El Espejo de Argentina y el Mundo: julio 2010

sábado, 24 de julio de 2010

La ausencia de estrategia deja al oficialismo en manos de la oposición de derechas

Gobierno a la defensiva

Mediante una campaña feroz centrada en hechos de corrupción, el gran capital y el imperialismo tienen acorralado al Gobierno. Los grandes corruptos que desde siempre viven del saqueo y la explotación, apuntan a ladrones de gallinas para abatir objetivos mayores. Ante todo, mancillar a la Revolución Bolivariana. Convencer incluso a la militancia de que en Venezuela no hay un proceso de cambios socialistas sino un centro de negocios. Paralelamente, bloquear la posibilidad de una recomposición de fuerzas sociales y políticas que de verdad sume a nuestro país a la vanguardia en marcha en América Latina. Y como remate, completar la labor de desgaste que el propio gobierno llevó a cabo contra sí mismo, dejándolo sin chance en las elecciones. La iniciativa no se recupera con gritos, lamentos ni condenas a Clarín. Negándose al 82% móvil y acompañando al G-20, el Gobierno muestra su estrategia social y su política internacional. Por voluntad propia, está en manos del enemigo. Urge una respuesta a la medida. Hay reservas en la sociedad argentina para encarar el desafío de la hora.

IIº Congreso de la CSI: fracción sindical a favor del capitalismo

Conciliación: el encuentro de la Confederación Sindical Internacional (CSI) se realizó el 22 de junio en Vancouver, Canadá con la presencia de alrededor de 1400 delegados/as de distintas organizaciones sindicales del mundo. Cuatro días antes de las sesiones de la Cumbre del G-20 en Toronto, que tuviera como antesala a la verdadera reunión decisoria: el G-8. Un invitado especial compartió este último escenario, el presidente saliente de Colombia Álvaro Uribe. El imperialismo debía su reconocimiento al brazo ejecutor de sus mandatos, a quien entregó la soberanía de su país para instalar las bases de guerra que apuntan a la región. La CSI sintonizó con quienes promueven otro ensueño, un capitalismo moral. Y pretenden alcanzarlo a través de regulaciones. Entre el 22 y 24 de julio de realizará en Caracas el III Encuentro Sindical Nuestra América.

El espejismo del capitalismo regulado

Nada es casual. Las fechas continuas de los encuentros internacionales tienen como sustrato la necesidad de controlar, a través de poderosos sindicatos y partidos reformistas, la reacción de las masas de Europa ante las políticas de ajuste descargadas sobre la clase trabajadora (El Espejo nº 189, páginas 6 y 7). La competencia interimperialista entre Estados Unidos y la Unión Europea está inscripta en complejas contradicciones y paradojas, lo que permitió encubrir esa raíz de fondo en el choque ideológico, también existente, entre la visión neoliberal y el neokeynesianismo de intervención estatal. Las medidas adoptadas por la UE buscan evitar el quiebre bancario que colocaría a riesgo límite la existencia del euro y de la UE misma. Para Estados Unidos es una exigencia económica objetiva arrasar a su competidor en los mercados mundiales. De igual forma, requiere de la reactivación europea para viabilizar las exportaciones de Estados Unidos hacia el viejo continente y no recaer en la recesión.
En el G-8, las contiendas cruzadas encontraron sin embargo su acuerdo clave: la violencia guerrerista hacia Irán y Corea del Norte y la afirmación del cerco militar contra América Latina. El G-20 puso en evidencia las discrepancias entre las cúpulas del poder central, y otro factor relevante, el imperialismo yanqui no es más la única voz que dicta órdenes.
La CSI enmarcó sus debates en línea con las controversias desplegadas en el G-20. No hubo confrontación con el capitalismo. No estuvo en el centro de la polémica el curso actual de la estrategia imperialista. Sólo la puntualización y denuncias en todos sus aspectos, de las consecuencias de la política anticrisis intentada por el capital: el neoliberalismo. Diagnósticos y Planes de Acción quedan atrapados en su propio techo, la concertación de clases para poner límites a la voracidad de la lógica financiera y promover la intervención del Estado. Las conclusiones al eje de trabajo del Congreso: “Ahora los pueblos – de la crisis a la justicia global”, busca colocar a la clase obrera mundial detrás de la estrategia de restauración capitalista. Para eso la tarea ideológica es convencer que nada más es posible.
Los debates acerca de la unidad de la clase trabajadora en la transición hacia el socialismo del siglo XXI, la estrategia continental del Alba, son asumidos por centrales y sindicatos que promueven los Encuentros Sindicales Nuestra América.
Un documento de la Corriente de Opinión interna de la CTA de comienzos de este año caracteriza que: “El análisis de las políticas anticrisis del capitalismo aplicado al caso argentino, permite salir del falso dilema planteado actualmente entre gobierno y derecha, en la pseudo disputa por el Bicentenario. En el contexto latinoamericano, tanto la salida por el “ajuste” que exige el poder económico y político, como los planteos neokeynesianos (asumidos por gobiernos emergentes de crisis en Argentina, Uruguay y Brasil) suponen la subordinación al modelo productivo vigente perpetuando la reproducción de la lógica actual del capitalismo en su fase imperialista”.
“La alternativa a este modelo, ha sido planteada en la Cumbre de Copenhague por el Bloque del Alba y supone definir caminos de salida anticapitalista, incluida la construcción de una nueva arquitectura económico financiera, como el Banco del Alba; el Sucre, en la perspectiva de moneda regional para superar la subordinación al dólar; y nuevos marcos institucionales y rumbos para el uso de nuestros recursos. Por ejemplo los u$s 515.000 millones que existen actualmente en América Latina como reserva de nuestros países”.
“No pago de la Deuda Externa. Sostener el No pago, instalando el debate sobre su significado e implicaciones y la factibilidad de la postura. Pagar la deuda es atentar contra nosotros mismos. Ya se pagó. No es justo. Terminar con la estafa de transferir Vida y Futuro. Impulsar la realización de un plebiscito (consulta popular) desde la CTA y la CS (Constituyente Social).
Frente al alineamiento sindical inter-nacional explicitan:
“Impulsar el retiro de la CTA como integrante de la CSI, que expresa a nivel internacional y nacional la definición de proyectos posibilistas y que proscriben posiciones clasistas (como la Central de Trabajadores de Cuba y otras centrales hermanas de la región y el mundo).
“Participar orgánicamente del Encuentro Sindical Nuestra América, coordinando el conglomerado heterogéneo de los trabajadores y los sectores populares, desde el ámbito local y nacional hacia nuestra región latinoamericana y caribeña para avanzar conjuntamente hacia un proyecto de integración liberador en el continente. La perspectiva se orienta en la unidad mundial del movimiento de trabajadores en el camino que sugiere el Encuentro Sindical de Nuestra América, que recoge el espíritu originario por la CTA de articulación del movimiento obrero en su conjunto priorizando la unidad sin exclusiones que recortan la representación a un núcleo reducido de corporaciones y sindicatos.
“Conjugar nuestras fuerzas en una ofensiva global de los trabajadores y los pueblos de carácter clasista, socialista y de liberación nacional y social.
“Apoyo a la Alternativa Bolivariana para las Américas, Alba, alentando el protagonismo de la CTA en el Consejo Asesor de los movimientos populares que funciona en su seno”.

Resoluciones y líneas de acción

La CSI cuenta con 312 organizaciones afiliadas procedentes de 155 países y territorios. En el caso de Argentina, tanto la CGT como la CTA integran el organismo. En el primer caso su titular Hugo Moyano, viajó con la presidenta Cristina Fernández, quien intervino como expositora en el Congreso. El portavoz de la CTA fue su secretario adjunto Pedro Wasiejko.
Los textos resolutivos del Congreso oscilan entre la exhortación y la apelación, la exigencia y la petición a gobiernos e instituciones internacionales para que contemplen en su accionar los derechos de los trabajadores/as, de la juventud, las poblaciones migrantes, la equidad de género, los derechos humanos, el acceso a recursos básicos para la vida humana, el cambio climático, que paren de producir armas atómicas y se dispongan a vivir en diversidad y paz. En ese marco discurren las consideraciones para terminar con las situaciones en guerra (Palestina entre otros), con las geografías arrasadas por la violencia y las atrocidades del hambre y abundan las descripciones minuciosas del estado de los pueblos y países del mundo.
Algunos nombres de los panelistas previstos por los organizadores son elocuentes: Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI; Pascal Lamy, director general de la OMC; Helen Clark, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la presidenta de Argentina, Cristina Fernández; y Kari Tapiola, director ejecutivo de la OIT.
En la inauguración oficial del Congreso la presidenta de la CSI Sharan Burrow señaló que los sindicatos habían advertido a quienes toman las decisiones sobre los peligros de los desequilibrios globales y la falta de regulación para frenar la “avaricia corporativa” antes de la debacle de 2008. El alerta no fue escuchado.
A su vez, los representantes sindicales presentes en el final del G-20 expresaron su disconformidad con las conclusiones de esta Cumbre, por no considerar los problemas de empleo y porque “la más verde de las características del G-20 es la capacidad de reutilizar y reciclar compromisos anteriores. La Cumbre podría haber sido el comienzo de una acción real hacia una economía limpia, eficiente y resistente, pero todo lo que tenemos es un lindo discurso sobre la economía verde y una declaración reciclada sobre los subsidios a los combustibles fósiles”.
Las Resoluciones del Congreso Sindical exaltaban otras esperanzas. Los contenidos de “Cambiar la globalización” establecen en algunos puntos de su Programa de Acción:
“Exigir una coherencia política internacional, regulación y gobernanza de la economía global dando un papel destacado a la OIT y la ONU, con la creación de un Consejo de Seguridad Económico y Social de la ONU, la introducción de reformas profundas en el FMI, el CEF, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y la OMC, de manera que respeten los principios sociales y medioambientales, incluyendo una cláusula sobre derechos de los trabajadores/as basada en las normas fundamentales del trabajo de la OIT, y la renegociación de los AEE (Acuerdos de Asociación Económica) de forma que se promueva un desarrollo social, medioambiental y económico equilibrado”.
El texto sobre “Un modelo de desarrollo justo y sostenible para el siglo XXI”, explicita entre sus conclusiones:
“(..) El Congreso afirma que el capitalismo no regulado resulta ecológicamente destructivo e insostenible, y pide un sistema fundamental de producción mundial alternativo que sea humano y socialmente responsable. Exhorta a las afiliadas a combatir las crecientes desigualdades, el subdesarrollo y la injusticia económica en el sistema mundial”. Y reserva para los sindicatos “un papel esencial en el proceso de desarrollo. Su representatividad democrática les confiere una legitimidad única en la interacción con los gobiernos y las organizaciones patronales y para exigirles responsabilidades. Mediante su implicación en el diálogo social, los sindicatos pueden cambiar políticas gubernamentales injustas y contribuir al progreso social”.
“Democracia, Paz, Seguridad y el papel de las Naciones Unidas” reafirma el apoyo a la labor de la ONU para promover “la justicia social, la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, incluyendo el respeto de la legalidad internacional,” como fundamentos para la paz. Y “hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional a efectuar importantes recortes en el gasto militar” y convoca “para que la Agencia Internacional de Energía Atómica (Aiea) pueda realizar inspecciones en todos los países a fin de mejorar el control y evitar la proliferación”. Respecto al conflicto entre israelíes y palestinos exhorta a “que renuncien a la violencia, se comprometan a un alto el fuego inmediato y duradero y emprendan de inmediato negociaciones directas tal como se establece en el Mapa de Ruta propuesto en 2002 por Estados Unidos, Rusia, la ONU y la UE”. Ninguna condena por la invasión israelí a territorio palestino, ni condena por el ataque al grupo de embarcaciones de origen turco que llevaba ayuda humanitaria a esa región. El permanente equilibrio centrista nivela a victimarios y víctimas.
En correspondencia con este alineamiento, la presidenta argentina Cristina Fernández se refirió en su disertación a la crisis de 2001 y las acciones implementadas por su gobierno y el anterior de Néstor Kirchner expresó que “Nosotros sostuvimos la necesidad, como lo hicimos finalmente, de reestructurar la deuda soberana del país, pero hacerlo en base a las necesidades del país y en base de no hacer un ajuste que fuera pagado por los trabajadores y el consumo popular porque sosteníamos precisamente que solamente un crecimiento y desarrollo del mercado interno crea un crecimiento del poder de consumo de los trabajadores, asalariados, pensionados y jubilados iba a permitir generar un crecimiento del PBI, que finalmente posibilitara hacer honor a los compromisos”. Y remarcó que “Tenemos que clausurar una etapa del capitalismo, en donde se creyó que el dinero generaba dinero por sí mismo sin necesidad de pasar por el circuito de producción de cosas, de bienes, de servicios. Como dijo Krugman (Paul) un capitalismo que ganaba dinero haciendo cosas, no un capitalismo que gana dinero únicamente con el dinero. Porque esta es también una de las causas de esta crisis global que hoy nos afecta, además, también del desarrollo muy desigualitario entre Norte y Sur, algo que también se debe comenzar a revertir para poder volver a retomar a la senda del crecimiento”.

