La Unión de Asambleas ciudadanas se reunió en Esquel, provincia de Chubut, para tratar diversos temas junto con representantes de todo el país. Problemáticas como la megaminería y el saqueo de los recursos naturales fueron los ejes centrales de la reunión
Con mayoría de asambleas patagónicas, en la UAC de Esquel se fortaleció la organización a través de distintas comisiones como las de legales, prensa, formación, educación, etc. Las primeras discusiones se centraron en la horizontalidad de la UAC, la reafirmación asambleísta y la pluralidad política al margen de los partidos y agrupaciones de cualquier signo, todos inhabilitados para actuar en el seno de la organización, posición adoptada desde sus orígenes.
Se decidió la producción de cuadernillos que divulguen la razón de existencia de la UAC, debido fundamentalmente a la masiva incorporación de nuevos colectivos y asambleístas patagónicos que requerían mayor información. Se brindó también mayor espacio a los debates plenarios, que produjeron firmes intercambios y conclusiones rápidas. Divididos en seis grupos por razones prácticas, los asambleístas debatieron antes las necesidades de todas las regiones del país, Litoral, Noroeste, Cuyo, Centro y Patagonia y el avance de las corporaciones transnacionales. Se destacó el intento de los gobiernos, nacional y provinciales, de crear las llamadas “zonas de sacrificio”, sitios destinados al saqueo ilimitado, en principio lejos de la cordillera andina. La oposición patagónica a la destrucción de la meseta con proyectos como el de Navidad y el uranífero de Cerro Solo concitó la decisión de unir todos los esfuerzos para impedirlos. Asimismo se determinó que toda la región patagónica debe rechazar los proyectos de especulación inmobiliaria y los fastuosos emprendimientos que darán cuenta de la masa boscosa nativa y de su biodiversidad. Quedó claro que habrá que impedir que continúen los proyectos de la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) cuyo objetivo es facilitar el saqueo de los bienes comunes (recursos naturales) a cualquier costo. En este sentido, los patagónicos decidieron concentrar fuerzas en el Tratado Binacional Minero de Implementación Conjunta Argentino Chileno, en inmediaciones de la Comarca Andina y norte de Santa Cruz, réplica del que se desarrolla en la provincia de San Juan (Pascua-Lama) y unir en consecuencia el activismo de los foros de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.
Conclusiones y propuestas
La UAC de Esquel invitó a profundizar el activismo contra los agronegocios, la sojización de nuestros países, las mega-represas para el saqueo, como así también exigir la realización de investigaciones sanitarias debido a los impactos ambientales ya generados y continuar con énfasis mediante las movilizaciones “Paren de Fumigar”. se rechazó la mediatización circense de la cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático, a la vez que no hubo consenso para adherir al encuentro de Cochabamba, Bolivia, en el Día de la Tierra. El apoyo al pueblo de Andalgalá acaparó gran parte de las deliberaciones, y hubo innumerables propuestas de acciones consensuadas que se difundirán oportunamente. Quedó claro también que el disfraz minero de eludir las leyes conseguidas en las distintas provincias que prohíben la megamineria hidroquinona metalífera a cielo abierto, mediante métodos igualmente contaminantes como el de flotación, serán combativo por todas las comunidades afectadas.
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jueves, 15 de abril de 2010
Esquel: Reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas
Resistencia campesina en Santiago del Estero: Mujer muere frente a las topadoras mientras intentaba frenarlas
Desde Santiago del Estero, Pedro Herrera
Armados con la convicción de la conciencia, el 13 de marzo mujeres y niños luchaban para detener las topadoras que arrasaban árboles milenarios en la comunidad de San Nicolás, Departamento La Banda, a unos 10 Km. del poblado de Huyamampa. En ese enfrentamiento murió Sandra Juarez intentando defender su tierra.
La lucha desigual entre una maquina de alto tonelaje, manejada por la impunidad que le otorga el sistema judicial y político de la provincia, cobró la vida de la joven madre, Sandra Elizabeth Juárez, de 33 Años. Eli Juárez dejó 2 hijos de 13 y 6 años respectivamente, niños que fueron testigos presenciales de los hechos ocurridos aquel fatídico día en que perdieron a su madre que luchaba por la justicia y la defensa de la tierra. La compañía agrícola responsable del crimen es Namuncurá SA que desde el año 2008 viene amenazando a las familias del lugar, incluso pasando por encima de una medida judicial que, aunque injusta para los campesinos, impedía realizar cualquier movimiento en la comunidad. Igualmente, la contratista Caruso, dueña de las maquinarias, operaba con seguridad en el lote, ya que los tribunales, días antes, habían fallado en contra de la comunidad, ordenando el desalojo de más de 20 familias.
