La Matanza: Desalojo en Ciudad Evita

Desamparo: más de cien familias pobres del barrio “Tierra y Libertad”, denuncian que fueron intimadas a abandonar sus viviendas ubicadas en terrenos fiscales por orden del juez Norberto Occhipinti, quién en los próximos días podría ordenar el desalojo con represión policial. Por esta razón, los vecinos evalúan autoevacuarse para evitar mayores conflictos.

Después de dos años de lucha por tierra y vivienda, cien familias del barrio “Tierra y Libertad” de Ciudad Evita, están nuevamente amenazadas de quedar en la calle.
El pedido de desalojo por parte del Foro por la Seguridad de la mencionada localidad, se sustenta en que las tierras ocupadas son terrenos con bosques de cincuenta años de antigüedad y las casas dañan el cordón ecológico. Sin embargo, vecinos del barrio indican que una de las razones es utilizar esos predios para la construcción de inmuebles. Esto se debe a que los denunciantes, integrantes del CO.SE.MA. (Comisión de Seguridad de La Matanza), están vinculados a los negocios inmobiliarios y también a las fuerzas policiales.
Otra razón que esgrimen, es que al ver casas pobres desde sus ventanas se devalúan sus propiedades, y afirman que desde el barrio salen a robar autos y a cometer delitos.

Antecedentes

Desde marzo de 2008, unas cuarenta familias organizadas ante el grave problema de la vivienda, decidieron tomar un predio que era utilizado por un vecino de apellido Pulido y un grupo de matones, en complicidad con la policía, para hacer negocios con el desarme de autos robados.
La toma se conformó en pocos meses en el barrio “Tierra y Libertad”, ubicado entre ruta 21 y Las Clavelinas, en un terreno vacío de unas quince hectáreas, a 500 metros de la rotonda Querandí en Ciudad Evita, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
“Teníamos lo básico; un nylon grande y un par de maderas para hacer una carpa grande, algunas frazadas, la olla grandota y mate cocido para los pibes”, enumera Adelina Aquino, quién antes de mudarse al barrio vivía con su familia en una habitación cuyo alquiler representaba la mayor parte del presupuesto familiar.
Los vecinos se organizaron para conseguir luz y agua corriente y fue creciendo en cantidad de familias. Varios han sido los intentos de desalojo que han padecido desde que se instalaron en el lugar. “Hemos crecido, siendo actualmente 145 familias, porque hemos ocupado en dos oportunidades más tierras aledañas a las tierras que ocupamos por primera vez”, cuenta un vecino sobre las últimas expansiones del barrio, una producida hace seis y la segunda hace unos tres meses, que suman cerca de ochenta familias más al barrio, todas hoy en día en riesgo de perder su vivienda. “No vamos a dejar que los que tienen plata hagan lo que quieran y nos sigan pisando la cabeza”, dice Elena.
Pero desde el foro de vecinos insisten con el desalojo y la relocalización de las familias.
Los nuevos problemas de este traslado es una guerra de pobres contra pobres promovida por un estado municipal que no interviene o, peor, interviene a favor del negocio inmobiliario y no de los derechos de las mayorías.