Fuentes: Informes y documentos II Congreso de la CSI

Fundación de la CSI en Viena

Entre el 1º y 3 de noviembre de 2006 nació la Confederación Sindical Internacional. Era la consumación de la convergencia de dos estructuras de dimensión mundial: la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT): la socialdemocracia y el socialcristianismo. Alrededor de 307 centrales sindicales provenientes de 154 países se encontraron en Viena. Las centrales sindicales de Cuba y China no fueron admitidas en la conformación del nuevo organismo.

Tanto su Declaración de Principios como su Programa, remiten a la apelación a los poderosos para alcanzar un bienestar mayor para las poblaciones y a un registro de buenos deseos e intenciones sin desmarcarse del sistema capitalista. Se colocaban así por detrás del nivel político que expresa la realidad latinoamericana y caribeña, en especial, los debates que, con eje en Venezuela, rompen el cerco del reformismo capitalista y se aprontan a construir el socialismo del siglo XXI.
Asistimos a una nueva fase de la confrontación histórica entre estas dos corrientes y las ideas del marxismo, el socialismo y la revolución. La confluencia de estas dos vertientes expresan un movimiento conjunto para enfrentar e impedir todo avance del pensamiento revolucionario. El presidente bolivariano Hugo Chávez plantó las banderas del socialismo como el terreno en el cual se dirimen en el siglo XXI los destinos de la humanidad. Junto a Fidel Castro afirmaron los primeros cimientos del Alba, el 14 de diciembre de 2004, a la que se sumaron luego otros países encolumnados en la determinación anticapitalista y de abierto enfrentamiento al imperialismo.
Los fundamentos ideológicos y políticos de la CSI provocaron casi de inmediato las primeras reacciones en Venezuela. La dirigente sindical Marcela Máspero (miembro del Colectivo de Trabajo en Revolución, CTR, parte de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT), renunció el 3 de enero de 2007 a su cargo y militancia en la CLAT. Una medida necesaria, según manifestara en su decisión, para consolidar la unidad de los trabajadores en América Latina en sentido revolucionario y que entiende contrapuesta a la permanencia en la CLAT. Los párrafos eran elocuentes:
“(..) Yo he tenido la fortuna de vivir el proceso bolivariano en mi país, esa vivencia ha transformado mi concepción del movimiento sindical y de otros enfoques. Este proceso ha sido satanizado por la oligarquía criolla y actores del propio movimiento sindical tradicional, temerosos de perder sus privilegios, muchos de ellos sobreviven sin representatividad ni legitimidad, refugiados en las siglas de la CLAT.
“(..) Esa supuesta unidad (la CSI) fue una poderosa respuesta al fracaso de un modelo sindical, a la defensiva e incapaz de reformularse, basado en la colaboración de clases, tal cual expresa en escenarios internacionales como la OIT, donde se realizan alianzas contranatura entre empresarios y trabajadores, que no expresan las relaciones ni la realidad actual que se vive en el mundo del trabajo, cuyos niveles de explotación aumenta brutalmente, con la complacencia y alcahuetería de instancias como esta”.

Convocatoria en Venezuela: III Encuentro Nuestra América

Engendrada por las propias contradicciones del sistema capitalista y su agotado modelo neoliberal, la actual coyuntura nos sitúa ante una etapa de profunda crisis global, aún no superada y cuando resulta evidente la contraofensiva imperial en su afán por sostenerse.
El actual orden económico mundial, expresado en su sistema de relaciones económicas e instrumentos de dominación, fundados en el libre comercio, la especulación financiera, la depredación d e l me d i o ambiente, el uso indiscriminado e irresponsable de las fuentes energéticas no renovables, la insuficiente producción de alimentos y su desigual distribución, el poder de las trasnacionales, el uso de las armas para imponer su voluntad, entre otros, resulta insostenible, llevando a millones de seres humanos a limites extremos de pobreza y exclusión social, y donde los intentos por revertir dicha situación a través de los viejos y tradicionales esquemas e instrumentos capitalistas, redundan en su propia vigencia y agudización.

Inserta en esta coyuntura, América Latina está expuesta a consecuencias aun impredecibles, pero a la vez resulta la región donde se expresan mayores posibilidades de hacerle frente y atenuarla, partiendo de la existencia de dinámicas políticas que han favorecido procesos transformadores, con mayor o menor grado de profundidad, emprendiendo experiencias de procesos integracionistas de nuevo tipo, fundadas en la complementariedad, la solidaridad, la cooperación no condicionada, donde lo económico apunta a la equidad, el comercio está dotado de sentido justo y posee el sello novedoso de la autenticidad y autonomía latinoamericana y caribeña, sin mediación e interferencia de los instrumentos financieros y comerciales al servicio del capitalismo.
Es en estas circunstancias y en el marco de varias celebraciones del bicentenario de la independencia de nuestro continente, que convocamos al III Encuentro Sindical Nuestra América, a desarrollarse los días 22, 23 y 24 de julio de 2010, en la ciudad de Caracas, Venezuela.
Es por ello y rescatando los acumulados de encuentros anteriores desarrollados en Quito y Sao Pablo que, el Comité Organizador de dicho encuentro, llama a las organizaciones de trabajadores, sus sindicatos y al conjunto de las organizaciones sociales latinoamericanas, a participar del mismo, con el objetivo de continuar ampliando y profundizar en la construcción de estrategias, acciones de luchas y alternativas propias y conjuntas que posibiliten enfrentar y superar la actual etapa de crisis y potencien la participación social en los procesos de cambio que se operan en nuestra r e g i ó n , como clara e x p r e s i ó n de nuestro compromiso c o n l o s mismos.
El Comité Organizador d e l I I I Encuentro Sindical Nuestra América, llama igualmente a todos aquellas organizaciones que se identifiquen con los principios que animan la construcción de este espacio articulador, a hacer suya la presente convocatoria y a expresarlo con su adhesión a la misma.
Venezuela 2010, nos ofrece una nueva oportunidad de contribución en la necesaria batalla que todos debemos y podemos librar frente a la actual contraofensiva hegemónica del sistema capitalista.

Editorial: los trabajadores frente al momento político nacional y mundial

En 140 años de historia, jamás el movimiento obrero de Argentina ha estado paralizado como en este período. Son muchos los factores que condujeron a esta situación. Su análisis y necesario debate requiere un esfuerzo especial del activo militante.
Nuestra clase obrera no es una excepción en el mundo. Pero sería demasiado cómodo -y sería falso- explicar la coyuntura por factores que nos sobrepasan. En realidad, la trayectoria de conciencia, organización y lucha de nuestra clase, con rasgos distintivos que la destacaron en el panorama internacional, ofrece un punto de partida excepcional para levantarse como un faro en la oscuridad del horizonte. El sistema capitalista vive hoy una crisis sin precedentes. Y los ruidos de guerra amenazan en todo el planeta. El hecho de que una clase históricamente dotada para responder a esta circunstancia se mantenga muda y quieta debería despertar el sentido de compromiso de miles de cuadros y militantes, que en todo el país tienen conciencia de la gravedad del momento.