Los pasos del accionar criminal
El 18 de Febrero de 2010 y anticipándose al fallo del tribunal, Namuncurá S.A contrató las maquinarias para desarrollar trabajos de desmonte junto a un equipo de infantería de la fuerza policial para garantizar las labores. Desde aquel momento, las familias del lugar incluyendo a Eli Juárez se organizaron para resistir la agresión de una policía que los intimidaba con las mismas armas que el estado les suministra para desarrollar “servicios de seguridad a la población”. El sábado 6 de marzo 4 familias recibieron la notificación de desalojo dictada por el Juez Mario Medina del juzgado de la Banda, argumentando que tomaba como base la medida cautelar dictada por él mismo en el año 2008, que para las organizaciones campesinas que integran la Mesa Provincial de Tierra “no es otra cosa que una aplicación encubierta del derogado art. 182 bis, del código de procedimiento criminal y correccional”. Con órdenes judiciales en contra, los campesinos fueron acorralados por más de 30 efectivos policiales que arribaron en 3 móviles, ejercieron toda su fuerza contra ciudadanos desarmados que intentaban frenar el accionar de las topadoras. Las familias se replegaron y huyeron por distintos caminos para volver a organizarse debido a que la carpa que los cobijaba fue destruida por el paso de las maquinarias, en ese momento a cargo de Hugo Benson, empleado de la compañía Namuncurá S.A. Todo ello ocurrió los días 10, 11 y 12 mientras los campesinos realizaban diligencias ante tribunales, pensando que aún podían creer en una aplicación de justicia verdadera por parte de los organismos. En eso estaban, cuando una nueva arremetida de maquinarias apagó los ojos de la joven Sandra Elizabeth Juárez el día 13 de Marzo de 2010 caída en la tierra donde creció porque creyó que había que defenderla, incluso con la vida.
Declaración del pueblo originario Mapuche–Tehuelche: Cinco siglos igual
La primera junta argentina el día 28 de mayo de 1810 hace conocer al pueblo las primeras medidas de gobierno, y una de ellas es que deberá atender las necesidades de la población indígena. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Estado argentino ha desconocido a sus verdaderos patriotas fundadores de la nación y ha aceptado como válida una Constitución Nacional hecha por la oligarquía terrateniente. Esta Constitución ha posibilitado una dependencia permanente de los gobiernos extranjeros, la entrega del país, la matanza de hermanos, la disociación del pueblo, el empobrecimiento, la pérdida de la soberanía, la destrucción de nuestro recursos naturales y la concentración económica en pocas manos.
Estos grupos económicos oligárquicos siempre manejaron nuestro país, utilizando su poder de presión o por la fuerza aliándose con sectores militares golpistas. Esto ha hecho que en nuestro país no se haya podido implementar una política integracionista basada en nuestra composición étnica y pluricultural. Es por esto que los Pueblos Originarios siguen esperando que se cumplan los mandatos de la primera junta de gobierno patrio. Desde 1994 tenemos el reconocimiento constitucional de preexistencia como pueblo, pero todavía el gobierno nacional no ha creado un ministerio de asuntos indígenas y ya al comienzo del tercer milenio seguimos esperando que la clase dirigente argentina despierte y se den cuenta que durante cientos de años han sido idiotas útiles de este sistema liberal capitalista ya acabado, pues sólo ha servido para alimentar guerras, hambrear pueblos y destruir el medio ambiente.
Los Pueblos Originarios proponemos un nuevo país plurinacional y pluricultural, una nueva democracia real y participativa que sea capaz de crear un proyecto de desarrollo nacional estratégico basado en la ciencia y en la tecnología y la conservación de medio ambiente.
9 de abril de 2010
Pueblo originario Mapuche – Tehuelche del Chubut
Jorge Pilquimán - Pulki manke (cóndor guía)
A 5 años de la desaparición de Florencia Pennacchi: Cambios necesarios en la ley de Trata
El martes 16 de marzo se cumplieron 5 años de la desaparición Florencia Penacchi, una joven neuquina de 24 años estudiante de Ciencias Económicas. Las pistas de la investigación apuntan a que Florencia estaría secuestrada en una red de trata de personas para la prostitución. Son necesarios cambios fundamentales en la ley para que esta sea efectiva.
