Justicia: éste es un momento histórico: más de cien genocidas están siendo juzgados por los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Después de más de 25 años de democracia, esto deja asentado para el futuro, que la Argentina condena los crímenes de lesa humanidad: que quien secuestra, tortura, tira gente viva al mar, viola, roba niños, desaparece gente, participa en Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Extermino, censura y asesina, tiene Juicio y Castigo.
En 1995, cuando nació H.I.J.O.S., un momento así nos parecía imposible, pero era la utopía para andar. Así surgió el escrache como herramienta para construir la condena social, para que las casas de los represores fuesen sus cárceles. “¡Alerta, alerta los vecinos, al lado de su casa está viviendo un asesino!”, gritamos por muchos barrios, hasta llegar en 2006, a 30 años del golpe genocida, a la del dictador Jorge Rafael Videla, quien gozaba del privilegio del arresto domiciliario, para cumplir prisión preventiva por el plan sistemático de robo de niños. Luego fue trasladado al Penal de Campo de Mayo y ahora está siendo juzgado en Córdoba, junto a Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 represores.
Éste es el año de los juicios a los genocidas. Por primera vez tenemos tantos debates en simultáneo, combatiendo la impunidad, generando instancias reparadoras para las víctimas, diferenciando las prácticas genocidas de las luchas del pueblo por su liberación. Y esto se plasma en que en este momento hay diez juicios orales y públicos en el país (dos en Chaco, uno en Santa Fe, uno en Mendoza, uno en Córdoba, cuatro en la ciudad de Buenos Aires, uno en La Plata) y uno en Italia, al genocida Massera en ausencia. Y este camino no podrá ser desandado, porque los genocidas gozan de todos sus derechos y garantías.
Pero no podemos pasar por alto que la justicia se tomó demasiado tiempo: ya murieron muchos represores y cómplices en absoluta impunidad, hay madres y padres que no pudieron ver justicia ni saber qué hicieron con sus hijos e hijas, cientos de jóvenes continúan sin conocer su identidad y los genocidas mantienen sus nefastos pactos de silencio, que si los rompieran darían toda la verdad que necesita este pueblo para saber qué hicieron con cada uno de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
En los banquillos de todo el país faltan represores. Porque los dieciocho que son juzgados en la mega causa ESMA no son todos los que manejaron ese centro clandestino, en el que hubo alrededor de 5.000 detenidos-desaparecidos (de los que sólo sobrevivieron alrededor de 200), y una maternidad clandestina. Tampoco están todos los represores del Vesubio, ni de la Masacre de Margarita Belén en Chaco, ni de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata. Entre 1976 y 1983 hubo un plan sistemático de exterminio y robo de niños, cometido en todo el país por el Estado terrorista, con todas las Fuerzas de Seguridad implicadas, con civiles, como curas, médicos, periodistas, entre otros. Y también con la participación de los ejércitos de otros países, como Uruguay y Chile, en el marco del Plan Cóndor.
En cada audiencia de los juicios se revive todo, se narran las torturas, los secuestros, los días de cautiverio, los partos en los centros clandestinos y todo eso frente a los mismo victimarios, como Alfredo Astiz, el Turco Julián, Losito y tantos otros
Cuando un sobreviviente cuenta su historia se mete en un túnel del tiempo del que sólo la justicia lo puede sacar. Porque es la que debe poner las cosas en su lugar: a los genocidas en cárceles comunes, con condenas perpetuas y efectivas.
Si tenés 18 años o más podés ir a los juicios. Todos los que vamos tenemos muy claro lo difícil que es estar ahí. Pero también sabemos cuán necesario es. Por nosotros, por nuestros padres, por nuestros hijos. Porque a los genocidas los juzga un Tribunal, pero los condenamos todos.
H.I.J.O.S.
Regional Capital en la Red Nacional www.hijos-capital.org.ar (podés consultar ahí el cronograma de audien¬cias de todo el país)
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viernes, 23 de julio de 2010
Genocidas: llegó la hora
Reunión en Toronto: almuerzo por conveniencia
Complicidad: la presidenta Cristina Fernández almorzó con directivos de la Barrick Gold, empresa minera que explota desde hace más de cinco años el yacimiento de oro de Veladero, en San Juan y que está construyendo, en la frontera con Chile, la mina de oro de Pascua Lama, una de las más grandes y rentables del mundo.