Pontificar que todos somos culpables es una manera hipócrita de eludir la lucha de ideas y la delimitación de posiciones pasadas y actuales. Cargar la responsabilidad sobre tal o cual tendencia, dirigente o grupo de dirigentes, puede parecer -y casi siempre es- un acto de soberbia; es decir, de ignorancia y cobardía. Conviene entonces dejar a futuros luchadores la tarea de dictar el veredicto y abocarnos ahora a desmenuzar sin miedos, al margen de la defensa de cualquier interés individual o corporativo, las causas por las cuales el más pujante proletariado del mundo en los años 1960 y 1970 devino una masa confundida, silenciosa, sometida.
El punto de partida es claro: la carga no puede estar en el enemigo de clase; ellos simplemente han cumplido con su tarea. Para explicar lo ocurrido hay responsabilidades ideológicas, políticas, sindicales, colectivas e individuales, en nuestras propias filas.
La fuerza de los trabajadores está en su número en la medida en que tenga conciencia, unidad, organización y objetivos estratégicos. Estos son entonces los parámetros para medir el lugar de cada uno: quién confió en esa fuerza objetiva; quién sembró conciencia; quién bregó por la unidad; quién alentó la organización (unificadora y consciente); quién contribuyó a la elaboración de una estrategia emancipatoria sobre aquellas bases: unidad social y política, organización de masas, conciencia de clase latinoamericana.
Fue el Cordobazo el punto más elevado de una parábola iniciada con la fundación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense en 1853, la primera huelga en 1878, la fundación en Córdoba y Buenos Aires de secciones de la Asociación Internacional de Trabajadores (1ra Internacional), la organización de los primeros sindicatos y agrupamientos políticos. Será útil partir de aquella gesta simbólica de 1969 -en realidad una entre innumerables expresiones de insurgencia obrera, estudiantil y popular- para analizar paso a paso el recorrido que nos condujo a la situación actual.
Con motivo del 40° aniversario de aquella insurrección un conjunto plural de luchadores realizamos el año pasado un encuentro en Huerta Grande (otra referencia cargada de historia). La Declaración Huerta Grande-Cordobazo hizo un diagnóstico de la realidad mundial y nacional y señaló objetivos comunes. Falta sin embargo llegar a las causas de fondo que expliquen la involución. Que nos aclaren a todos, con fuerza convincente, por qué la clase obrera no asume el lugar que desesperadamente reclama el devenir argentino para frenar la carrera hacia el abismo. Por qué tiene los dirigentes que tiene. Qué responsabilidad les cabe a las líneas de acción adoptadas en los últimos 40 años en los planos sindical y político.
No es un debate académico. No es tarea de profesores. Ellos pueden -si pueden y quieren- contribuir. Pero somos los protagonistas mismos de la lucha social y política quienes debemos empeñarnos en hallar esas respuestas. Nadie debería soslayar o posponer esa responsabilidad por urgencias cotidianas que invitan a la inercia.
Habrá que programar mesas redondas, seminarios, cursos, encuentros. Con el espíritu fraternal y revolucionario que alentó los mejores momentos de nuestra historia. Con voluntad de organización y combate. Y con todo esto, habrá que estudiar: nuestra historia; los principios de la economía política; la realidad contemporánea.
Habrá que ver lo que está frente a los ojos: en todo el mundo el capitalismo está lanzando millones de hombres y mujeres a la desocupación. La guerra amenaza en su forma más atroz. América Latina está en la mira guerrerista de Estados Unidos. Argentina ya no puede ocultar que tiene la mitad de la población en la miseria y carece de bases para sostenerse.
La respuesta a este momento dramático está esbozada en el programa del Alba. Pero Argentina no está allí. Y allí no hay una clase obrera con el peso y la experiencia de la nuestra. Esa convergencia es vital. Y debemos trabajar por ella. Sin demora.

Catalejo: Apunten contra Chávez

Con saña de bestia en agonía, el conjunto de la prensa comercial ataca a la Revolución Bolivariana identificándola con alegados hechos de corrupción del gobierno argentino. Al mismo tiempo, cada vez que en Venezuela se ha detenido y encarcelado a un corrupto (y son innumerables los casos), el hecho es presentado como un ataque a la democracia y la libertad política.

Como las autoridades locales son por regla general impresentables, la operación es sencilla: iden¬tifican el proyecto venezolano con la política argentina y manipulan a buena parte de la población. Nadie medianamente informado confunde los procesos en marcha en Venezuela y Argentina. Pero el verdadero objetivo es ocultar que en América Latina crece y se afianza una posición de franca ruptura con los centros imperialistas y de transformaciones sistemáticas centradas en dos puntos clave: transferir el poder efectivo a organismos de masas y atacar los centros decisivos del control económico por parte de los grandes centros de poder capitalista.
Eso está en marcha en Venezuela, en Bolivia y Ecuador. Los siete países restantes que componen el Alba –con Cuba a la cabeza– conforman una vanguardia latinoamericana a la que temen el imperialismo y las burguesías locales. En medio de una brutal crisis mundial del sistema, los estrategas del Norte saben que esa vanguardia encarna potencialmente la respuesta al colapso capitalista. El gobierno argentino no se suma al Alba. Por el contrario, está sometido al G-20, el instrumento imperial para afrontar la situación. Denunciar a Clarín y La Nación, mientras se acata al G-20 y se pone como canciller a un agente de Israel y el Departamento de Estado, es más que una incongruencia. Pero como a la vez necesita políticamente el salvavida latinoamericano, el elenco gobernante abre el flanco para que golpeándolo se calumnie a la revolución en la región. Y la figura elegida para esta operación es Chávez. Un ejército de periodistas venales se ha puesto al servicio de esa cobarde tarea, equivalente a ponerse a la orden de las autoridades españolas cuando 200 años atrás los ejércitos libertadores gestaban la derrota del imperio en su fase final.

Juicio canónico a sacerdote cordobés

Un grupo de cerca de 60 sacerdotes emitieron, el pasado mes de julio, un comunicado en el que manifestaban su apoyo a la unión legal homosexual y además, argumentaban por qué. Entre ellos se encuentra Nicolás Alessio que desarrolla su trabajo pastoral en un barrio humilde de la ciudad de Córdoba y ha sido el blanco del ataque inquisidor de la iglesia. Por estos días se ha conocido que será sometido a un juicio canónico por parte del Obispado al que pertenece y se le ha prohibido dar misa, actitud que Alessio ha desafiado explícitamente ya que declaró que él se debe a su comunidad y seguirá trabajando como hasta ahora. Desde El Espejo, nos solidarizamos incondicionalmente con el sacerdote, quién además es un activo colaborador de nuestro periódico.

La instalación en la sociedad argentina de la ley sobre el matrimonio homosexual, su posterior debate y la definitiva aprobación por parte de la Cámara de Senadores, además de ser un avance fenomenal en términos de derechos adquiridos y de conciencia en la sociedad, encendió, como era previsible, furibundos ataques y embestidas de los sectores más retrógrados del país. En ese sentido, la iglesia católica ha sido por estos días, la institución que más ha trabajado y militado en orden a atacar a la ley, sus defensores y toda aquella persona o institución que en público o privado adhiriera a ella. Así, envió rigurosas “sugerencias” para que en cada una de las iglesias y hasta en la más pequeña capilla del país, el pasado domingo se leyera un documento en el que se hablaba del “bien inalterable del matrimonio y la familia” y convocó a una marcha en la ciudad de Buenos Aires, cuya consigna era “Queremos mamá y papá para nuestros hijos”.
Celebramos la a probación de la ley, ya que significa la derrota de la concepción ahistórica del derecho natural y de la injerencia, control y disciplanamiento de la sociedad, por parte de la iglesia.

¡Basta de chantaje y mentiras: 82% ya para los trabajadores jubilados!

Por Víctor Mendibil (*)

Quiero expresar mi indignación ante el chantaje y la mentira. Resulta ahora que los trabajadores jubilados son “irresponsables” porque reclaman por sus derechos históricos, cuando los gobernantes de los estados municipales, provinciales y nacionales ofrecen recomposiciones salariales no remunerativas, profundizando la precariedad e irregularidad en el empleo. Como no indignarme ante el mayor empleador de la Argentina y promotor principal del trabajo no registrado. ¡Cómo no indignarme cuando el Poder Ejecutivo nacional recorre las provincias haciendo actos públicos donde se le restituye “generosamente” a los jueces jubilaciones por el 82% móvil y millones de trabajadores son condenados a recibir ingresos previsionales de miseria! Cerca del 80% de unos 5,5 millones de trabajadores jubilados perciben el monto mínimo de $895 y el 90% reciben ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Con un salario mínimo y vital actual de 1.500 pesos, la jubilación mínima debiera estar por lo menos en $1.230 y eso no alcanza, por eso el movimiento de jubilados reclama una mínima de $1.600.

Resulta increíble escuchar discursos contra el 82% móvil motivado en una iniciativa legislativa, desconociendo que los motores de la demanda son los propios trabajadores jubilados. Es la lucha de nuestros viejos contra la privatización de la previsión social del gobierno del PJ con (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo, con la complicidad política de aquellos que en el gobierno de la Alianza no tuvieron problemas en reducir los ingresos de los estatales y los jubilados. Es la lucha de los jubilados contra la reducción de los aportes patronales en gobiernos liderados por el PJ o la UCR. Quiero enfatizar que fue la lucha contra la privatización y las AFJP la que sostuvo el sistema de reparto, para que no desapareciera, porque el objetivo era organizar un mercado de capitales con el aporte de los trabajadores. Es increíble que se bastardee la lucha popular, la tradición que expresan las 950 marchas. El régimen de reparto se mantuvo minoritario por la lucha, incluso subsistió en varias provincias por la resistencia sin claudicaciones del movimiento popular.
Se miente cuando se dice que es imposible el pago del 82%. Es una mentira, ya que son varios los trabajadores jubilados que perciben en nuestro país ese porcentual en concepto de jubilación. Entre los trabajadores estatales eso ocurre en provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, y en Tierra del Fuego. También perciben ese porcentual los trabajadores universitarios o los investigadores. Me indigna la mentira y el chantaje que pretende deslegitimar la demanda, especialmente con un gobierno nacional que tuvo política para eliminar el sistema de administradoras de fondos de jubilación y pensión, pero que al mismo tiempo es incapaz de recaudar penalizando a los evasores que mantienen elevado el carácter irregular del empleo, condenando a esa situación a cuatro de cada 10 trabajadores. Resulta un despropósito que se nos considere en actitud destituyente por reclamar nuestros derechos. Por el contrario, la vocación destituyente está en aquellos que insisten en no cumplir con el 14 bis y la aplicación de los derechos consagrados constitucionalmente.
No importa cómo se instalan los temas de discusión social, porque importa la histórica movilización de los jubilados reclamando por sus derechos. Vuelve a discutirse la posibilidad de abonar jubilaciones con el 82% móvil a todos los jubilados. La discusión es muy importante y debería ser parte de una agenda más allá de la coyuntura política, ya que involucra a los ingresos de millones de personas y hace a la calidad de vida de la población en su conjunto. Es un tema que incluye el debate sobre fondos previsionales y fiscales para asegurar cobertura previsional.
Son fuentes del fondo previsional las retenciones a los trabajadores, los aportes patronales y los aportes fiscales provenientes de fuentes tributarias. En las tres fuentes pueden generarse mayores recursos, eliminando la evasión previsional y regularizando la situación de los trabajadores informales; restableciendo los aportes patronales disminuidos entre 1992 y 1993, que solo entre grandes empresas representan 20.000 millones de pesos anuales; y modificando el régimen tributario gravando las ganancias y la renta financiera. Los fondos previsionales no son fondos fiscales y el volumen de la suma previsional necesita ser completado con recursos fiscales para alcanzar un ingreso acorde con la calidad de vida requerida en la última etapa de la vida. Esto es lo que se debe discutir. ¿Cuánto es el monto necesario que se requiere para asegurar una vejez de calidad en las condiciones históricas de la Argentina actual?
Seamos muy claros al respecto: el movimiento de jubilados levanta la consigna del 82% móvil. La discusión apunta a consultar a la sociedad si está dispuesta a resolver esa deuda pública por encima de otros compromisos u obligaciones fiscales presentes y futuras. No aceptemos el chantaje y las mentiras de aquellos que recrean el posibilismo y cancelan millonarias deudas eternas, impagables por ilegales e ilegitimas, cuando niegan elementales derechos de los de abajo. Hay que reconocer que con las moratorias previsionales del último tiempo fue importante el crecimiento de población receptora de jubilación. Son más de dos millones de personas. La discusión ahora no pasa por si se puede o no pagar el 82% móvil, sino sobre cuáles son los cambios de política económica que se requieren para asegurar una previsión social de calidad acorde con las demandas de los propios jubilados.
La lucha por el 82% móvil es de todos los trabajadores. Los trabajadores judiciales lo hemos logrado en algunas provincias, lo luchamos en otras y nos comprometemos a no parar hasta que todos los trabajadores alcancemos el 82% móvil. Son varios los gremios que perciben el ingreso demandado. El sistema nos niega el derecho y por ello es justo indignarse. Pero además de indignación, nuestra obligación es redoblar la lucha organizada de los trabajadores. Para ello sustentamos la pelea por la recuperación de la CTA, para que deje de ser apéndice de la CGT y del gobierno, y se comprometa en un camino de autonomía de los trabajadores para la liberación. Es un camino que se transita en la disputa y conquista de reivindicaciones históricas y concretas, entre las que figuran a la cabeza las demandas por una jubilación que satisfaga las necesidades de los mayores.