Los integrantes de la Campaña Abolicionista "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución" ha entregado en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación notas pidiendo la reforma de la Ley contra la Trata, ejerciendo nuestro derecho reglado en el art. 14 de la Constitución Nacional . El 30 de abril de 2008 fue publicada en el boletín Oficial la ley 26364, de “Prevención y sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” que, a nuestro juicio, no se ajusta a los principios abolicionistas y a las convenciones internacionales de derechos humanos que más adelante citamos. De esa manera, no se alcanza una eficaz persecución del delito ni una adecuada protección de las víctimas. En efecto, esta ley distingue dos formas de trata:
1) Una Trata legal o legítima, que tiene lugar cuando se refiere a personas mayores de 18 años, respecto a las cuales no se probare que hubo un vicio del consentimiento, ya que las definiciones que se emplean sostienen que el delito se tipifica en estos casos sólo si estos vicios existen. O, como dice esta ley, si el delincuente actuó mediante “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad , concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”. Si ésto no se puede probar, por más que se demuestre que el tratante ha realizado las acciones que define el tipo penal y cumplido sus fines (la explotación de personas) resulta inocente. 2) Una Trata ilegal: dado que solamente se puede penalizar a los delincuentes en los casos de menores de 18 años o, tratándose de mayores de esta edad, si el Estado o la víctima pueden probar que su consentimiento fue viciado por alguno de los medios que la ley establece. Estamos convencidas que la reforma que solicitamos de esta ley contribuiría a una más eficaz persecución de este delito y a una más adecuada protección de los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta un principio fundamental de derechos humanos: “nadie puede consentir su propia explotación”. Especialmente solicitamos la reforma en los siguientes artículos y conforme a los siguientes puntos: Reforma de los artículos 2, 3, 10 y 11, suprimiendo las partes de los mismos que exigen el no consentimiento de la víctima para configurar el delito, expresamente el siguiente párrafo, que se repite en los arts. 2, 3 y 10 (art. 145 bis del Código Penal): “cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad , concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”. Establecer estos medios comisitos como agravantes y no constitutivos del delito Aumento de las penas, estableciendo penas no excarcelables en todos los casos. Definir por ley un programa de protección y asistencia a las víctimas, cuyo financiamiento deba ser definido mediante partidas previstas en el presupuesto nacional. Consideramos que, de no realizarse estas reformas, están seriamente comprometida la vigencia de los derechos humanos.
Para más información ingresar a:
www.campanianiunavictimamas.blogspot.com
Proyecto de ley de legalización y despenalización del Aborto
El 16 de marzo de 2010 las organizaciones que conforman la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro y Gratuito volvieron a presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que había perdido estado parlamentario por falta de debate.
Con el apoyo de 33 legisladoras y legisladores, que conformaron una extensa alianza interbloque, fue presentado en el Parlamento el proyecto de ley de legalización del aborto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En 2005 inicialmente fue presentado por la ex diputada del Partido Socialista Silvia Ausburguer, reactivado por la Campaña dos años después, firmado en 2008 por 22 diputadas/os y luego olvidado. El 16 de marzo reingresa al parlamento el proyecto hoy llamado “Dora” en memoria de la abogada Dora Coledesky, miembro fundadora de la Comisión por el Derecho al Abortoe integrante de la Campaña, fallecida recientemente. El eje del mismo consagra que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional, y fuera de este plazo en los casos de violación, riesgo la salud y la vida de la mujer o en malformaciones fetales graves.
Asimismo hace hincapié en que “los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito al aborto, al igual que los sistemas de la seguridad social de salud y de los sistemas privados incorporándola a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones. La despenalización del aborto en el proyecto presentado involucra tanto a las mujeres que deciden realizarlo como a los profesionales que bajo voluntad de la mujer realizan esta práctica. En cuanto a la objeción de conciencia puntualiza en su articulado que aquellos médicos/as y demás personal de salud que manifiesten objeción de conciencia deberán hacerlo saber a las autoridades competentes dentro del plazo de treinta días corridos contados a partir de la promulgación de dicha ley y en todos los casos la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar su realización sin autorización previa. Cabe resaltar que el citado proyecto plantea la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres que recurran a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente.