En el marco de la reunión del G20, la presidente argentina, fue invitada por el fundador de la empresa minera Barrick Gold a un almuerzo, al cual asistió sin reparos. No sólo disfrutó del convite, sino que como agradecimiento aseguró a los empresarios que “las reglas no cambiarán, y eso es muy importante para una inversión de largo plazo”. Esto significa que el gobierno argentino no tocará las extraordinarias ganancias que la empresa se lleva de nuestro país.
Cabe recordar que Barrick Gold fue señalada en su momento como la impulsora del veto de la Presidenta a la ley de glaciares, que prohibía la explotación de yacimientos mineros en la zona, donde se encuentran justamente Veladero y Pascua Lama, ya que dicha ley chocaba de frente contra los intereses de la empresa.
Barrick Gold Corporation es la multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto. Mantiene más de 27 minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Republica Dominicana, Argentina y Tanzania.
Otros inocentes comensales
También participaron del almuerzo los directivos de Panamerican Silver, que explota la mina de Manantial Espejo de plata y oro en Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Esta empresa acaba de comprar el yacimiento Navidad en el norte de la meseta de Chubut, la más grande reserva de plata del país y una de las más grandes del mundo. Para ayudar a este cometido, el gobernador de esa provincia, Mario Das Neves se dispone a modificar la legislación provincial que actualmente prohíbe la explotación minera a cielo abierto.
Otros co-mensales fueron los directivos de Oro Cobre y Lithium Ame-ricas, que está preparando la explotación de minas de litio en los salitrales de la puna salteño-jujeña. Esto se debe a que el noroeste argentino, al igual que Bolivia, posee grandes reservas de este mineral, que es clave en la fabricación de las baterías para los autos eléctricos o híbridos.
Junto a Cristina Fernández estuvieron los gobernadores de Salta Juan Manuel Urtubey y el jujeño Walter Barrionuevo, los continuadores de la política de Eduardo Fellner y Juan Carlos Romero. Por su parte, el riojano Beder Herrera, que hizo campaña criticando el proyecto de la Barrick en Famatina, también se hizo presente.
El presidente de la compañía minera elogió la transparencia institucional del gobierno y la solidez de las instituciones políticas argentinas, en clara devolución de favores.
Ley de glaciares: ofensiva del capital oligopólico minero
Por Jorge Cardelli (*)
A lo largo del debate sobre la ley de glaciares y mas aún, en las exposiciones de los legisladores nacionales del kirchnerismo sobre la minería y las promesas de desarrollo que la misma ofrece para las diferentes provincias del oeste cordillerano, del norte y del sur del país, que sirven para justificar el saqueo de nuestros recursos naturales y la depredación ambiental, están ausentes los oligopolios mineros como es el caso de la Barrick Gold. Los principales protagonistas de la política de saqueo de los recursos naturales y de la depredación de la naturaleza de nuestro país, solo aparecen como agentes promotores de inversión, desarrollo y del progreso.
Parecería que la economía, la minería y otras actividades de nuestro país fueran actividades sin sujeto, es decir, actividades que no las realiza nadie. Parecería que cuando discutimos sobre la minería hablamos de una industria en general y no hacemos referencia a las corporaciones ni a las trasnacionales mineras, que son aquellas contra las que han peleado las asambleas ciudadanas a lo largo del oeste argentino. No es que haya una explotación minera en abstracto realizada por empresarios de aquí u otra nación y que no defienden ningún interés nacional. Hay trasnacionales mineras y tienen nacionales que las protegen.
