Por Daniela Arripe
El informe presentado la semana pasada dejó plasmado un aumento progresivo del número de detenidos y un empeoramiento de las condiciones en las cárceles bonaerenses, donde se registraron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay más mujeres detenidas y subieron 10 por ciento las muertes violentas en cárceles.
El pasado jueves 6 de agosto se presentó en la ciudad de La Plata el Informe 2009 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Del evento participaron Leonardo Franco, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pilar Calveiro profesora-investigadora de la Universidad de Puebla, Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura, y Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, co-presidentes de la Comisión por la Memoria.
Antes de la presentación pública, una delegación de la Comisión, se entrevistó y entregó una copia a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y al ministro de Justicia Ricardo Casal. El informe detalla las graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, alojadas en institutos de menores, comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires. Además, el relevamiento dio cuenta del crecimiento de la población carcelaria: en marzo de 2008 se registraban 21.104 detenidos, un año después 24.180. En cuanto a los detenidos en las comisarías, en diciembre de 2007, se registraron 2.782 y en marzo de este año 4.142. Asimismo, aumentó el número de la población femenina en las unidades carcelarias de la provincia y la cantidad de muertes: durante el año 2008 murieron ciento doce personas, lo que implica un crecimiento del diez por ciento con relación al año 2007, en que murieron ciento una personas. Situación de riesgo
El informe también detalla que de un total de 266 encuestas realizadas en cinco unidades penales de la provincia, el 72 por ciento de los detenidos denunció haber sido agredido físicamente por personal penitenciario. Los más jóvenes son las principales víctimas. Asimismo, quedó registrado que el veinticinco por ciento de las mujeres entrevistadas sufrieron agresiones por parte del personal penitenciario durante el año 2008. Así, se presentaron 761 hábeas corpus que denuncian el agravamiento de las condiciones de detención de las personas. El aislamiento en los buzones de las cárceles constituye una de las formas más extendidas de tortura y crueldad. Esta medida se implementa en los llamados pabellones de separación del área de convivencia. Es allí donde se registra mayor violencia física, además del padecimiento psicológico por el aislamiento y las condiciones de detención. El régimen de traslados de detenidos, es una forma de castigo aplicada por el Servicio Penitenciario sin control del Poder Judicial. En este marco, el Estado provincial dice invertir 48.549 pesos anuales en cada detenido, es decir 4.045 pesos mensuales. Este presupuesto contrasta con las condiciones materiales que se relevan cotidianamente en los penales provinciales y la carencia de elementos de higiene, medicamentos y alimentos. El Ministerio de Justicia no impulsó tareas de auditoría independientes ni jerarquizó debidamente al cuerpo de funcionarios que tenían por misión realizar controles sobre las entregas de proveedores en las distintas unidades. El último capítulo del IV Informe del Comité contra la Tortura, que ocupa 528 carillas, realiza un balance sobre la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, ratificado por Argentina. La ratificación implica el compromiso del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, de crear un mecanismo de control para los lugares de detención, a fin de prevenir la tortura. Este organismo sería el encargado de llevar adelante visitas regulares y periódicas de monitoreo a lugares de detención, realizadas por órganos de expertos y expertas, de distintas disciplinas, que cuenten con independencia y autonomía funcional y financiera del Poder Ejecutivo. Uno de los proyectos presentados, fue elaborado, por más de veinte organismos de derechos humanos y se encuentra aún en el Congreso nacional.
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