¡Qué no nos frenen con posibilismo!
¡No aceptemos el chantaje y las mentiras!
¡82% móvil ya para todos los trabajadores!

(*) Secretario General Federación Judicial Argentina
y secretario de Interior de la CTA

Opus Dei en acción

No eligieron con mucho tino la fecha para reunirse en Madrid. En el día de la Independencia, Roberto Lavagna, José María Aznar y Eduardo Duhalde plasmaron en una foto la línea de acción del Opus Dei en Argentina.
Opus Dei significa literalmente Obra de Dios. La traducción política es menos metafísica: se trata de la estructura operativa mediante la cual el gran capital imperialista actúa, a través de la CIA, en el aparato Vaticano.

Cuando era ministro de Duhalde, Lavagna realizó una curiosa gira por Italia, organizada por Comunione e Liberazione (CL), otra organización de la CIA en el entramado eclesial. Pero esa estructura, ideada para operar en organismos de juventudes y como fuerza de choque, es en realidad un apéndice del Opus Dei, identificados ambos con las posiciones políticas del fascismo contemporáneo. El encuentro con Aznar formaliza el contacto del fascismo opusiano con el intento hasta ahora más articulado de recomposición del Partido Justicialista. Aznar es miembro destacado de la Internacional Negra, la organización mundial del fascismo, que cuenta con Uribe (Colombia), Piñera (Chile), Macri, entre muchos otros reunidos recientemente en Buenos Aires, convocados por el jefe de gobierno.
El dato es elocuente: ante la desagregación del partido peronista, el debilitamiento extremo del oficialismo y la aparición de una coalición liberal, los estrategas estadounidenses apostaron por el llamado Peronismo Federal. El Opus Dei está detrás de esa operación. Y en ella se inscribe la política que en diferentes planos despliega desde hace meses la cúpula eclesial argentina.

El otro bloque

Enfrente (aunque con un documento de gobernabilidad ya firmado con Duhalde) está la Coalición Cívica, donde pugnan dos corrientes principales: el liberalismo tradicional y la socialdemocracia (una fracción de la UCR y el PS). El PS no ha formalizado aún su participación plena en el intento, alentado y financiado por la internacional socialdemócrata, ONGs europeas y ciertos asesores latinoamericanos. Pero hasta el momento las relaciones de fuerza al interior de ese partido indican que ése será el destino final, pese al alto costo interno que la sujeción a la UCR significará para el partido gobernante en Santa Fe. La victoria de Ricardo Alfonsín en una elección interna de la UCR replanteó esa posibilidad, cerrada hasta poco antes, cuando la frágil hegemonía de Julio Cobos alineaba al partido tras la derecha tradicional oligárquica y asociada a grandes negocios de los últimos tiempos.
Con el nuevo equilibrio, está abierta la posibilidad de una fórmula presidencial Alfonsín-Binner, o viceversa. En esta variante, el conjunto adquiriría un carácter socialdemócrata, con leve tinte progresista. Como en el caso del Frepaso, el alineamiento internacional de este sector es más proclive al imperialismo de la Unión Europea. La calamitosa condición del Peronismo Federal, su carencia de nombres presentables, confiere a este endeble frente liberal alguna perspectiva electoral para 2011.

Desgranamiento oficial y pugna interburguesa

Los de arriba ya cuentan con un diagnóstico claro y una línea de acción definida: sondeos serios de todo el arco burgués descartan la reelección del elenco gobernante. Es improbable que pueda sucederlo un miembro de la cáfila componente del Peronismo Federal. Por el contrario, hace falta una imagen progresista, que sin embargo cumpla puntual y responsablemente con las necesidades del capital en crisis. Para eso está la socialdemocracia. La táctica consiste entonces en un plan de tres pasos: presionar para un acuerdo en la Coalición Cívica, con Alfonsín o Binner como candidatos (aquí el problema es qué hacer con Elisa Carrió); firmar un acuerdo de gobernabilidad (pomposamente denominado “políticas de Estado”); y rearmar al PJ en torno a lo más estable de su desperdigado universo. Así afrontan las elecciones de 2011 y las previsibles crisis de grandes proporciones que inexorablemente le seguirán.
Por su lado el gobierno está abocado a recomponer su destartalada imagen política mediante un barniz latinoamericanista y popular. La base para ese intento consiste en denunciar al conjunto de la oposición como una nueva Unión Democrática (la coalición liberal que, con apoyo de los partidos Socialista y Comunista, enfrentó a Perón en 1946). La comparación es grotesca. Un recurso desesperado. Y no sólo porque la relación entre Perón y las masas en aquellos años es exactamente lo inverso comparada con la de Cristina Fernández. Hay que contar además que los restos fraccionados del Partido Comunista están hoy al lado del gobierno y que el PS de los años 1930 y 40 no tiene punto de comparación alguna con el actual. Pero el factor esencial es que no hay un movimiento obrero en auge de participación política, apoyado desde el oficialismo, ganando conquistas económicas y sociales para las mayorías. Y mucho menos una línea de choque antimperialista encarnada por el elenco gobernante: la participación aquiescente en el G-20, los acuerdos vergonzosos con la Barrick Gold, la negativa de Kirchner al 82% móvil para los jubilados y los funcionarios en el área de Economía provenientes del ultraliberalismo, todo encastrado en un accionar carente de programa y basado en negociados de corto plazo, hacen de éste un gobierno incomparable, por donde se lo mire, con el sentimiento social encarnado en las figuras de Perón y Eva en el punto de partida de aquel movimiento, con prescindencia del juicio de valor que merezca.
Sólo el carácter francamente mafioso del Peronismo Federal y la trayectoria impresentable de la Coalición Cívica abre espacio a las esperanzas oficiales. Y en ese punto se apoyan igualmente –aunque cada vez con mayor dificultad– las franjas autodenominadas de izquierda que respaldan al gobierno. Los planes tendientes a presentar a Maradona como candidato en la provincia de Buenos Aires, para arrastrar votos en favor de Kirchner, hablan por sí solos de la desesperación oficial.
No obstante, el aumento del PBI corre parejo con el aumento de la pobreza. Y la operación maquillaje de Alfonsín, puede eventualmente fabricar un candidato al que se vote por descarte. Como sea, es visible que el conjunto de la gran burguesía actúa a partir de la conclusión de que este ciclo está cerrado. Quienes desertan diariamente del gobierno, las intendencias y el PJ son el termómetro de ese clima de fin de fiesta, ya conocido en nuestro país.
Así se explican los apresurados movi-mientos para recomponer instrumentos electorales confiables para la burguesía, que ya están dando resultados contundentes en el Congreso: en cuestión de horas , los bloques opositores aprobaron una reforma del consejo de la magistratura y un predictamen que deja en el umbral la aprobación del 82% móvil; tomaron la presidencia de la comisión bicameral de control de la secretaría de inteligencia del Estado (Side); y relanzaron la campaña para denunciar corrupción en todos los terrenos.
Frente a esto, el gobierno no reacciona. Centrar su accionar en la ley de matrimonio homosexual –cuya aprobación daba por descontada por el apoyo de un amplio arco opositor– prueba la imposibilidad de apelar a cualquier propuesta de impacto popular y demuestra un desconocimiento total de la realidad social argentina: es posible que, con prescindencia del carácter progresivo de la medida, esto se convierta en un nuevo choque con amplias capas de la sociedad y ponga más al desnudo la fragmentación del oficialismo y la incapacidad de mando de Kirchner.

La pelea es entre ellos

Mal que pese a la "izquierda oficialista", lejos de aquella contradicción que en 1945 partió a la sociedad y dio lugar a una nueva etapa histórica en Argentina, hoy las peleas se limitan a espacios de poder para realizar escandalosos negociados, de los cuales la entrega de la minería a Barrick Gold es sólo una muestra. Sí es cierto que la derecha tradicional desata una ofensiva furiosa contra el Gobierno. Pero hay elementos incuestionables en este ataque. Según los datos entregados por la presidente y su consorte en la última declaración oficial, días atrás, la fortuna del matrimonio aumentó de 6 millones 851 mil 810 pesos en 2003, cuando asumió Kirchner, a 55 millones 537 mil 290 en julio de 2010.
Es moral y políticamente indefendible que una familia se enriquezca de esta manera desde la primera magistratura de un país en crisis, donde crece la miseria y la marginación. Y la idea de atacar a una fracción burguesa-imperialista desde la defensa de semejante conducta inhabilita toda propuesta sincera. Amasando fortuna personal, con Hugo Moyano a un lado y la Barrick al otro, saltando de manera oportunista entre Unasur y el G-20, oponiéndose al 82% mientras se paga la fraudulenta deuda eterna, la cohorte kirchnerista no es una opción ni aún ante la amenaza del Opus Dei.
Peor aún: en tanto que fracción burguesa, el elenco gobernante deja todo preparado para intentar la consolidación de un mecanismo bipartidista, al que sólo se pueda acceder con montañas de dinero: sólo para la provincia de Buenos Aires, donde se gastaron el año pasado $15 millones y medio, en 2011 se podrán gastar 31 millones. Ésa es la manera más efectiva de bloquear el accionar de las propuestas que no se dispongan a venderse de antemano al mejor postor para contar con recursos de campaña.