Nuestro país es verdaderamente contradictorio. Con la ley de inversiones extranjeras que teníamos en 1974, ni remotamente una trasnacional minera se iba a llevar la ganancia como ahora, sin ninguna rendición de cuenta. En ese año teníamos una ley universitaria que decía que estaba absolutamente prohibido trabajar en una universidad nacional y ser miembro de una trasnacional minera. Hoy las trasnacionales mineras se dan el gusto de financiar parte de la actividad universitaria, y no solamente eso: condicionan los propios desarrollos curriculares y son activas ideológicamente, porque nadie puede negar que en muchísimas provincias hacen aportes, y muchos de carácter muy sentido por la gente: tomógrafos, escuelas, premios, etcétera. Lo que sí tienen a buen resguardo es que en esas escuelas ni por casualidad se puede cuestionar el papel que tienen estas trasnacionales en los propios lugares. El paso de los años nos ha hecho retroceder en el plano de la conciencia, claro está, dictadura y genocidio mediante. A esto hay que agregar las derrotas de los proyectos nacionales de posguerra en el tercer mundo en los 70 y también la ofensiva neoliberal.
Las trasnacionales mineras han demostrado ser realmente eficientes, porque cuando nosotros estábamos avanzando en el Congreso Nacional en el debate sobre el problema de cómo ponerles coto a la ofensiva de este capital trasnacional sobre la zona periglaciar a los glaciares, para explotar los probables minerales que allí se encuentren, poniendo en riesgo la existencia misma de los glaciares, se empezaron a mover rápidamente hace un par de meses y a plantear cómo hacer para declarar inconstitucional la ley que salga del Parlamento, ya que sería una copia de la ley Maffei que había vetado la presidenta Cristina Kirchner.
Para enturbiar todavía más la cuestión, a su vez intentan promover en diferentes provincias legislaciones promineras que eufemísticamente se denominan de defensa de los glaciares, generando así la confrontación entre nación y provincias y también un falso federalismo. Argumentan que los recursos naturales son de las provincias, según lo prescribió la constitución de 1994 y consiguientemente la nación no tiene que meterse en ellas.
¿Qué diferencia tiene ésto con la Standard Oil que, junto con Patrón Costas, por entonces gobernador, querían sacar el petróleo en Salta, mientras que el general Enrique Mosconi, junto con Hipólito Yrigoyen, se opusieron tenazmente? ¿Qué es eso? ¿O resulta que Patrón Costas y la Standard Oil eran los progresistas y representaban el desarrollo mientras que Yrigoyen era la entrega y el atraso?
Hay que aceptar que estamos ante una ofensiva del capital minero que se está apropiando de nuestro propio territorio. Es parte de la ofensiva general del capital imperialista por nuestra tierra, ya sea para explotación minera, agrícola o turística. Por ello ha crecido tanto la lucha por la defensa de la tierra ante la política de desalojos implementada por los gobiernos provinciales. En este país se desaloja sin piedad a cualquier campesino que ocupe un área donde se va a construir una mina, donde van a meter un emprendimiento turístico o donde van a sembrar soja.
Hoy existe una operación del capital que no es una entelequia. Tiene naciones que lo apadrinan. El capital es norteamericano, chino o europeo. No hay capitales argentinos que repatríen ganancias de sus inversiones fuera del país. Los de acá mandan sus ganancias para afuera y también las inversiones extranjeras siguen enviando afuera los dólares de ganancia.
Entonces, para nosotros es importante que salga una ley como la de Marta Maffei que sea una protección real para los glaciares y su región periglaciar. Esta ley es importante pero es claro que es insuficiente. Seríamos muy tontos si pensáramos que con esta iniciativa vamos a parar esta ofensiva del capital minero y de todos los socios que tienen aquí. Los que tenemos origen peronista y hemos estudiado la historia de la dependencia de nuestro país, sabemos con absoluta claridad que la oligarquía y el capital nunca operaron sin socios internos. No operan en abstracto. Los discursos que afirman que no existe el capital imperialista, hoy son totalmente inconsistentes. De la misma manera con sus formas de operar a través de socios internos. Claro que tienen socios y operadores internos. Contra estos socios es con los que pelean los movimientos sociales ambientalistas cuando no directamente con el capital oligopólico minero.