Fundamentos
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito se inicia el 28 de Mayo de 2005 y es en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mendoza en 2004, donde más de 20.000 mujeres reunidas deciden su compromiso en articular esfuerzos hacia ese gran objetivo. Actualmente está integrada por una amplia alianza a nivel nacional, que incluye más de 200 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, organismos de derechos humanos, ámbito académico y científico, trabajadores de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre otros. La Campaña como articulación asume un compromiso con la integralidad de los derechos humanos, y defiende el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ellas, la de todos los seres humanos. En torno a la consigna histórica “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” legitima los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y como tales deben ser reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Esto implica la exigencia al Estado de realizar modificaciones en los sistemas de Educación, Salud y Justicia. Garantizar servicios de aborto legal, seguro y gratuito, se fundamenta en una razón de salud pública. Obtener la legalización del Aborto supone un salto cualitativo clave en la situación de nuestros derechos. En la comprensión de que el aborto seguro, legal y gratuito es un derecho esencial para la salud integral y la autonomía de las mujeres y la vía mas eficaz para evitar la pérdida de vidas y secuelas que resultan de la práctica del aborto ilegal, inseguro e irreglamentado que se lleva a cabo hoy en la Argentina, desde El Espejo reafirmamos esta lucha como parte indisoluble de un programa emancipatorio para Nuestra América.
Susana Pérez Miquel
Fuente: Rima
Entre Rios: Atentado en Concepción del Uruguay
En la madrugada del 8 de abril hubo un atentado terrorista contra
el estudio de la abogada María Isabel Caccioppoli. Esto ocurre días antes de que se inicie un juicio oral por casos de represión ilegal en Entre Ríos, el cual tendrá lugar en la capital provincial, Paraná. Cacciopoli lleva adelante desde el año 2004 la representación de los familiares de desaparecidos y ex detenidos políticos en las causas que investigan las violaciones a los derechos humanos. Este atentado, en momentos en que la causa sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura está por elevarse a juicio oral, tiene el claro propósito de intimidar y desalentar a quienes defienden la vigencia de banderas irrenunciables como Memoria, Verdad y Justicia. Desde organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos se multiplican las exigencias para que las autoridades nacionales y provinciales esclarezcan el hecho y brinden protección a abogados, testigos y querellantes.
Las cosas por su nombre
En el auditorio de la Biblioteca Nacional se realizó la presentación del libro de Inés Izaguirre y colaboradores “Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina”. 1973-1983. Antecedentes. Desarrollos. Complicidades. Contó con la presencia de varios panelistas que dieron su impresión sobre los contenidos del libro.
La socióloga Inés Izaguirre, autora principal del libro, explicó que la teoría dominante del texto es que “a partir de 1955 con el derrocamiento del primer peronismo y la guerra militar que lo produce, dirigida no solamente contra la fuerza cívico militar peronista sino contra la gran masa unida que lo apoya, la lucha de clases en Argentina se desenvuelve en condiciones de guerra civil, esa es la hipótesis central del libro.” La obra se divide en cuatro partes bien definidas. La primera es conceptual, trata sobre la mencionada “lucha de clases” y el genocidio. No es menor esta última denominación a un proceso que muchas veces no se lo llama por su verdadero nombre. La autora explicó: “desarrollo la teoría de la lucha de clases a partir de sus principales teóricos y sus principales momentos históricos. Hago también una historia de las prácticas genocidas en Argentina a lo largo del siglo XX y sus derivaciones, particularmente desde las primeras revoluciones proletarias en Europa”. La segunda parte relata la formación y desarrollo de la fuerza social de carácter revolucionario que fue derrotada y el posterior genocidio con consecuencias sociales que aún se siguen desplegando. Recordó que después del primer Rozariazo y el primer Cordobazo se produjeron 17 levantamientos insurgentes y puebladas en distintos puntos del país. “La formación y desarrollo de esa fuerza se da en un contexto internacional de guerra fría que es la que ubica el eje ideológico sobre el que irán articulándose los conflictos en el mundo de postguerra. La lucha del orden social capitalista contra el desorden marxista comunista socialista” La tercera parte se refiere específicamente a las luchas obreras de aquel tiempo. La cuarta traza el mapa territorial del genocidio y los números concretos de desaparecidos y muertos. Izaguirre afirma que “no es fácil hablar de estadísticas y números cuando sabemos que estamos hablando de vidas, pero estos datos son los más relevantes de la investigación” El panelista Pablo Bonavena destacó que el libro despliega “una enorme cantidad de problemas y matices desde una enorme calidad empírica”.
