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jueves, 16 de septiembre de 2010

Papel Prensa y Fibertel: pelea por negocios

Lejos de mostrar una política progresista, los casos de Papel Prensa y Fibertel indican una feroz disputa por la riqueza y el control político entre diferentes sectores burgueses.
El contenido monopolista y restrictivo de Papel Prensa, el negocio descomunal de la televisión por cable y la conexión a internet, es algo fuera de discusión, como lo es el inmenso poder político que da el control de ambos sectores.

Un gobierno verdaderamente comprometido con la soberanía y la democracia de masas tendrá en su momento que poner manos en estos puntos neurálgicos del capital. La solución de ambos temas pasará, inexorablemente, por la transformación en propiedad social de estas empresas y el control de su funcionamiento por parte de sus trabajadores, en el marco de un gobierno de naturaleza obrera y popular.
Mientras tanto, la consideración de este tema a través del prisma de los derechos humanos no es viable desde el punto de vista del derecho burgués -de allí el papelón con el que culminó el informe presidencial pomposamente denominado "Papel Prensa: la verdad"- y puede muy bien entenderse como un intento de manipular sentimientos genuinos de nuestro pueblo frente a la violación de los derechos civiles durante la dictadura y el papel que en ese período cumplieron las empresas Clarín y La Nación.
Estas dos expresiones de las clases dominantes no apoyaron el golpe menos que el Sr. Héctor Timerman (que incluso fundó un diario exclusivamente con ese cometido), y no están menos comprometidos con las aberraciones de aquellos años menos que el Sr. Osvaldo Papaleo, quien como secretario de comunicación de Isabel Perón y títere de López Rega y las Tres A, fue cómplice y partícipe no sólo de los crímenes de entonces, sino de la entrega del poder a la junta militar.
Ahora: resulta que en el escenario de ataque a Clarín y La Nación, estaban junto a la presidente estos dos sujetos, no como simples participantes en un acto, sino como canciller uno y como palanca de la operación el otro.

Manipulación de sentimientos populares
Que la denuncia de Cristina Fernández se deshiciera legalmente horas antes del aparatoso acto con el que pensaba reacomodarse frente a las elecciones del año próximo, indica la ineptitud del gobierno y también su desesperada búsqueda de golpes de efecto político combinados con buenos negocios.
Papel prensa se la vienen disputando grupos burgueses desde antes mismo de que comenzara a funcionar. Y el papel de Graiver allí está muy lejos de tener un contenido progresista. Es el caso ahora de exigir a la justicia que investigue y permita llegar a conclusiones rotundas. Hasta el momento, todo indicaría que la compra por parte de Clarín y La Nación fue un ejemplo más de operación entre sátrapas burgueses saqueándose entre sí el sudor de los trabajadores, plasmado en esa oportunidad en una fábrica de pasta de celulosa. Nada diferente de lo que pasaba con empresas como Mercedes Benz, Ford u otras automotrices que se disputaban el mercado local (y que absorbieron a prácticamente la totalidad de las demás fábricas).
Esto no necesariamente significa que el hecho mismo de comprar Papel Prensa a los sucesores de Graiver haya sido un acto ilícito desde el punto de vista del derecho burgués. El tema es que para que esa circunstancia se diera, los grandes diarios, como parte de la clase dominante y con el concurso, entre muchos otros, de Timerman y los más conspicuos dirigentes peronistas y radicales, emprendieron un golpe militar y civil contra los trabajadores, las juventudes y el conjunto del pueblo y la nación.
Entre otros resultados, años después y otra vez con gobiernos constitucionales, esas clases dominantes privatizaron, para sólo poner dos ejemplos, YPF y Entel.
¿Por qué este gobierno no ha dado un paso para reestatizar estas dos empresas claves y en cambio se las toma con Papel Prensa, un pase entre privados? Si se llegara a comprobar (la memoria no dice eso, pero vale esperar la investigación), que la Sra Papaleo vendió bajo tortura, desde luego la empresa deberá ser expropiada y sus actuales titulares enviados a prisión. Pero... ¿qué haremos con aquel gobernador de Santa Cruz y su diputada en el Congreso, que votaron la privatización de YPF?
El caso de Fibertel es aún más claro: si hay argumentos para justificar su disolución por la forma en que se operó la fusión con Cablevisión, entonces hay que destituir y enjuiciar a los funcionarios que la dejaron pasar desde 2003. En primer lugar Néstor Kirchner, que acompaño la fusión de Cablevisión con Multicanal en diciembre de 2007, en obvia operación de canje por el apoyo que Clarín le dio en aquel momento a la candidatura de Cristina Fernández.
Sea que este negocio de entre 40 y 50 millones de dólares anuales pretenda ser apropiado por parte de empresarios amigos del gobierno, sea que les sea entregado a las transnacionales imperialistas Telecom y Telefónica, es evidente que el gobierno usa el poder para favorecer a un sector burgués contra otro, sin el más mínimo interés por el control soberano de las telecomunicaciones y los intereses inmediatos de los usuarios.

Una política independiente
Defender las medidas oficiales, disfrazándolas con supuestos contenidos populares y antimonopólicos, es tan repugnante como salir en defensa de los empresarios en este caso afectados, apelando a eventuales derechos jurídicos que, según las leyes de la explotación y la entrega del país, asistirían a estos victimarios de siempre.
Los trabajadores, la juventud, el pueblo, tenemos todo para perder sumándonos a cualquiera de estas falsas opciones. Por el contrario, es hora de comprender hasta qué punto se manipulan los sentimientos genuinos de odio contra los monopolios, las dictaduras y la injusticia permanente practicada por los de arriba, cuando los de abajo no tienen su propia herramienta política para luchar por sus intereses.

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