Nuestros gobernantes y sus salarios

El tema de los salarios del gobernador, sus ministros y legisladores, sigue siendo una materia pendiente desde que recuperamos la democracia. El eje de discusión para que los ingresos de nuestros representantes tengan alguna legitimidad, no pasa por el monto de los mismos, sino por la coyuntura en que éstos se otorgan. Hasta que no se resuelvan los problemas esenciales de nuestra sociedad, sus salarios aparecerán siempre como exagerados.

Cada vez que decidieron aumentar sus ingresos, esto les trajo un enorme costo político, pues dichos incrementos siempre fueron desproporcionados en relación a los que hemos tenido los trabajadores.
La primera vez fue en diciembre de 1996 cuando en plena vigencia de la “emergencia”, el entonces gobernador Ricardo Mestre, envió a la legislatura un proyecto de aumento del 100% para sus remuneraciones, las de sus ministros y legisladores; por entonces y como rechazo a este aumento en sus dietas, el diputado Luis Juez presentó su renuncia en forma indeclinable.
La reforma política del 2001 modificó la constitución provincial creando la unicameral y redujo a la mitad la cantidad de legisladores; también se recortaron sus remuneraciones en un 40% y el presupuesto del Poder Legislativo pasó del 2% a tan sólo el 0,6% del presupuesto provincial; lo que evidenció la clara intención de condicionar seriamente su funcionamiento, en tanto es el poder más importante del Estado.
La segunda vez que abultaron sus salarios, fue el último día hábil del año 2005, otorgándose un aumento de nada menos que un 100%, lo que generó nuevamente un escándalo.
Desde aquel año, salvo el blanqueo salarial desde enero de 2009, los funcionarios y legisladores, no han tenido más aumentos “desproporcionados”, sino que ante la pérdida constante del poder adquisitivo, empezaron a incrementarlos en el mismo porcentaje que se acordaba a los trabajadores, esto es un 9% en lo que va del año. Finalmente, hace unas semanas y pese a la “fiebre mundialista” pretendieron acrecentarlo en un 50%, pretensión que por lo desmedida los puso de nuevo en el tapete. Y decimos pretensión desmedida, porque cada vez que los trabajadores reclamamos por aumento salarial, nunca hay plata. En lo que va del año solo hemos conseguido un 9%; y por el contrario, toda vez que los funcionarios provinciales deciden su propio aumento salarial, los recursos siempre aparecen.
Sólo una gestión democrática, participativa, transparente y equitativa, que no sea utilizada para su enriquecimiento y por sobre todas las cosas, implemente una justa distribución de la riqueza, será la única manera en que se legitimen los funcionarios y junto a ellos, sus ingresos ante la sociedad.

Desde Córdoba, Marcos González, ATE