Afrontar el futuro

El drástico cambio de las últimas semanas no ha sido asimilado aún por las fuerzas empeñadas en edificar una herramienta política de masas, acabar con el bipartidismo burgués-imperialista y poner proa al futuro con un proyecto de Argentina integrada al Alba y encaminada hacia la concreción de la independencia definitiva. Todavía no se ha tomado cabal conciencia de que la relativa recomposición de la UCR, sumada a la absorción del PS y otros sectores del llamado centroizquierda, ponen en riesgo victorias electorales que ya se daban por descontadas en puntos vitales del país.
Si sólo se tratase de eso, no sería tan grave. Pero el hecho es que la dinámica bipartidista (que incluye como fracción a Kirchner) puede reactivar una fuerza centrífuga que deshaga los pocos pasos dados en pos de una convergencia plural de masas.
Es verdad que la desmovilización absoluta de la clase obrera y el estudiantado deja un margen de maniobra para que, una vez más, ramas del mismo tronco podrido de la partidocracia burguesa puedan arrastrar el voto dividido y desorientado de las masas. Pero en ese cuadro es posible trazar un horizonte antimperialista y latinoamericanista y acumular conciencia y organización para la verdadera batalla. Es lo que hace, desde la perspectiva opuesta, el fascismo opuspejotista, mientras deja que el reformismo se haga cargo de la próxima etapa.
Basta mirar el panorama mundial para comprender entre quiénes se dará la gran batalla.

Desde Buenos Aires, Gustavo Liñán

Río Negro: asesinato de tres jóvenes. Una historia repetida por parte de la policía provincial

Por entre montañas nevadas; bosques y lagos de fantasía; restaurantes de comida internacional; negocios de moda exclusiva y hotelería de lujo, los balazos de la Policía de Río Negro expusieron a la vista de todos, en especial de quienes se esfuerzan en no verla, la parte habitualmente oculta de la realidad social.
En Bariloche, la Suiza argentina, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.

En lo esencial, los elementos que llevan al desenlace del pasado jueves 17 de Junio no difieren en Bariloche de los que operan, con resultados similares y variaciones circunstanciales, a nivel nacional: desocupación estructural; trabajo precario; promesas incumplidas; marginación. Del lado de los que mandan: desentendimiento por los problemas sociales; clien-telismo político; oportunismo; ejer-cicio de la política para satisfacción exclusiva de am-biciones personales; frustración de las ex-pectativas populares y, cuando hace falta, represión.
A esa base, de la que no se aparta ni puede apartarse el desenvolvimiento de una sociedad dividida en clases, se incorporan algunas características propias que amplifican las consecuencias.
En primer lugar, la actividad económica principal, el turismo, inculca en y reclama de sus trabajadores una “actitud de servicio” que, infiltrada en la subjetividad de quienes lograron un lugar en el mundo laboral, deja poco espacio para la participación sindical y política, facilitando que el sindicalismo amarillo, sin ser una rareza a nivel nacional, aquí se constituya en regla. Con ello, la de por sí desigual lucha por el reparto de la riqueza encuentra aquí a uno de los contendientes especialmente debilitado.
En el mismo sentido, la afluencia de trabajadores golondrina en cantidad que supera largamente el incremento estacional de la demanda (hotelería, gastronomía, construcción, servicios), amenaza de desocupación mediante, aumenta la docilidad de los trabajadores. Por supuesto, las dirigencias sindicales mencionadas se ocupan de “descubrir” en aquella inmigración la responsabilidad de todos los males, cuya solución evidente pasaría a ser la limitación en el ingreso de mano de obra. Con esta solución, el reconocimiento y eventual cuestionamiento de las causas estructurales de la pobreza queda postergado.
Por su parte, las siempre renovables esperanzas de una próxima buena temporada de turismo alimentan la ilusión de vivir a salvo de los avatares de la economía nacional, con lo que el desinterés “por lo político” encuentra aquí un argumento adicional. El discurso de la clase dominante logra, por ejemplo, que trabajadores que poco o nada obtienen de los ingresos turísticos, contrariando su pertenencia de clase, se sumen al coro de quienes critican cualquier medida de fuerza laboral que pudiera entorpecer el ingreso de visitantes.
Existe también, quizás en mayor número, un sector de la sociedad directamente al margen de la estructura económica formal, sobreviviendo con changas, planes sociales, comedores comunitarios o directamente de la solidaridad pública. A este sector, que poco y nada tiene para perder, incluyendo las ilusiones, pertenecía el joven Diego Bonefoi. Como él, varios miles de adolescentes abandonados a su suerte, algunos de los cuales desafiaban con piedras e insultos al grupo de represión BORA, armado para una guerra, en los momentos posteriores al primer asesinato, con el resultado de otras dos muertes por las balas policiales, hasta ahora impunes.
Como reacción, un tercer grupo, formado principalmente por militantes sociales y políticos, infaltables protagonistas de multiplicidad de luchas, se movilizó inmediatamente junto a padres, familiares y amigos de las víctimas, conformando luego una Multisectorial contra la represión policial.
Una vez más es necesario resaltar el aspecto positivo de la existencia de un sector social que no sólo repudia los crímenes, la impunidad policial y la injusticia subyacente, sino que está dispuesto a movilizarse en su rechazo, y lo hace. Al no encontrar (o peor aún, descartada su búsqueda) los acuerdos necesarios para sumar a un proyecto de carácter político que se plantee una transformación profunda, el recorrido más probable incluye el riesgo del agotamiento y la disolución. No se trata de la profecía de un oráculo, es lo sucedido con innumerables experiencias previas, entre ellas, con las diferencias del caso, el movimiento asambleario surgido del 2001. En el mejor de los casos, tal carencia suele devolver a personas de probada honestidad militante a propuestas en el plano de “lo posible”, tales como fabricar invernaderos con botellas de plástico, promover incorporaciones al Banquito de la Buena Fe, y entelequias similares.
Los recientes asesinatos que cortaron de cuajo la vida de tres jóvenes en esta ciudad deben ser motivo suficiente para la necesaria tarea de construcción. Con el enemigo de clase, está claro, no contamos.
Desde Bariloche, Hugo Rangone

Corrientes: prostitución infantil, crónica del escándalo

Denuncia: a principios del mes de julio, el pueblo de Santa Rosa fue centro de atención para los medios nacionales, a raíz de fuertes acusaciones vertidas por una referente social sobre presuntos delitos de trabajo y prostitución infantil cometidos en el lugar, con gran presencia de casos de drogadicción. La situación está llena de discursos mediáticos contradictorios, mientras los hechos todavía no se esclarecen y el tema de la trata de personas reflota en una provincia catalogada como lugar de reclutamiento.

“En Santa Rosa, las familias preparan a las nenas para la prostitución.; con eso mantienen la casa”. Con estas palabras, Sonia López, titular local de Madres contra el Paco denunciaba ante el diario nacional Crónica, casos escandalosos. El relato destaca la inoperancia por parte de la Justicia y cargó contra el juez federal Carlos Soto Dávila.
No es la primera vez que Santa Rosa es centro de atención: el año pasado, el joven Ramiro Acevedo de 17 años desapareció, siendo hallado asesinado 12 días después, en la casa de un chico de la misma edad. En esa oportunidad, Sonia López había dicho que en la localidad “hace falta mayor celeridad en esclarecer los casos”.
Ante lo publicado, el ministerio de Gobierno y Justicia a cargo de Gustavo Valdez, ordenó reforzar el control policial en la zona y anunció una investigación a cargo de la justicia federal. En tanto el fiscal de instrucción, Diego Núñez Huel, inició una causa de oficio para esclarecer los dichos de López y la citó para este lunes.
Tras tomar ciertos testimonios y sin cerrar la investigación, el profesional estimó que “si hay dos casos, ó tres ó cuatro, no significa que haya una red de turismo sexual”. Todavía no hay una denuncia formal.
Desde su lugar, el intendente santarroseño, Juan José Encinas calificó de “exageradas” las declaraciones y acusó intentos destituyentes en contra su gestión.
El clima en Santa Rosa se caldeó aún más por las cámaras del canal América, quien calificó al pueblo de “capital del turismo sexual”, en una investigación televisiva. Hubo una protesta masiva de los vecinos por el sensacionalismo del informe que mostró imágenes que no se ajustaban a los relatos.

Qué pasó en las rotativas

Desde los dos medios gráficos más importantes de la provincia, “Epoca” y “El Litoral”, las noticias fueron tratadas con posturas diferentes.
El primero describió un pueblo sumido en el flagelo de la droga en donde “los abusos y venta de bebés son comunes” y el “95% recibe apoyo del municipio”, el cual pertenece a un justicialista. En cambio “El Litoral” se centró en una “falta de pruebas” de las acusaciones, con la clara intención de desestimarlas.
Para cubrir la manifestación, el matutino hablaba de una autoconvocatoria con la postura unificada de repudiar la investigación televisiva y hasta señaló que “algunos sectores de la sociedad propusieron atacar las viviendas de las mujeres que prestaron testimonio al informe”, de las cuales “una se acercó, pidió disculpas y trató de desmentir lo que todo el pueblo vio”. En comparación, dedicó mayor espacio a funcionarios.
“Epoca” contrarió a su par y señaló que el concejal Cristian Otaso convocó personas a la plaza mediante mensajes de texto y reflejó posturas divididas entre las personas (“algunos confirman los dichos televisivos, otros no están de acuerdo”). También contó que en medio de la concentración, una joven manifestó haber sido abusada 14 años atrás.
Más allá del sensacionalismo del informe televisivo, el flagelo de la trata de personas en la provincia no es menor y resulta preocupante. En su momento la religiosa Martha Pelloni hablaba de “alarmantes porcentajes de tráfico de niños y denuncias de padres abusadores” y La Red Nacional Alto al Tráfico y a la Trata, señaló a la ruta nacional 14 (que pasa por Entre Ríos y Corrientes), como parte del circuito del tráfico de personas en la región.

Desde Corrientes, Mariano Mauriño

Pueblos originarios y criollos en el Gran Chaco Sudamericano: una sola fuerza para luchar por la tierra

Alerta: Desde que las compañías productoras de semillas transgénicas motivaron a los empresarios a invertir en los campos, los campesinos e indígenas del norte argentino vienen corriendo serio peligro. Con la excusa de producir alimentos a bajo costo y la necesidad de los países desarrollados de buscar una alternativa a los combustibles fósiles (petróleo, gas), éstos han puesto sus ojos en tierras vírgenes del Gran Chaco Sudamericano, una rica biodiversidad que por sí sola produce alimentos, abrigos y energía para los pueblos que la habitan.

