Empresas forestales avanzan sobre tierras fiscales, las cuales por ley están reservadas para el sector que representan. “Son capitales nacionales y extranjeros que utilizan testaferros para convencer a las personas de que se vayan o directamente las hecha”, dice Juan Orball. “Las familias expulsadas de sus tierras hoy engrosan las villas miserias de las ciudades”, agrega Adrián Obregón. Ambos están a la vanguardia de la denuncia de los pequeños productores.
En el marco del Encuentro de Campesinos del Nea, realizado en Corrientes los días 30 de abril y 1º de mayo, los dirigentes consultados se reunieron con sus pares de Formosa, Chaco y Misiones para debatir sobre problemas comunes: tierra, agua, medio ambiente, monocultivo y soberanía alimentaria. Adrián Obregón es dirigente de la Asociación de Pequeños Productores de Tres Colonias de San Miguel. Consultado sobre la situación que pasa el sector en esa parte del interior de Corrientes, indicó que “la lucha principal es la defensa de la tierra ante el desalojo de familias de pequeños productores por parte de empresas de forestaleros que se dedican a plantar eucaliptos y pinos”. Indica además que se tratan de tierras fiscales, las cuales están destinadas a su sector, por tanto dicha ocupación y forestación “son ilegales”. Como consecuencia Obregón señala que “las familias expulsadas hoy engrosan las villas miserias de las ciudades, pero también ocupan las tierras que están a las orillas de los esteros que la municipalidad les da”. “Hay colonias como Colonia Santa que están completamente forestadas, aquí por ejemplo conviven como máximo diez familias, siendo que antes era una de las más grandes”. Las Colonias existentes en Corrientes fueron creadas por etapas, cuyo inicio se dio a fines del siglo XIX y principios del XX. A lo largo de los años los habitantes y familias que se radicaron en las mismas fueron obteniendo la titularidad de los lotes, motivo por el cual en la actualidad el proceso de adjudicación de tierras fiscales tiene como principal objetivo regularizar la situación de los ocupantes que por algún motivo -falta de documentación, discontinuidad en los trámites o en los pagos-, no concretaron la tenencia definitiva.
Expulsión
Estas adjudicaciones reservadas para el sector están reguladas por la ley provincial 3228 de Colonización, la cual brega por la creación de colonias de productores agropecuarios así como asistencia financiera y comercial para éstas, con el objeto de mejorar el nivel técnico de las explotaciones. El órgano de aplicación designado es el Instituto de Colonización, cuyo accionar está regulado por los directivos del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA). En este marco Obregón apunta que ante esta situación “el ICAA no dio respuesta, tiene que inspeccionar y aún no lo hizo”. La situación va a contramano a lo pregonado por el Instituto del agua en su página de Internet: “se prioriza la adjudicación de los antiguos habitantes y los pequeños productores que desarrollan emprendimientos agrícolas o ganaderos”. Además señala que la “Municipalidad tampoco hace nada o mejor dicho hace oídos sordos y la policía trabaja con las forestales; yo mismo sufrí un intento de desalojo por parte de un Juez de paz, el cual es cuñado del intendente”. Afortunadamente “no pudieron porque conocía mis derechos, sabía que ese magistrado no tenía esa facultad, pero de todas formas se puede notar una vinculación entre estos poderes”. Por su parte, Juan Orball, afirma que “estas empresas, que son de capitales nacionales y extranjeros utilizan testaferros para convencer a la gente que se vaya o directamente los echa. Es muy grave como ganan tierras con total libertad e impunidad sin que haya intervención del Estado”.
Desde Corrientes, Mariano Mauriño
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