Para el movimiento popular una ley de protección de glaciares como la señalada en el párrafo anterior es sumamente importante. Va a ayudar a todos los compañeros y compañeras que pelearon a lo largo de la cordillera defendiendo los recursos naturales y nuestros propios derechos.
Al mismo tiempo, vamos a dar una muestra de sentido nacional porque cuando estamos hablando de una ley nacional de protección de los glaciares y sus zonas periglaciares hacemos referencia a un cierto marco de encuadre nacional donde las provincias son parte de una nación y no coto de caza del capital imperialista. También se abre de manera concreta y pública la posibilidad de las evaluaciones ambientales, además tener un inventario de los glaciares y las zonas periglaciares.
Pero seamos conscientes. Simplemente estamos poniendo una pequeña valla porque hasta ahora el capital viene mostrando que es más poderoso que nosotros. Mientras avanzábamos a paso lento, ellos ya estaban dando varios pasos más. Es necesario fortalecer el tema de la conciencia ambiental y la denuncia a este capital imperialista que viene a saquearnos. La única forma posible de derrotarlos es con la rebelión popular y para esto es imprescindible el desarrollo de la conciencia ambiental.
*) Diputado nacional de Proyecto Sur
A 8 años del asesinato de Kosteki y Santillán
El puente Pueyrredón fue, como todos los años, el escenario elegido para reclamar por los asesinatos a sangre fría de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a manos de la policía federal, el 26 de junio de 2002.
En aquel momento, muchos medios de comunicación mintieron acerca del hecho e informaron que los piqueteros se habían matado entre ellos. El caso más paradigmático fue el del diario Clarín, quién titulo que “la crisis (en referencia a la desatada en diciembre del 2001, que llevó a la caída del presidente Fernando De la Rúa) causa dos nuevas muertes”. Sin embargo, el matutino tenía en su poder la secuencia de fotos sacadas por el fotógrafo Pepe Mateos, donde se veía claramente que el comisario Héctor Franchioti, disparaba por la espalda a Maximiliano mientras este cuidaba a su amigo Darío que yacía herido gravemente en el suelo.
El reclamo principal fue la exigencia de la encarcelación de los responsables políticos del hecho: Eduardo Duhalde, Felipe Solá y Aníbal Fernández.
Nuevo partido: Unidad Popular
Con vistas al 2011 se creó el Instrumento Electoral, denominado Unidad Popular, que tiene como objetivo batallar en la provincia de Buenos Aires. Liderado por Víctor De Gennaro de la CTA, el congreso fundacional del partido se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional, regional Avellaneda. También forman parte de esta alianza el jefe del bloque de diputados del SI, Eduardo Macaluse, y Graciela Iturraspe, ambos de ATE y Marta Maffei (Ctera).
A la fuerza bonaerense se suma la representación de la Capital que le dan las legisladoras Delia Bisutti y María América González (hasta ahora del SI porteño); la diputada nacional por Santa Fe Verónica Benas (ex SI), y habrá "una articulación futura" con Proyecto Sur, que lideran los diputados Fernando "Pino" Solanas y Claudio Lozano.
La idea del nuevo espacio es "la unión de las fuerzas populares" y crear "una confederación de partidos a nivel nacional y tener buen diálogo con todo partido que tenga propuestas similares", dijo Macaluse.
Movimientos Sociales y Demandas Populares: hacia la unidad como fortaleza transformadora
Acción: el conflicto con la empresa Botnia en Gualeguaychú, la protesta contra la minería a cielo abierto en Catamarca, el reclamo mapuche en Villa la Angostura, expresan el desafío por unificar las demandas populares bajo una identidad política de alcance nacional.
Por Mariano C. Bibolini
El 17 de febrero de 2005 el estado uruguayo oficializó la autorización del proyecto de radicación de la planta elaboradora de pasta celulosa de la empresa finlandesa Botnia en la orilla del río Uruguay, frente a las costas de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.
