Corrupción: como en la política cuando llega un año electoral, el fútbol tiene su momento de mayor atención tanto en lo deportivo como en lo económico a nivel mundial cada cuatro años. Hoy, los “pesados” de la tribuna gozan de la connivencia entre la política y los “trapos”.
En la actualidad se pueden advertir en distintas canchas banderas con la frase “Hinchadas Unidas Argentinas” cuyo proyecto pertenecería al dirigente kirchnerista Marcelo Horacio Mallo, el cual nuclea a un grupo elite de barrabravas en un pacto de no violencia entre ellas. Este pacto de no violencia tiene un solo motivo: el viaje al mundial de Sudáfrica. Según trascendió viajarían 250 barras y el costo demandaría más de un millón de dólares, dinero que saldrá del propio bolsillo de “Hinchadas Unidas Argentinas”, según aseguran sus protagonistas. Pero hasta entonces en las tribunas les basta con exhibir un trapo con una V y una K marcando el “Kirchner Vuelve” para gozar del beneficio de viajar al mundial en junio. En estos tiempos el fútbol y la política van de la mano, a tal punto que 10 efectivos de la Policía Federal viajarán a Sudáfrica para cumplir la función de custodia, algo que generó mucha indignación en tiempos de inseguridad permanente. ¿Esa cantidad de efectivos es suficiente para controlar a este grupo en otro país? ¿Por qué no se los controla acá? Según un informe de la ONG "Salvemos al Fútbol", la cantidad de víctimas fatales por violencia en el fútbol asciende a 249 y lista se sigue engrosando. El primer caso fue el de Pedro Demby de 26 años quien falleciera el 2 de noviembre de 1924 en la final del campeonato sudamericano entre Uruguay y Argentina, en tanto que el último caso registrado en nuestro país fue Roberto Caminos, el 19 de marzo de este año, tras el enfrentamiento entre barras de Newells y Rosario Central. Nuestro país, futbolero de exportación, no sólo se caracteriza por los jóvenes valores por los cuales se pagan considerables sumas de dinero, sino también por algo que llamamos “folklore” dentro del fútbol, cuyos animadores principales son los hinchas. Pero cuando de plata se trata, ahí es donde aparecen situaciones muy violentas que nos hacen pensar si el “folklore” no es otra cosa que el disfraz de la lacra social y violenta cuyos negociados terminan en muchos casos con la muerte de alguien.
Desde Salta, Nelson Ruiz
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viernes, 21 de mayo de 2010
Mundial de fútbol: Pacto con el “poder tribunero”
Seminario sobre el aborto en Argentina: Equipos de Salud debaten sobre el uso de misoprostol
“El aborto en los países donde se encuentra penalizado, significa el enriquecimiento de unos pocos y la muerte de muchas mujeres”.
La frase encabezaba la invitación al encuentro realizado el 21 de abril y convocado por la Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipos de Salud (Agmeges), Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina (UBA), Feministas y lesbianas por la descriminalización del aborto y Médicos del Mundo, con el auspicio de un conjunto de organizaciones y movimientos (CTA, Federación Argentina de Medicina General, El Ágora, Corriente Nacional de Salud Salvador Mazza, Cicop, entre otras). Prevista inicialmente como sede el Salón del Consejo de la Facultad de Medicina, dificultades diversas obligaron a funcionar en otro espacio, el Centro Cultural de la Cooperación. La cantidad de inscripciones sobrepasó toda expectativa y reveló la necesidad de hacer visible un tema acuciante y que es responsabilidad de la Salud Pública. Los datos conocidos son elocuentes: se estima entre 460 y 600 mil interrupciones voluntarias el embarazo (Pantelides Edith, Conicet y Cenep y Mario Silvia, Instituto Gino Germani), una realidad donde la clandestinidad no impide la realización del aborto, sino que aumenta sus riesgos. El uso del misoprostol no sólo reduce la mortalidad sino también los riesgos para la salud. El objetivo del Seminario ha sido “contribuir a garantizar los derechos humanos de las mujeres frente al sistema de salud; es decir, que las mujeres encuentren en el sistema de salud un equipo que pueda asesorarlas antes y después de la interrupción voluntaria del embarazo, sin juzgarlas ni denunciarlas, para acompañar e intervenir en todo el proceso, evitando así que sufran lesiones o pierdan la vida en el intento. El desafío es compartir este conocimiento y despejar las dudas y mitos que rodean el aborto con misoprostol”. También brindar información y elementos legales a equipos y estudiantes de Medicina y otras disciplinas enmarcadas en la labor sanitaria y conocer la experiencia de otros países, como Uruguay a través de profesionales especializados. Quedó conformada una red contra el aborto inseguro y distintos mecanismos de intercambio.
