Política de medios: Barajar, pero dar de nuevo

A lo largo de los diversos gobiernos democráticos un amplio abanico de organizaciones viene reclamando la derogación de la Ley de Radiodifusión 22.285, sancionada por decreto durante la última dictadura militar y que continúa vigente en nuestro país. Finalmente, el 19 de marzo, la Presidente Cristina Fernández presentó el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que reemplazaría a la legislación vigente. Si bien con puntos a discutir y aportes a considerar para mejorar el texto- que la Coalición por una Radiodifusión Democrática hizo y presentó al Ejecutivo- en líneas generales la propuesta constituye un avance por demás importante para que de una vez por todas cambie el mapa mediático en nuestro país.
Sin embargo, el mes pasado, un ida y vuelta en concesiones volvió a mostrar las contradicciones del Gobierno: así como durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Néstor Kirchner (2003-2007), sucesivas reformas legalizaron la concentración y la conformación de enormes conglomerados de medios, nuevas medidas del Ejecutivo hicieron tambalear una vez más el propio discurso: a través de la Resolución 146 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional autorizó al Grupo Clarín a prestar el denominado servicio triple play, es decir, el empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (Telefonía, Internet y televisión) que se sirven por un único soporte físico. Así, la administración le otorgaba a la empresa Fibertel, del Grupo Clarín, la numeración geográfica y no geográfica para prestar telefonía local. Este era el penúltimo requerimiento para ingresar al millonario negocio de las telecomunicaciones. Fibertel S.A. es propiedad de la empresa cable operadora Cablevisión, fusionada de hecho con Multicanal desde fines de 2007 con el aval de un decreto presidencial firmado por Néstor Kirchner. Para continuar la huella, también cabe recordar que el ex presidente firmó en 2005 el decreto 527 por el cual prorrogó por más de una década las licencias de los canales de televisión a los grupos hegemónicos. Del mismo modo, la Presidente firmó en mayo un acuerdo de perdón fiscal que, de ser aprobado por el Congreso de la Nación, beneficiará a una buena porción de los multimedios que elaboran y propagan el discurso del poder, en lugar de promover a las Pymes de la comunicación. Si bien a fines de julio la Secretaría de Comunicaciones volvía tras sus pasos con la resolución 165, que dio de baja a la 146 -luego de ponerse al corriente de los de los recursos interpuestos por Telecom, Telefónica y la Federación de Cooperativas del Sur- las idas y vueltas dejan en claro que lejos de promover seriamente al desconcentración de los medios, la administración Kirchner sigue dando pasos en falso. Mientras la posibilidad de una nueva Ley de Radiodifusión, sigue en sala de espera.