El pasado 20 de agosto, el Movimiento campesino de Santiago del Estero (Mocase), cumplió 20 años de historia. Celebró también la constitución definitiva de un instrumento político que da legitimidad a los habitantes originarios de Santiago del Estero. Las primeras luchas estuvieron dirigidas a evitar los desalojos cotidianos de sus tierras, que vivían los hermanos campesinos por parte de empresarios apoyados por el poder político de entonces. El Movimiento también fue el puntal de la lucha contra el autoritarismo de la dinastía Juárez (Carlos Juárez y su esposa Nina), que gobernaron la provincia por más de 50 años.
Hoy no son los Juárez los que están a la cabeza de la administración pública, pero varios de sus descendientes políticos están ubicados en reparticiones que dirige el actual gobernador y consentido de la presidencia de la nación, Gerardo Zamora. El mandatario tuvo la virtud de reconocer la existencia del Movimiento campesino firmando acuerdos y promoviendo proyectos de desarrollo, pero al final todo se tradujo en una manipulación de la opinión pública aprovechando que cuenta como aliado al grupo empresarial dirigido por Néstor Ick, con quién controla los medios de comunicación y le otorga la administración del tesoro provincial a través del Banco de Santiago del Estero (entidad usurpada a la provincia). Respecto a soluciones todo sigue igual, e incluso se incrementan los atropellos y la venta de tierras para el desmonte y la instalación de la soja y la ganadería a gran escala.
Ese ninguneo y los constantes atropellos de empresarios foráneos al territorio campesino, ha impulsado a las organizaciones del Mocase a tomar la ruta nacional 34 desde el 17 de octubre, a la altura de la comunidad de Vilmer, unos 15 Km. de Santiago Capital.
Un campesinado invisible
Al cierre de esta edición, el Mocase lleva más de veinte días cortando la ruta en lapsos de dos horas de interrupción, donde se entrega información sobre la existencia y las demandas de los campesinos. Otra situación insoportable son los aprovechadores políticos, como la presencia en los primeros días de la Federación Agraria Argentina (FAA). Los mismos que se aliaban con las sociedades de los empresarios usurpadores en las protestas del campo en 2008, ahora pretenden ser protagonistas de las iniciativas del Mocase, pero fueron expulsados de la ruta junto con sus carteles. Más tarde, los voceros del Movimiento campesino rechazaron las gestiones realizadas por integrantes de la FAA ante diputados nacionales, en una reciente visita que hicieron a Buenos Aires los dirigentes campesinos.
En el escenario local, los operadores políticos con cargos en la delegación provincial de la Subsecretaría de Agricultura provincial son los encargados de manipular las acciones del Mocase. Constantemente reciben visitas de funcionarios de esa repartición ofreciendo su apoyo y por otro lado aparecen firmando un comunicado donde rechazan el corte de ruta, aduciendo que sus protagonistas son un “un sector minoritario” que no saben lo que hacen. Es tanto el asedio que, Osvaldo Gallego González, uno de los funcionarios más controvertido e insidioso de la Subsecretaría, aparece en Buenos Aires acompañando a los delegados del Mocase en sus visitas a medios de comunicación y en las entrevistas con diputados, defensoría del pueblo y organismos de derechos humanos.
Las demandas del Mocase
La salida a la ruta 34 y la instalación de un campamento en sus inmediaciones, estuvieron motivadas por el ataque de bandas armadas que responden a los empresarios Luis Resio, Alberto Croche y José Pérez Quiroz a la comunidad de Pozo del Castaño, (200 km al norte de Santiago del Estero). Esto ocurrió a pocos días en que el Movimiento campesino firmaba un acuerdo con el gobierno provincial en donde se detallaban acciones políticas que evitarían este tipo de situaciones.
Para restablecer el diálogo, los campesinos proponen que el gobierno quite a los empresarios de la zona de conflicto, que renuncien algunos ministros involucrados con inversionistas (Luis Gelid, Ricardo Daives, Emilio Neder), que se castigue con cárcel a policías y empresarios involucrados en bandas armadas y que se apruebe una ley provincial que le dé legitimidad a los poseedores de la tierra. Hasta el momento, el gobierno ha hecho oídos sordos y ha instruido a los medios de comunicación para que no publiquen los pormenores del corte de la ruta 34, un histórico acontecimiento llevado adelante por el Movimiento campesino de Santiago del Estero.
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