El proceso de destrucción comienza al quitarles las tierras a los habitantes originarios. Luego le sigue el desmonte para instalar estancias ganaderas, que es el anticipo a la preparación del suelo para la siembra de soja y el uso del herbicida conocido como glifosato, exterminador de otras plantas.
A raíz de esa amenaza, representantes de diversas organizaciones políticas y sociales del campesinado han decidido organizarse para enfrentar al monstruo capitalista y defender el territorio del Gran Chaco Sudamericano que, en nuestra Argentina, la componen las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y otras.
Los proyectos mineros arrasan en Catamarca
En épocas estivales, un grupo importante de ciudadanos de Santiago del Estero emigran hasta la vecina provincia para una oportunidad laboral, principalmente en la cosecha de la aceituna; a Catamarca, el cultivo de esos productos le resta cantidades de agua de los causes precordilleranos, dejando sin posibilidades a los campesinos de regar sus propios cultivos debido a los desvíos del agua hacia las plantaciones de los empresarios; además se suma la contaminación por el uso de productos químicos. También los elementos utilizados en los megaproyectos mineros que vienen instalándose en la provincia, como lo señala un lugareño, Rafael Aguirre: “En el caso del oeste catamarqueño nos afligen las instalaciones de yacimientos mineros que el gobierno justifica diciendo que por ahí pasa el desarrollo, por lo tanto justifica la construcción de rutas y caminos que dice ser para el desarrollo de los pueblos; en realidad es para favorecer el paso de camiones y máquinas de los proyectos mineros que ya son un peligro debido a la contaminación de los ríos porque usan los deshielos para las industria devolviendo el agua contaminada”. El dirigente agrega que el gobierno se ha preocupado de cooptar a las organizaciones para que en nombre del pueblo transmitan un discurso favorable a las empresas que invaden el valle catamarqueño.

La trampa correntina y ley de bosques de Formosa

El Ministerio de la Producción de Corrientes tiene un programa de regularización de tierras. El representante de organizaciones campesinas de la provincia señala: “…incluso te ponen abogados, te hacen los trámites pero te crean otro problema. Te ponen un precio que una persona que vive de la producción no puede pagar. Si te ponen financiamiento, primero tienes que pagar el 40% sino no te lo otorgan; ellos saben muy bien que un campesino no puede hacerlo, entonces lo hacen adrede.”
En tanto, el dirigente del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) señala: “En la misma ley de bosques nos van metiendo una trampa. La provincia de Formosa implementa una serie de políticas de conservación de áreas boscosas y no boscosas, que dice fortalecer a los sectores de menores recursos, a las comunidades aborígenes y deja establecidas reglas claras para todas y en un régimen de seguridad jurídica, pero abajo nos ponen una cláusula que dice: te vamos a dar un título donde puedes vender, es decir una empresa puede venir a invertir y comprar esos terrenos para volver a colocarlo al servicio de los monocultivos”. Así lo interpretan las comunidades de Formosa debido a que las inversiones subsidiarias y créditos son casi nulos para los pequeños productores.

Desde Santiago del Estero,
Pedro Herrera y María Tolosa

Córdoba: cerrojo a la información pública

Desinformación: en Córdoba se presentan serias trabas para acceder a la información pública, lo que dificulta el accionar de los partidos y distintas ONG´s. Diversos sectores, en especial el de salud, se ven afectados por esta situación.

Por Raúl Jiménez (*)

Las dificultades para acceder a la información pública en el ámbito de la provincia de Córdoba constituyen un obstáculo nada despreciable para el ejercicio de la oposición legislativa.
El incumplimiento de la ley 8.803 (precisamente de acceso a la información) no sólo ha sido expresado en el ámbito parlamentario sino que también fue denunciado por los coordinadores de la ONG “Córdoba Transparente” al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para rendir cuentas de la labor que desarrollaron con fondos provenientes de esa entidad de crédito. Esa ley, votada hace diez años por el delasotismo, fue una de las tantas puestas en escena pensada con un objetivo electoral, más que como un derecho ciudadano.
En salud, la ausencia de información sobre el mecanismo de contratación de equipamientos hospitalarios de Terapia Intensiva, para los hospitales Córdoba y Misericordia promovió, este año, pedidos de informes del Frente Cívico que a la fecha no han tenido respuesta y una denuncia a la Justicia del bloque Concertación Plural. La violación de la ley 9331 (compre Córdoba) y 7631(contrataciones del Estado provincial), fundamentos de la duda de los legisladores, no podrían exponerse jamás de cara a la sociedad sin que la sospecha del negocio se agigante.
Pero no sólo en el tema de las contrataciones queda expuesta la utilidad de la desin-formación. Tomemos el ejemplo del Hospital Pasteur de Villa María. Esta institución carece de tomógrafo; sin embargo mensualmente se solicitan cientos de tomografías y diversos estudios de imágenes que como no se hacen en el hospital se derivan al sector privado. En buen romance esto constituye transferencia de recursos del Estado al sector privado. ¿Cuál es la magnitud de esta transferencia? ¿Cuáles son los montos? ¿Desde cuándo?
No hay respuesta. El ministerio no quiere desnudar su incapacidad en gestión o su complicidad y el sector privado no quiere dejar al descubierto su negocio.
Pero hay más. La mortalidad materna aumentó del 2007 al 2009 cinco veces en la provincia. Los datos de esta tragedia son minimizados por las autoridades sanitarias de la provincia. Desconocemos, pese a solicitarlo oportunamente, lugar de residencia, condición social, cantidad de hijos, edad y estado inmunológico de las mamás fallecidas.
También, desde el punto de vista epidemiológico, distorsionar la realidad ocultando información, pareciera para este gobierno un escudo protector del futuro electoral.

(*) Legislador por el Frente Cívico y Social

Nuestros gobernantes y sus salarios

El tema de los salarios del gobernador, sus ministros y legisladores, sigue siendo una materia pendiente desde que recuperamos la democracia. El eje de discusión para que los ingresos de nuestros representantes tengan alguna legitimidad, no pasa por el monto de los mismos, sino por la coyuntura en que éstos se otorgan. Hasta que no se resuelvan los problemas esenciales de nuestra sociedad, sus salarios aparecerán siempre como exagerados.

Cada vez que decidieron aumentar sus ingresos, esto les trajo un enorme costo político, pues dichos incrementos siempre fueron desproporcionados en relación a los que hemos tenido los trabajadores.
La primera vez fue en diciembre de 1996 cuando en plena vigencia de la “emergencia”, el entonces gobernador Ricardo Mestre, envió a la legislatura un proyecto de aumento del 100% para sus remuneraciones, las de sus ministros y legisladores; por entonces y como rechazo a este aumento en sus dietas, el diputado Luis Juez presentó su renuncia en forma indeclinable.
La reforma política del 2001 modificó la constitución provincial creando la unicameral y redujo a la mitad la cantidad de legisladores; también se recortaron sus remuneraciones en un 40% y el presupuesto del Poder Legislativo pasó del 2% a tan sólo el 0,6% del presupuesto provincial; lo que evidenció la clara intención de condicionar seriamente su funcionamiento, en tanto es el poder más importante del Estado.
La segunda vez que abultaron sus salarios, fue el último día hábil del año 2005, otorgándose un aumento de nada menos que un 100%, lo que generó nuevamente un escándalo.
Desde aquel año, salvo el blanqueo salarial desde enero de 2009, los funcionarios y legisladores, no han tenido más aumentos “desproporcionados”, sino que ante la pérdida constante del poder adquisitivo, empezaron a incrementarlos en el mismo porcentaje que se acordaba a los trabajadores, esto es un 9% en lo que va del año. Finalmente, hace unas semanas y pese a la “fiebre mundialista” pretendieron acrecentarlo en un 50%, pretensión que por lo desmedida los puso de nuevo en el tapete. Y decimos pretensión desmedida, porque cada vez que los trabajadores reclamamos por aumento salarial, nunca hay plata. En lo que va del año solo hemos conseguido un 9%; y por el contrario, toda vez que los funcionarios provinciales deciden su propio aumento salarial, los recursos siempre aparecen.
Sólo una gestión democrática, participativa, transparente y equitativa, que no sea utilizada para su enriquecimiento y por sobre todas las cosas, implemente una justa distribución de la riqueza, será la única manera en que se legitimen los funcionarios y junto a ellos, sus ingresos ante la sociedad.

Desde Córdoba, Marcos González, ATE

Santa Fe: trabajadores de Paraná Metal denuncian Cristóbal López

La seccional de la UOM de Villa Constitución denunció a través de un comunicado que el empresario ligado a Néstor Kirchner, Cristóbal López, miente al decir que “los empleados están bien, cobran en término y reciben los aumentos acordados en las paritarias nacionales”. Además, insiste en que los trabajadores acepten retiros voluntarios para “equilibrar la planta”. Insistencia expresada no sólo en lo formal sino a través de la presión y la incertidumbre generada por el clima de angustia al que se los somete.
Lo paradójico surge del hecho de proponer retiros voluntarios y un programa de retiros para los jubilables que luego no son respetados por la empresa. Tampoco cobran ni el monto acordado ni en el tiempo previsto; no se les pagan los aumentos y deben iniciar acciones legales para que este compromiso se cumpla como corresponde.
Esta situación de total inseguridad e incertidumbre laboral no sólo afecta a los trabajadores propios de Paraná Metal, sino también alcanza a las empresas contratistas que prestan servicios dentro de la planta y al personal de éstas. Al igual que en el caso de los obreros propios se busca la asfixia económica, llevando al no pago de quincenas y sumiendo en una total incógnita el pago del aguinaldo.

Caleta Olivia, Santa Cruz: colosal consumo de agua dulce por las empresas petroleras

El proyecto nro. 509 de 2010, solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre: la presunta desviación del curso del río Senguerr; cantidad y ubicación de los puntos de captación, sistema de medición o control de la cantidad de agua dulce extraída por Repsol YPF S.A., que se estudie la instalación de caudalímetros; el cumplimiento de la Resolución 105/92 de la Secretaría de Energía de la Nación, por cuyo imperio las empresas concesionarias y permisionarias de áreas hidrocarburíferas, deberán paulatinamente sustituir la utilización de agua dulce de ríos, lagos o lagunas que se esté utilizando para recuperación secundaria, por aguas de otras fuentes; y que, se proceda a la modificación de la Disposición n° 002/2002/DPRH/CAP, elevándose el canon por uso de agua pública, al monto equivalente a cinco (5) módulos –ley n° 1451 artículo 122°- por metro cúbico consumido, paso a la comisión de recursos naturales, conservación del medio ambiente y turismo de la legislatura provincial.

