insertarse en el ámbito privado.
En ese sentido, son categóricas las denuncias del titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop), Hugo Amor, y del presidente de la Federación de Profesionales de la Salud de Argentina (Fresposa), Jorge Yabkowski, al señalar que “el Estado delegó la formación y los cupos de profesionales en la Federación de Anestesia, Analgesia y Reanimación (Faaar) a nivel nacional y en la Aaarba en el caso de la provincia de Buenos Aires. Teniendo como norte las leyes del mercado, estas entidades regularon a la baja el número de anestesistas, para obtener más ganancias por sus servicios. La ecuación es simple: a menor competencia, mayores ingresos”. De igual forma acusaron al Estado de “dejar crecer la privatización y tercerización de los servicios en el sistema público de salud”.

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