Esta decisión generó la constitución de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú, integrada por vecinos autoconvocados, organizaciones sociales y ecologistas, centrando el reclamo en la defensa del ambiente y en la protección de las especies de flora y fauna del ecosistema del río Uruguay, del recurso natural agua y de la vida humana ante las consecuencias contaminantes del proceso. El 3 de enero de 2006 se iniciaron los bloqueos y cortes del puente que une esa ciudad con la de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay. A ese corte se sumaron los vecinos de otros dos pasos fronterizos, durante 45 días consecutivos; afectando seriamente el intercambio comercial y turístico entre ambos países y generando todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra de la medida.
Entre diciembre de 2009 y enero de 2010, vecinos y ambientalistas de la asamblea Los Algarrobos, constituida en Andalgalá, provincia de Catamarca, protestaron en contra de la minería a cielo abierto e impidieron el paso de máquinas y vehículos hacia el mega emprendimiento Agua Rica, en un camino comunero que une las localidades de Chaquiago y El Potrero. Fueron violentamente reprimidos por efectivos policiales luego de una orden emanada por el juez del lugar, desalojados de la ruta y procesados judicialmente varios de sus referentes.
Durante los últimos días del año 2009, la comunidad mapuche Paichil Antriao – Villa la Angostura, Neuquén- fue reprimida fuertemente; la policía habría golpeado a cuatro jóvenes. Esta población está en conflicto con el estadounidense William Fisher, quien reclama la propiedad de 10 hectáreas que están dentro de la comunidad; la cual, como consecuencia de esta disyuntiva, el 2 de diciembre del año pasado fue violentamente desalojada. Al igual que Lewis o Benetton, Fisher intenta apropiarse de tierras pertenecientes a los pueblos originarios, con la complicidad del gobierno provincial. Tanto en los noventa como en la actualidad, las políticas de entrega han permitido los continuos desalojos de las comunidades de sus tierras. La situación generó la intervención de organismos de derechos humanos, como así también la presencia de los diputados nacionales Jorge Cardelli (Proyecto Sur) y Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Los tres conflictos referidos se enmarcan dentro del concepto de “Demanda Popular”; es decir, aquel reclamo social que el sistema no logra resolver. Si estos reclamos insatisfechos pudieran ser percibidos por los ciudadanos como equivalente a otras demandas igualmente no satisfechas (salud, educación, empleo), comenzarían a generar una cadena de demandas populares equivalentes, detrás de las cuales podría constituirse el pueblo, como actor histórico autotransformador. El gran desafío de esta hora es la unificación de estas demandas populares, la articulación de las mismas bajo una identidad popular, de la cual surja una conducción y liderazgo político con alcance nacional, que realice las profundas transformaciones largamente esperadas por las grandes mayorías, históricamente sometidas.
Desde Buenos Aires
Manuela Sáenz volvió a Venezuela
Los restos de la heroína independentista sudamericana Manuela Sáenz, llegaron el sábado a Venezuela y fueron ubicados en el Panteón Nacional junto a los del libertador de América, Simón Bolívar. Antes habían recorrido Colombia, Perú y Ecuador.
Manuela Sáenz Aispuru fue una destacada patriota ecuatoriana y compañera de Simón Bolívar, a quien acompañó en todas sus acciones y es considerada como una de las primeras feministas de la independencia de América del Sur.
Su traslado a Caracas formó parte de los actos con motivo del 199º aniversario de la firma del Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela, que se celebró el pasado 5 de julio.
La ministra de Educación, Jennifer Gil Laya, manifestó que los restos de Manuela Sáenz, nacida en Quito, Ecuador, siguieron la ruta de la campaña admirable que realizó Bolívar desde San José de Cúcuta, Colombia, el 14 de mayo de 1813, con el objetivo de liberar a Venezuela del poder español. Esta campaña incluyó también a Perú y Ecuador.
Tras su llegada a Táchira, los restos de Sáenz recibieron los honores de la Fuerza Armada venezolana. En La Guaira, principal puerto de Venezuela, a 32 kilómetros al norte de Caracas, autoridades de la ciudad y cancilleres de América Latina le rindieron tributo en la histórica Plaza Bolívar.
Las actividades en homenaje a la memoria de Sáenz, incluyeron también la presentación de cinco libros sobre las cartas entre la heroína y el libertador de América, editados por la presidencia de Venezuela.