Córdoba: Movilización unitaria de trabajadores
Derechos: bajo la consigna “No a la judicialización de la lucha de los trabajadores” el 21 de abril unos 8 mil compañeros y compañeras dieron prueba práctica de unidad de los trabajadores
Fue una de las movilizaciones del movimiento obrero local más importante de los últimos tiempos, no sólo por la cantidad de trabajadores, más de 8 mil, sino también por la cantidad de organizaciones gremiales (estatales y privadas), incluyendo las 2 CGT (Moyanista y Delasotista) y la CTA, además de numerosas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Luchando y en la calle se produjo la tan mentada unidad de los trabajadores. Y este hecho no es menor si consideramos el tema de la convocatoria: los abogados de los gremios Luz y Fuerza y Suoem (Municipales de CBA), presentaban en Tribunales la apelación oral ante la Cámara de Acusación contra la decisión del Juez Gustavo Reinaudi de elevar la causa a juicio, rechazando la figura de “Intimidación Pública”, en la que están acusados los 18 compañeros (17 de Luz y Fuerza y 1 del Suoem), por el fiscal Enrique Gavier. De ninguna prueba presentada surge que los compañeros procesados se organizaron para infundir temor a determinado sector de la sociedad; además las acusaciones están formuladas en forma genérica, no especifica quién es responsable de los daños o delitos -si los hubiera- producidos durante la movilización, por lo que no tienen sustento dichas acusaciones. La Cámara de Acusación deberá definir si eleva la causa a juicio, pero no tiene plazo para ello.
Causas del conflicto
Aquella movilización se produjo el 20 de Agosto de 2008, en el marco de la lucha que los trabajadores estatales llevaban adelante en contra de una Reforma Previsional impulsada por el gobierno provincial, que argumenta que el déficit de la Caja es producto del nivel, supuestamente elevado, de los haberes que paga dicha Caja; obviamente que esto no es cierto, el déficit se asienta en el desfinanciamiento provocado por los últimos gobiernos provinciales, o sea por decisiones políticas de carácter neoliberales, privatistas y de achicamiento del Estado. Por ejemplo: retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas que se produjeron durante los últimos 5 años, lo que generó que 25.000 trabajadores estatales dejaron de ser aportantes para jubilarse por la Caja de la Provincia, el gobierno provincial dejó de financiar con recursos de rentas generales el régimen policial, las jubilaciones mínimas y las jubilaciones de privilegio otorgadas a funcionarios políticos, legisladores y jueces del Tribunal Superior y cargó los costos a los recursos propios del sistema jubilatorio provincial. Esta reforma previsional no sólo afecta a los actuales jubilados sino también al futuro de los trabajadores en actividad, lo que generó una enorme voluntad de lucha por la defensa de derechos que no son privilegios como pretende hacer ver el gobierno provincial, sino conquistas sociales consagrados por la Constitución Nacional. A esta lucha legítima el gobierno respondió primero con represión y luego deteniendo a trabajadores que honesta y legítimamente luchan por defender derechos. De allí la importancia de la respuesta contundente que el Movimiento Obrero organizado le dio al gobierno provincial y a la justicia por intentar judicializar la protesta, la lucha. Una vez más el pensamiento y la acción de Agustín Tosco estuvo presente en las calles de Córdoba: “Más allá de las diferencias que nos separan nos une la lucha por defender los derechos de los Trabajadores y el Pueblo”
Desde Córdoba, Gustavo Faletti
Rosario: Cadena perpetua para cuatro represores
Un día para la justicia y la construcción de la memoria: el pasado 15 de abril fueron sentenciados a cadena perpetua en cárcel común los represores Omar Pascual Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Walter Salvador Dionisio Pagano y Eduardo Rodolfo Costanzo, por los delitos de secuestro y torturas cometidos contra 29 personas, y los homicidios de 17 de ellos, cuyos cuerpos hasta hoy continúan desaparecidos.
