Córdoba: cerrojo a la información pública

Desinformación: en Córdoba se presentan serias trabas para acceder a la información pública, lo que dificulta el accionar de los partidos y distintas ONG´s. Diversos sectores, en especial el de salud, se ven afectados por esta situación.

Por Raúl Jiménez (*)

Las dificultades para acceder a la información pública en el ámbito de la provincia de Córdoba constituyen un obstáculo nada despreciable para el ejercicio de la oposición legislativa.
El incumplimiento de la ley 8.803 (precisamente de acceso a la información) no sólo ha sido expresado en el ámbito parlamentario sino que también fue denunciado por los coordinadores de la ONG “Córdoba Transparente” al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para rendir cuentas de la labor que desarrollaron con fondos provenientes de esa entidad de crédito. Esa ley, votada hace diez años por el delasotismo, fue una de las tantas puestas en escena pensada con un objetivo electoral, más que como un derecho ciudadano.
En salud, la ausencia de información sobre el mecanismo de contratación de equipamientos hospitalarios de Terapia Intensiva, para los hospitales Córdoba y Misericordia promovió, este año, pedidos de informes del Frente Cívico que a la fecha no han tenido respuesta y una denuncia a la Justicia del bloque Concertación Plural. La violación de la ley 9331 (compre Córdoba) y 7631(contrataciones del Estado provincial), fundamentos de la duda de los legisladores, no podrían exponerse jamás de cara a la sociedad sin que la sospecha del negocio se agigante.
Pero no sólo en el tema de las contrataciones queda expuesta la utilidad de la desin-formación. Tomemos el ejemplo del Hospital Pasteur de Villa María. Esta institución carece de tomógrafo; sin embargo mensualmente se solicitan cientos de tomografías y diversos estudios de imágenes que como no se hacen en el hospital se derivan al sector privado. En buen romance esto constituye transferencia de recursos del Estado al sector privado. ¿Cuál es la magnitud de esta transferencia? ¿Cuáles son los montos? ¿Desde cuándo?
No hay respuesta. El ministerio no quiere desnudar su incapacidad en gestión o su complicidad y el sector privado no quiere dejar al descubierto su negocio.
Pero hay más. La mortalidad materna aumentó del 2007 al 2009 cinco veces en la provincia. Los datos de esta tragedia son minimizados por las autoridades sanitarias de la provincia. Desconocemos, pese a solicitarlo oportunamente, lugar de residencia, condición social, cantidad de hijos, edad y estado inmunológico de las mamás fallecidas.
También, desde el punto de vista epidemiológico, distorsionar la realidad ocultando información, pareciera para este gobierno un escudo protector del futuro electoral.

(*) Legislador por el Frente Cívico y Social