Jorge Cruz autor de la iniciativa señaló “a las graves falencias en la infraestructura destinada a la captación y la provisión de agua potable en la zona norte provincial – acueducto Rada Tilli-Caleta Olivia y pozos de Cañadón Quintar y Meseta Espinoza-, se suma ahora la denuncia difundida públicamente por el concejal Facundo Prades –UCR- de la ciudad de Caleta Olivia, quien difundió a medios de prensa provinciales: “No se puede entender cómo mientras en Caleta estamos sin agua, en Truncado y Las Heras la gente (que puede) tiene que tomar agua mineral, aquí la petrolera chupa agua potable a razón de 40.000 m3 por día y la utiliza para inyectarla en los pozos y recuperar el petróleo más difícil de levantar”. Y continúa: “la empresa extrae agua dulce de 37 pozos de captación que tiene en el codo que hace el río (Senguer) dentro de nuestra provincia, y se calcula que la cantidad de agua extraída es de 40 mil m3 diarios y de acuerdo a los que realizaron técnicos en la materia, nadie sabe bien por qué no hay medición ni registros, aunque se supone que puede ser mucho más.
El diputado Cruz sostiene “es insoslayable que la problemática planteada es de singular gravedad, en atención a la escasez del recurso agua en la zona norte, lo cual compromete la calidad de vida de sus habitantes en forma crónica desde hace muchos años, y ante el colosal consumo de agua dulce por las empresas petroleras para su utilización en recuperación secundaria de petróleo, lo cual inutiliza el agua dulce para su consumo posterior, perdiéndose definitivamente”.
“Es decir entonces, que por la utilización e inmediata contaminación de un metro cúbico de agua dulce, equivalente a 10.000 litros de agua, las operadoras petroleras deberían pagar un monto aproximado de 1 (un) peso, una suma a todas luces irrisoria. Se impone la inmediata revisión del monto de este canon en el sentido de aplicarse al mismo un sensible incremento, proponemos se eleve el mismo a 5 (cinco) módulos, por cada metro cúbico consumido, de modo de implementar una medida disuasoria del uso de agua dulce para recuperación secundaria de hidrocarburos, e incentivar así a las empresas operadoras a utilizar agua proveniente de otras fuentes, y que a su vez le resulten más económicas”

viernes, 23 de julio de 2010

Mapa de los juicios en las distintas provincias

Genocidas: llegó la hora

Justicia: éste es un momento histórico: más de cien genocidas están siendo juzgados por los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Después de más de 25 años de democracia, esto deja asentado para el futuro, que la Argentina condena los crímenes de lesa humanidad: que quien secuestra, tortura, tira gente viva al mar, viola, roba niños, desaparece gente, participa en Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Extermino, censura y asesina, tiene Juicio y Castigo.

En 1995, cuando nació H.I.J.O.S., un momento así nos parecía imposible, pero era la utopía para andar. Así surgió el escrache como herramienta para construir la condena social, para que las casas de los represores fuesen sus cárceles. “¡Alerta, alerta los vecinos, al lado de su casa está viviendo un asesino!”, gritamos por muchos barrios, hasta llegar en 2006, a 30 años del golpe genocida, a la del dictador Jorge Rafael Videla, quien gozaba del privilegio del arresto domiciliario, para cumplir prisión preventiva por el plan sistemático de robo de niños. Luego fue trasladado al Penal de Campo de Mayo y ahora está siendo juzgado en Córdoba, junto a Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 represores.
Éste es el año de los juicios a los genocidas. Por primera vez tenemos tantos debates en simultáneo, combatiendo la impunidad, generando instancias reparadoras para las víctimas, diferenciando las prácticas genocidas de las luchas del pueblo por su liberación. Y esto se plasma en que en este momento hay diez juicios orales y públicos en el país (dos en Chaco, uno en Santa Fe, uno en Mendoza, uno en Córdoba, cuatro en la ciudad de Buenos Aires, uno en La Plata) y uno en Italia, al genocida Massera en ausencia. Y este camino no podrá ser desandado, porque los genocidas gozan de todos sus derechos y garantías.
Pero no podemos pasar por alto que la justicia se tomó demasiado tiempo: ya murieron muchos represores y cómplices en absoluta impunidad, hay madres y padres que no pudieron ver justicia ni saber qué hicieron con sus hijos e hijas, cientos de jóvenes continúan sin conocer su identidad y los genocidas mantienen sus nefastos pactos de silencio, que si los rompieran darían toda la verdad que necesita este pueblo para saber qué hicieron con cada uno de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
En los banquillos de todo el país faltan represores. Porque los dieciocho que son juzgados en la mega causa ESMA no son todos los que manejaron ese centro clandestino, en el que hubo alrededor de 5.000 detenidos-desaparecidos (de los que sólo sobrevivieron alrededor de 200), y una maternidad clandestina. Tampoco están todos los represores del Vesubio, ni de la Masacre de Margarita Belén en Chaco, ni de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata. Entre 1976 y 1983 hubo un plan sistemático de exterminio y robo de niños, cometido en todo el país por el Estado terrorista, con todas las Fuerzas de Seguridad implicadas, con civiles, como curas, médicos, periodistas, entre otros. Y también con la participación de los ejércitos de otros países, como Uruguay y Chile, en el marco del Plan Cóndor.
En cada audiencia de los juicios se revive todo, se narran las torturas, los secuestros, los días de cautiverio, los partos en los centros clandestinos y todo eso frente a los mismo victimarios, como Alfredo Astiz, el Turco Julián, Losito y tantos otros
Cuando un sobreviviente cuenta su historia se mete en un túnel del tiempo del que sólo la justicia lo puede sacar. Porque es la que debe poner las cosas en su lugar: a los genocidas en cárceles comunes, con condenas perpetuas y efectivas.
Si tenés 18 años o más podés ir a los juicios. Todos los que vamos tenemos muy claro lo difícil que es estar ahí. Pero también sabemos cuán necesario es. Por nosotros, por nuestros padres, por nuestros hijos. Porque a los genocidas los juzga un Tribunal, pero los condenamos todos.

H.I.J.O.S.
Regional Capital en la Red Nacional www.hijos-capital.org.ar (podés consultar ahí el cronograma de audien¬cias de todo el país)

Reunión en Toronto: almuerzo por conveniencia

Complicidad: la presidenta Cristina Fernández almorzó con directivos de la Barrick Gold, empresa minera que explota desde hace más de cinco años el yacimiento de oro de Veladero, en San Juan y que está construyendo, en la frontera con Chile, la mina de oro de Pascua Lama, una de las más grandes y rentables del mundo.

En el marco de la reunión del G20, la presidente argentina, fue invitada por el fundador de la empresa minera Barrick Gold a un almuerzo, al cual asistió sin reparos. No sólo disfrutó del convite, sino que como agradecimiento aseguró a los empresarios que “las reglas no cambiarán, y eso es muy importante para una inversión de largo plazo”. Esto significa que el gobierno argentino no tocará las extraordinarias ganancias que la empresa se lleva de nuestro país.
Cabe recordar que Barrick Gold fue señalada en su momento como la impulsora del veto de la Presidenta a la ley de glaciares, que prohibía la explotación de yacimientos mineros en la zona, donde se encuentran justamente Veladero y Pascua Lama, ya que dicha ley chocaba de frente contra los intereses de la empresa.
Barrick Gold Corporation es la multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto. Mantiene más de 27 minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Republica Dominicana, Argentina y Tanzania.

Otros inocentes comensales

También participaron del almuerzo los directivos de Panamerican Silver, que explota la mina de Manantial Espejo de plata y oro en Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Esta empresa acaba de comprar el yacimiento Navidad en el norte de la meseta de Chubut, la más grande reserva de plata del país y una de las más grandes del mundo. Para ayudar a este cometido, el gobernador de esa provincia, Mario Das Neves se dispone a modificar la legislación provincial que actualmente prohíbe la explotación minera a cielo abierto.
Otros co-mensales fueron los directivos de Oro Cobre y Lithium Ame-ricas, que está preparando la explotación de minas de litio en los salitrales de la puna salteño-jujeña. Esto se debe a que el noroeste argentino, al igual que Bolivia, posee grandes reservas de este mineral, que es clave en la fabricación de las baterías para los autos eléctricos o híbridos.
Junto a Cristina Fernández estuvieron los gobernadores de Salta Juan Manuel Urtubey y el jujeño Walter Barrionuevo, los continuadores de la política de Eduardo Fellner y Juan Carlos Romero. Por su parte, el riojano Beder Herrera, que hizo campaña criticando el proyecto de la Barrick en Famatina, también se hizo presente.
El presidente de la compañía minera elogió la transparencia institucional del gobierno y la solidez de las instituciones políticas argentinas, en clara devolución de favores.

Ley de glaciares: ofensiva del capital oligopólico minero

Por Jorge Cardelli (*)

A lo largo del debate sobre la ley de glaciares y mas aún, en las exposiciones de los legisladores nacionales del kirchnerismo sobre la minería y las promesas de desarrollo que la misma ofrece para las diferentes provincias del oeste cordillerano, del norte y del sur del país, que sirven para justificar el saqueo de nuestros recursos naturales y la depredación ambiental, están ausentes los oligopolios mineros como es el caso de la Barrick Gold. Los principales protagonistas de la política de saqueo de los recursos naturales y de la depredación de la naturaleza de nuestro país, solo aparecen como agentes promotores de inversión, desarrollo y del progreso.