El 31 de agosto del 2009 en Rosario había comenzado un proceso histórico, el de los juicios oral y públicos contra represores del Terrorismo de Estado que actuaron en el área metropolitana Rosario. El Tribunal Oral Federal Nº 1, a cargo de los Jueces Omar Paulucci, Beatriz Baravani y Carlos Leiva, tuvieron a su cargo el desarrollo de la llamada causa Guerrieri y otros, en las que se encontraban unificadas las causas “Quinta de Funes” y “Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu”, lugares donde funcionaron sendos centros clandestinos de represión. Decimos que ese acto de justicia es el comienzo de un proceso histórico para nuestra región ya que el 21 de Julio le seguirá el juicio de la gran causa Feced, el comandante de gendarmería que se desempeñó como jefe del segundo departamento de la policía provincial. Él solía hacerse presente y participar de sesiones de torturas en la esquina de Borrego y San Lorenzo donde ahora funciona el Centro Popular de la Memoria. Pero, para que no nos olvidemos que estos juicios son frutos de la lucha por años del Movimiento de los Derechos Humanos, la Cámara de Casación Penal dejó en libertad el viernes 30 de abril a los represores Rubén Lo Fiego, Mario Marcote y Ramón Vergara hasta su juicio en la causa Feced.
Memoria encendida
La importancia humana-social-política de este acontecimiento jurídico está en que brinda un relato con pruebas para una memoria viva del terrorismo de Estado y de la lucha de los/as militantes para la transformación económica social. Hace justicia sobre crímenes planificados con que los genocidas dañaron/ destruyeron individuos, familias, organizaciones comprometidas con la vida y afectaron-deterioraron a la sociedad sembrando miedo, muerte y desconfianza. Y a nuestro entender ayuda a comprender mejor que esa eliminación de una generación de militantes populares fue para implantar el modelo neoliberal de la mano del ministro de Economía Martínez de Hoz, cuyas consecuencias aún vivimos. Así al reparar la imagen de los/as luchadores por la justicia social y la igualdad nos da pie para seguir construyendo una economía-una sociedad-una cultura realmente democrática. La lucha por la verdad, la memoria y la justicia, llevada a cabo por los organismos de derechos humanos, deja en claro que en los los años 1970 fueron producto de largas luchas populares en Latinoamérica. La resistencia peronista, la revolución cubana, el combatiente Che Guevara, el Mayo del ´68, el cordobazo y los rosariazos, el sindicalismo combativo, la visión de la dependencia y la liberación, si bien con diferencias metodológicas procedieron con una clara visión antimperialista y revolucionaria. Sabían que la riqueza y el privilegio de las clases dominantes se originan en la explotación de la clase trabajadora y que sólo el cambio del sistema capitalista podía garantizar la vigencia plena de la libertad y de la justicia. Su objetivo fundamental era cambiar la injusta estructura de dominación y de explotación, siendo muchos los que se jugaron la vida enfrentando una oposición violenta por parte de los grupos hegemónicos que no estaban dispuestos a renunciar a sus privilegios. Necesitamos reparar el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares, de los afectados y destruidos a raíz de la fragmentación social, ocasionada por el perverso modelo represor neoliberal. Por ello repetimos una vez más desde Rosario: los juzga un tribunal y los condenamos todos. El fin de la impunidad y la memoria son necesarias para construir un proyecto de futuro para nuestro país.
Desde Rosario, Oscar Lupori, coordinador del MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos)
Corrientes: Pequeños productores denuncian usurpación de tierras
Empresas forestales avanzan sobre tierras fiscales, las cuales por ley están reservadas para el sector que representan. “Son capitales nacionales y extranjeros que utilizan testaferros para convencer a las personas de que se vayan o directamente las hecha”, dice Juan Orball. “Las familias expulsadas de sus tierras hoy engrosan las villas miserias de las ciudades”, agrega Adrián Obregón. Ambos están a la vanguardia de la denuncia de los pequeños productores.
