Un día para la justicia y la construcción de la memoria: el pasado 15 de abril fueron sentenciados a cadena perpetua en cárcel común los represores Omar Pascual Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Walter Salvador Dionisio Pagano y Eduardo Rodolfo Costanzo, por los delitos de secuestro y torturas cometidos contra 29 personas, y los homicidios de 17 de ellos, cuyos cuerpos hasta hoy continúan desaparecidos.
El 31 de agosto del 2009 en Rosario había comenzado un proceso histórico, el de los juicios oral y públicos contra represores del Terrorismo de Estado que actuaron en el área metropolitana Rosario. El Tribunal Oral Federal Nº 1, a cargo de los Jueces Omar Paulucci, Beatriz Baravani y Carlos Leiva, tuvieron a su cargo el desarrollo de la llamada causa Guerrieri y otros, en las que se encontraban unificadas las causas “Quinta de Funes” y “Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu”, lugares donde funcionaron sendos centros clandestinos de represión. Decimos que ese acto de justicia es el comienzo de un proceso histórico para nuestra región ya que el 21 de Julio le seguirá el juicio de la gran causa Feced, el comandante de gendarmería que se desempeñó como jefe del segundo departamento de la policía provincial. Él solía hacerse presente y participar de sesiones de torturas en la esquina de Borrego y San Lorenzo donde ahora funciona el Centro Popular de la Memoria. Pero, para que no nos olvidemos que estos juicios son frutos de la lucha por años del Movimiento de los Derechos Humanos, la Cámara de Casación Penal dejó en libertad el viernes 30 de abril a los represores Rubén Lo Fiego, Mario Marcote y Ramón Vergara hasta su juicio en la causa Feced.
Memoria encendida
La importancia humana-social-política de este acontecimiento jurídico está en que brinda un relato con pruebas para una memoria viva del terrorismo de Estado y de la lucha de los/as militantes para la transformación económica social. Hace justicia sobre crímenes planificados con que los genocidas dañaron/ destruyeron individuos, familias, organizaciones comprometidas con la vida y afectaron-deterioraron a la sociedad sembrando miedo, muerte y desconfianza. Y a nuestro entender ayuda a comprender mejor que esa eliminación de una generación de militantes populares fue para implantar el modelo neoliberal de la mano del ministro de Economía Martínez de Hoz, cuyas consecuencias aún vivimos. Así al reparar la imagen de los/as luchadores por la justicia social y la igualdad nos da pie para seguir construyendo una economía-una sociedad-una cultura realmente democrática. La lucha por la verdad, la memoria y la justicia, llevada a cabo por los organismos de derechos humanos, deja en claro que en los los años 1970 fueron producto de largas luchas populares en Latinoamérica. La resistencia peronista, la revolución cubana, el combatiente Che Guevara, el Mayo del ´68, el cordobazo y los rosariazos, el sindicalismo combativo, la visión de la dependencia y la liberación, si bien con diferencias metodológicas procedieron con una clara visión antimperialista y revolucionaria. Sabían que la riqueza y el privilegio de las clases dominantes se originan en la explotación de la clase trabajadora y que sólo el cambio del sistema capitalista podía garantizar la vigencia plena de la libertad y de la justicia. Su objetivo fundamental era cambiar la injusta estructura de dominación y de explotación, siendo muchos los que se jugaron la vida enfrentando una oposición violenta por parte de los grupos hegemónicos que no estaban dispuestos a renunciar a sus privilegios. Necesitamos reparar el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares, de los afectados y destruidos a raíz de la fragmentación social, ocasionada por el perverso modelo represor neoliberal. Por ello repetimos una vez más desde Rosario: los juzga un tribunal y los condenamos todos. El fin de la impunidad y la memoria son necesarias para construir un proyecto de futuro para nuestro país.
Desde Rosario, Oscar Lupori, coordinador del MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos)
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