BREVES

Desalojo de campesinos en Santiago del Estero

El “Juzgado del Crimen 3ra Nominación” a cargo de Diego Alarcón de la provincia de Santiago del Estero ordenó para el viernes 9 de octubre el desalojo de la Central Campesina de Los Juríes, el MO.CA.SE. El hecho fue denunciado por los campesinos como “consecuencia de una resolución judicial vinculada directamente a los intereses de las empresas multinacionales productoras de Soja, en la zona Sur de Santiago del Estero”. Por su parte, Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina expresó: “Mientras ciertos sectores de la progresía se llenan la boca hablando contra el modelo sojero, los movimientos campesinos en nuestro país siguen sufriendo la represión y expulsión de sus tierras avalados por el Estado (nacional y provincial) y por el Poder Judicial. Debemos luchar por otro modelo productivo que privilegie la vida de nuestros pueblos".

Planificación familiar sin control de ningún tipo

El mes pasado, el Ministerio de Salud tuvo que retirar los DIU que se distribuían de forma gratuita de todos los hospitales: un informe del Instituto Nacional de Medicamentos detectó fallas en los dispositivos “que no cumplen con los requisitos de esterilización”. Se trata de 40.000 unidades Cervix-T 380 entregados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable a los centros beneficiarios del Plan Remediar, que provee gratuitamente de medicamentos a todas las provincias. Las autoridades sugieren que “se les realice a las mujeres que ya tienen colocado el DIU controles ginecológicos para prevenir cualquier posible infección”. Para los especialistas, la situación es “de suma gravedad” porque no se pueden descartar “consecuencias en la salud de las pacientes”.

Preocupación en Rosario

Los vecinos de Ituzaingo 60 bis se encuentran nuevamente con la noticia de que el desalojo es inminente. “En sólo unos pocos días, el Juzgado de Circuito de la Primera Nominación, a partir de la decisión tomada por la Cámara al aceptar la apelación de la Dra. Mónica Monzón para no contemplar la suspensión de la orden de desalojo por 180 días (plazo que vencería el 1 de diciembre), dará marcha a la medida judicial y vendrán a arrancarnos del terreno en el cual construimos nuestras viviendas”, anunciaron en un comunicado. El desalojo es inminente, y la decisión política de llevarlo adelante parece estar tomada. “No sólo existe una clara insensibilidad ante la situación de más de 20 familias que vamos a quedar en la calle, sino que también reina un cinismo brutal en los gobernantes, que intentan disfrazar, detrás de promesas y compromisos firmados, una medida que se ejecuta sólo con su consentimiento. Es por eso que hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos los que alguna vez formaron parte de esta lucha por algo más que digno como es el derecho a la vivienda”.