En el marco del Encuentro de Campesinos del Nea, realizado en Corrientes los días 30 de abril y 1º de mayo, los dirigentes consultados se reunieron con sus pares de Formosa, Chaco y Misiones para debatir sobre problemas comunes: tierra, agua, medio ambiente, monocultivo y soberanía alimentaria. Adrián Obregón es dirigente de la Asociación de Pequeños Productores de Tres Colonias de San Miguel. Consultado sobre la situación que pasa el sector en esa parte del interior de Corrientes, indicó que “la lucha principal es la defensa de la tierra ante el desalojo de familias de pequeños productores por parte de empresas de forestaleros que se dedican a plantar eucaliptos y pinos”. Indica además que se tratan de tierras fiscales, las cuales están destinadas a su sector, por tanto dicha ocupación y forestación “son ilegales”. Como consecuencia Obregón señala que “las familias expulsadas hoy engrosan las villas miserias de las ciudades, pero también ocupan las tierras que están a las orillas de los esteros que la municipalidad les da”. “Hay colonias como Colonia Santa que están completamente forestadas, aquí por ejemplo conviven como máximo diez familias, siendo que antes era una de las más grandes”. Las Colonias existentes en Corrientes fueron creadas por etapas, cuyo inicio se dio a fines del siglo XIX y principios del XX. A lo largo de los años los habitantes y familias que se radicaron en las mismas fueron obteniendo la titularidad de los lotes, motivo por el cual en la actualidad el proceso de adjudicación de tierras fiscales tiene como principal objetivo regularizar la situación de los ocupantes que por algún motivo -falta de documentación, discontinuidad en los trámites o en los pagos-, no concretaron la tenencia definitiva.
Expulsión
Estas adjudicaciones reservadas para el sector están reguladas por la ley provincial 3228 de Colonización, la cual brega por la creación de colonias de productores agropecuarios así como asistencia financiera y comercial para éstas, con el objeto de mejorar el nivel técnico de las explotaciones. El órgano de aplicación designado es el Instituto de Colonización, cuyo accionar está regulado por los directivos del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA). En este marco Obregón apunta que ante esta situación “el ICAA no dio respuesta, tiene que inspeccionar y aún no lo hizo”. La situación va a contramano a lo pregonado por el Instituto del agua en su página de Internet: “se prioriza la adjudicación de los antiguos habitantes y los pequeños productores que desarrollan emprendimientos agrícolas o ganaderos”. Además señala que la “Municipalidad tampoco hace nada o mejor dicho hace oídos sordos y la policía trabaja con las forestales; yo mismo sufrí un intento de desalojo por parte de un Juez de paz, el cual es cuñado del intendente”. Afortunadamente “no pudieron porque conocía mis derechos, sabía que ese magistrado no tenía esa facultad, pero de todas formas se puede notar una vinculación entre estos poderes”. Por su parte, Juan Orball, afirma que “estas empresas, que son de capitales nacionales y extranjeros utilizan testaferros para convencer a la gente que se vaya o directamente los echa. Es muy grave como ganan tierras con total libertad e impunidad sin que haya intervención del Estado”.
Desde Corrientes, Mariano Mauriño
Puerto Deseado, Santa Cruz: Contra el saqueo y la contaminación minera
Un nutrido grupo de vecinos convocado mediante la red social Facebook se congregó el sábado en el Club Leones de esta ciudad para tratar de elaborar un plan tendiente a concientizar a la población sobre los daños que, aseguran, provoca la explotación minera.
“Este es un encuentro con personas que están al igual que yo preocupadas con lo que le puede deparar a la ciudad la explotación minera, lo que pasa es que las multinacionales que vienen a llevarse el metal dicen una cosa, seducen a la gente con puestos de trabajo, dicen que la minería genera empleo que es muy buena para el comercio pero no cuentan la otra cara, las cosas negativas que ya vimos, hay estudios que revelan que estas mineras gastan un millón de litros de agua por día”, señaló la vecina Valentina Naves, quien lanzó la convocatoria a través de la red social. Por su parte Néstor Leme, otro vecino, quien tuvo una activa participación durante el foro ambientalista realizado en el 2009, sostuvo que otra arma a la que apelan las mineras es a la contratación de puestos de trabajo del lugar, “Juegan con la necesidad de las personas, hablan de puestos de trabajo pero todos sabemos que la mayoría de estas empresas contratan solo un 5% de mano de obra local mientras que el resto es gente de países limítrofes, chilenos, peruanos, bolivianos. Son contrataciones que lo hacen por conveniencia para que en caso de accidente nadie pueda reclamar”, indicó. Durante la reunión, Lenne hizo además hincapié en el escaso beneficio en materia de regalías que le dejan las mineras a la provincia, “son leyes blandas que por 30 años no se pueden modificar y le dejan el 2 por ciento de regalías a la provincia, evidentemente se hicieron para beneficiar a las empresas”, recalcó. Otra preocupación en torno al proyecto minero Cerro Moro ubicado a 90 km de esta ciudad, que aún se encuentra en la etapa de elaboración del Plan de Impacto Ambiental, es el cianuro que se utilizará y lo que esto pueda provocar en la salud de la población. El docente Gustavo Sampayo se refirió también a la cantidad de agua que demandará la explotación. En este último punto mayoría de los vecinos reunidos resaltaron los serios problemas de falta de agua que aqueja a la comunidad dejando establecido que tenían conocimiento de que el consumo diario de agua de la mina Cerro Vanguardia ocupada era equivalente al consumo de 3 días de la ciudad de Río Gallegos.