Parecería que la economía, la minería y otras actividades de nuestro país fueran actividades sin sujeto, es decir, actividades que no las realiza nadie. Parecería que cuando discutimos sobre la minería hablamos de una industria en general y no hacemos referencia a las corporaciones ni a las trasnacionales mineras, que son aquellas contra las que han peleado las asambleas ciudadanas a lo largo del oeste argentino. No es que haya una explotación minera en abstracto realizada por empresarios de aquí u otra nación y que no defienden ningún interés nacional. Hay trasnacionales mineras y tienen nacionales que las protegen.
Nuestro país es verdaderamente contradictorio. Con la ley de inversiones extranjeras que teníamos en 1974, ni remotamente una trasnacional minera se iba a llevar la ganancia como ahora, sin ninguna rendición de cuenta. En ese año teníamos una ley universitaria que decía que estaba absolutamente prohibido trabajar en una universidad nacional y ser miembro de una trasnacional minera. Hoy las trasnacionales mineras se dan el gusto de financiar parte de la actividad universitaria, y no solamente eso: condicionan los propios desarrollos curriculares y son activas ideológicamente, porque nadie puede negar que en muchísimas provincias hacen aportes, y muchos de carácter muy sentido por la gente: tomógrafos, escuelas, premios, etcétera. Lo que sí tienen a buen resguardo es que en esas escuelas ni por casualidad se puede cuestionar el papel que tienen estas trasnacionales en los propios lugares. El paso de los años nos ha hecho retroceder en el plano de la conciencia, claro está, dictadura y genocidio mediante. A esto hay que agregar las derrotas de los proyectos nacionales de posguerra en el tercer mundo en los 70 y también la ofensiva neoliberal.
Las trasnacionales mineras han demostrado ser realmente eficientes, porque cuando nosotros estábamos avanzando en el Congreso Nacional en el debate sobre el problema de cómo ponerles coto a la ofensiva de este capital trasnacional sobre la zona periglaciar a los glaciares, para explotar los probables minerales que allí se encuentren, poniendo en riesgo la existencia misma de los glaciares, se empezaron a mover rápidamente hace un par de meses y a plantear cómo hacer para declarar inconstitucional la ley que salga del Parlamento, ya que sería una copia de la ley Maffei que había vetado la presidenta Cristina Kirchner.
Para enturbiar todavía más la cuestión, a su vez intentan promover en diferentes provincias legislaciones promineras que eufemísticamente se denominan de defensa de los glaciares, generando así la confrontación entre nación y provincias y también un falso federalismo. Argumentan que los recursos naturales son de las provincias, según lo prescribió la constitución de 1994 y consiguientemente la nación no tiene que meterse en ellas.
¿Qué diferencia tiene ésto con la Standard Oil que, junto con Patrón Costas, por entonces gobernador, querían sacar el petróleo en Salta, mientras que el general Enrique Mosconi, junto con Hipólito Yrigoyen, se opusieron tenazmente? ¿Qué es eso? ¿O resulta que Patrón Costas y la Standard Oil eran los progresistas y representaban el desarrollo mientras que Yrigoyen era la entrega y el atraso?
Hay que aceptar que estamos ante una ofensiva del capital minero que se está apropiando de nuestro propio territorio. Es parte de la ofensiva general del capital imperialista por nuestra tierra, ya sea para explotación minera, agrícola o turística. Por ello ha crecido tanto la lucha por la defensa de la tierra ante la política de desalojos implementada por los gobiernos provinciales. En este país se desaloja sin piedad a cualquier campesino que ocupe un área donde se va a construir una mina, donde van a meter un emprendimiento turístico o donde van a sembrar soja.
Hoy existe una operación del capital que no es una entelequia. Tiene naciones que lo apadrinan. El capital es norteamericano, chino o europeo. No hay capitales argentinos que repatríen ganancias de sus inversiones fuera del país. Los de acá mandan sus ganancias para afuera y también las inversiones extranjeras siguen enviando afuera los dólares de ganancia.
Entonces, para nosotros es importante que salga una ley como la de Marta Maffei que sea una protección real para los glaciares y su región periglaciar. Esta ley es importante pero es claro que es insuficiente. Seríamos muy tontos si pensáramos que con esta iniciativa vamos a parar esta ofensiva del capital minero y de todos los socios que tienen aquí. Los que tenemos origen peronista y hemos estudiado la historia de la dependencia de nuestro país, sabemos con absoluta claridad que la oligarquía y el capital nunca operaron sin socios internos. No operan en abstracto. Los discursos que afirman que no existe el capital imperialista, hoy son totalmente inconsistentes. De la misma manera con sus formas de operar a través de socios internos. Claro que tienen socios y operadores internos. Contra estos socios es con los que pelean los movimientos sociales ambientalistas cuando no directamente con el capital oligopólico minero.
Para el movimiento popular una ley de protección de glaciares como la señalada en el párrafo anterior es sumamente importante. Va a ayudar a todos los compañeros y compañeras que pelearon a lo largo de la cordillera defendiendo los recursos naturales y nuestros propios derechos.
Al mismo tiempo, vamos a dar una muestra de sentido nacional porque cuando estamos hablando de una ley nacional de protección de los glaciares y sus zonas periglaciares hacemos referencia a un cierto marco de encuadre nacional donde las provincias son parte de una nación y no coto de caza del capital imperialista. También se abre de manera concreta y pública la posibilidad de las evaluaciones ambientales, además tener un inventario de los glaciares y las zonas periglaciares.
Pero seamos conscientes. Simplemente estamos poniendo una pequeña valla porque hasta ahora el capital viene mostrando que es más poderoso que nosotros. Mientras avanzábamos a paso lento, ellos ya estaban dando varios pasos más. Es necesario fortalecer el tema de la conciencia ambiental y la denuncia a este capital imperialista que viene a saquearnos. La única forma posible de derrotarlos es con la rebelión popular y para esto es imprescindible el desarrollo de la conciencia ambiental.

*) Diputado nacional de Proyecto Sur

A 8 años del asesinato de Kosteki y Santillán

El puente Pueyrredón fue, como todos los años, el escenario elegido para reclamar por los asesinatos a sangre fría de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a manos de la policía federal, el 26 de junio de 2002.
En aquel momento, muchos medios de comunicación mintieron acerca del hecho e informaron que los piqueteros se habían matado entre ellos. El caso más paradigmático fue el del diario Clarín, quién titulo que “la crisis (en referencia a la desatada en diciembre del 2001, que llevó a la caída del presidente Fernando De la Rúa) causa dos nuevas muertes”. Sin embargo, el matutino tenía en su poder la secuencia de fotos sacadas por el fotógrafo Pepe Mateos, donde se veía claramente que el comisario Héctor Franchioti, disparaba por la espalda a Maximiliano mientras este cuidaba a su amigo Darío que yacía herido gravemente en el suelo.
El reclamo principal fue la exigencia de la encarcelación de los responsables políticos del hecho: Eduardo Duhalde, Felipe Solá y Aníbal Fernández.

Nuevo partido: Unidad Popular

Con vistas al 2011 se creó el Instrumento Electoral, denominado Unidad Popular, que tiene como objetivo batallar en la provincia de Buenos Aires. Liderado por Víctor De Gennaro de la CTA, el congreso fundacional del partido se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional, regional Avellaneda. También forman parte de esta alianza el jefe del bloque de diputados del SI, Eduardo Macaluse, y Graciela Iturraspe, ambos de ATE y Marta Maffei (Ctera).
A la fuerza bonaerense se suma la representación de la Capital que le dan las legisladoras Delia Bisutti y María América González (hasta ahora del SI porteño); la diputada nacional por Santa Fe Verónica Benas (ex SI), y habrá "una articulación futura" con Proyecto Sur, que lideran los diputados Fernando "Pino" Solanas y Claudio Lozano.
La idea del nuevo espacio es "la unión de las fuerzas populares" y crear "una confederación de partidos a nivel nacional y tener buen diálogo con todo partido que tenga propuestas similares", dijo Macaluse.

Movimientos Sociales y Demandas Populares: hacia la unidad como fortaleza transformadora

Acción: el conflicto con la empresa Botnia en Gualeguaychú, la protesta contra la minería a cielo abierto en Catamarca, el reclamo mapuche en Villa la Angostura, expresan el desafío por unificar las demandas populares bajo una identidad política de alcance nacional.

Por Mariano C. Bibolini

El 17 de febrero de 2005 el estado uruguayo oficializó la autorización del proyecto de radicación de la planta elaboradora de pasta celulosa de la empresa finlandesa Botnia en la orilla del río Uruguay, frente a las costas de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.
Esta decisión generó la constitución de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú, integrada por vecinos autoconvocados, organizaciones sociales y ecologistas, centrando el reclamo en la defensa del ambiente y en la protección de las especies de flora y fauna del ecosistema del río Uruguay, del recurso natural agua y de la vida humana ante las consecuencias contaminantes del proceso. El 3 de enero de 2006 se iniciaron los bloqueos y cortes del puente que une esa ciudad con la de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay. A ese corte se sumaron los vecinos de otros dos pasos fronterizos, durante 45 días consecutivos; afectando seriamente el intercambio comercial y turístico entre ambos países y generando todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra de la medida.
Entre diciembre de 2009 y enero de 2010, vecinos y ambientalistas de la asamblea Los Algarrobos, constituida en Andalgalá, provincia de Catamarca, protestaron en contra de la minería a cielo abierto e impidieron el paso de máquinas y vehículos hacia el mega emprendimiento Agua Rica, en un camino comunero que une las localidades de Chaquiago y El Potrero. Fueron violentamente reprimidos por efectivos policiales luego de una orden emanada por el juez del lugar, desalojados de la ruta y procesados judicialmente varios de sus referentes.
Durante los últimos días del año 2009, la comunidad mapuche Paichil Antriao – Villa la Angostura, Neuquén- fue reprimida fuertemente; la policía habría golpeado a cuatro jóvenes. Esta población está en conflicto con el estadounidense William Fisher, quien reclama la propiedad de 10 hectáreas que están dentro de la comunidad; la cual, como consecuencia de esta disyuntiva, el 2 de diciembre del año pasado fue violentamente desalojada. Al igual que Lewis o Benetton, Fisher intenta apropiarse de tierras pertenecientes a los pueblos originarios, con la complicidad del gobierno provincial. Tanto en los noventa como en la actualidad, las políticas de entrega han permitido los continuos desalojos de las comunidades de sus tierras. La situación generó la intervención de organismos de derechos humanos, como así también la presencia de los diputados nacionales Jorge Cardelli (Proyecto Sur) y Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Los tres conflictos referidos se enmarcan dentro del concepto de “Demanda Popular”; es decir, aquel reclamo social que el sistema no logra resolver. Si estos reclamos insatisfechos pudieran ser percibidos por los ciudadanos como equivalente a otras demandas igualmente no satisfechas (salud, educación, empleo), comenzarían a generar una cadena de demandas populares equivalentes, detrás de las cuales podría constituirse el pueblo, como actor histórico autotransformador. El gran desafío de esta hora es la unificación de estas demandas populares, la articulación de las mismas bajo una identidad popular, de la cual surja una conducción y liderazgo político con alcance nacional, que realice las profundas transformaciones largamente esperadas por las grandes mayorías, históricamente sometidas.

Desde Buenos Aires

Manuela Sáenz volvió a Venezuela

Los restos de la heroína independentista sudamericana Manuela Sáenz, llegaron el sábado a Venezuela y fueron ubicados en el Panteón Nacional junto a los del libertador de América, Simón Bolívar. Antes habían recorrido Colombia, Perú y Ecuador.

Manuela Sáenz Aispuru fue una destacada patriota ecuatoriana y compañera de Simón Bolívar, a quien acompañó en todas sus acciones y es considerada como una de las primeras feministas de la independencia de América del Sur.
Su traslado a Caracas formó parte de los actos con motivo del 199º aniversario de la firma del Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela, que se celebró el pasado 5 de julio.
La ministra de Educación, Jennifer Gil Laya, manifestó que los restos de Manuela Sáenz, nacida en Quito, Ecuador, siguieron la ruta de la campaña admirable que realizó Bolívar desde San José de Cúcuta, Colombia, el 14 de mayo de 1813, con el objetivo de liberar a Venezuela del poder español. Esta campaña incluyó también a Perú y Ecuador.
Tras su llegada a Táchira, los restos de Sáenz recibieron los honores de la Fuerza Armada venezolana. En La Guaira, principal puerto de Venezuela, a 32 kilómetros al norte de Caracas, autoridades de la ciudad y cancilleres de América Latina le rindieron tributo en la histórica Plaza Bolívar.
Las actividades en homenaje a la memoria de Sáenz, incluyeron también la presentación de cinco libros sobre las cartas entre la heroína y el libertador de América, editados por la presidencia de Venezuela.

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