Glaciares: gran negocio capitalista
En el mes de noviembre de 2008, el Poder Ejecutivo Nacional vetó la Ley 26.418 de Protección de Glaciares, que el Congreso de la Nación sancionó por amplia mayoría en octubre del mismo año.
La Ley vetada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner reconoce la autoría original en la diputada(M.C)Marta Maffei y, básicamente, establecía un criterio de protección de los glaciares y los denominados ambientes periglaciares (áreas aledañas o próximas a los glaciares), dentro de los cuales quedaba expresamente prohibida toda actividad que afectara su condición natural, como ser la exploración y explotación minera o petrolífera. De manera sorpresiva, a mediados del año 2009, el senador oficialista Daniel Filmus presentó en la Cámara Alta un proyecto propio de protección de glaciares, que logró la media sanción y el giro a la Cámara de Diputados, como órgano revisor. El llamado Proyecto Filmus, si bien brindaba una protección similar a la ley vetada al área glaciar, dejaba expresamente abierta la posibilidad de realizar actividades industriales y de minería en la zona denominada periglaciar. En los últimos 20 años, Argentina pasó de tener 4 a 60 emprendimientos de mega minería en actividad. Los marcos legales (Código de Minería, leyes impositivas y fiscales que regulan la actividad) fueron adaptados durante la década menemista para permitir el desarrollo del negocio. El proyecto Maffei ya comentado fue tomado por el diputado Miguel Bonasso (quien preside la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente Humano) y reingresado para su tratamiento en la Cámara Baja. Así las cosas, el pasado martes 11 de Mayo, en reunión conjunta de las Comisiones de Recursos Naturales y de Minería, ambos proyectos fueron debatidos por los diputados, logrando dictamen de mayoría el de Bonasso por 23 votos a favor, frente a los 16 obtenidos por el proyecto Filmus. La empresa Barrick Gold (capitales canadienses y estadounidenses) tiene dos proyectos millonarios en actividad para la extracción de oro de la Cordillera de Los Andes. Se trata de las excavaciones de Pascua Lama, compartida por San Juan y la República de Chile, y en Famatina, La Rioja. De encontrarse vigente el Proyecto Maffei- Bonasso ambos proyectos violarían la ley, por desarrollarse en un sector expresamente protegido: el ambiente periglaciar. Con el proyecto del senador Filmus, en cambio, podrían desarrollarse sin limitación alguna. En cuestiones como la aquí analizada se cae el velo de un gobierno que, bajo el disfraz de defensor de los intereses nacionales y populares, se dedica a impulsar negocios a gran escala del desarrollo capitalista, altamente contaminantes, de baja generación de empleo y beneficiados con enormes concesiones impositivas y fiscales. En ese sentido, las actividades vinculadas a la explotación petrolera (renovación de concesiones realizadas en el gobierno de Néstor Kirchner) y minera (desarrollos de mega minería impulsados durante la actual administración) demuestran con total claridad que la matriz capitalista, promotora del saqueo de nuestros recursos naturales por parte del gran capital internacional no ha sido modificada sino, por el contrario, profundizada desde el 2003 hasta la actualidad. Lo ocurrido el pasado martes 11 de mayo quizás marque un cambio en la correlación de fuerzas, de una nueva conciencia popular y revolucionaria que logre la verdadera transformación política, social y cultural de nuestra Argentina, retomando el ideario iniciado hace 200 años.
Mariano C. Bibolini
