Asignación universal por hijo: “Debería regirse por la universalidad”

Por Claudio Lozano*

Hay que tener en cuenta las transformaciones brutales que la Argentina tuvo en los últimos treinta años. No existe más el hecho de que acceder al empleo suponga tener ingresos razonables, por lo menos para la mayor parte de los trabajadores. Prácticamente el 60 por ciento de la fuerza laboral en nuestro país está fuera del circuito formal, por lo tanto no tiene acceso a ninguna cobertura. Todas las instituciones que en su momento se crearon para garantiza un piso mínimo de derechos y de ingresos, han perdido eficacia. Antes, prácticamente todo trabajador percibía la Asignación Familiar. En la práctica, hoy lo percibe sólo una parte pequeña: Son 4 millones 200 mil pibes sobre un total de 13 millones los que están cubiertos por este sistema. Por esta razón, la universalidad es el mecanismo por el cual se deberían regir hoy, en este nuevo contexto, las políticas públicas. Para que haya un piso de garantía de derecho y de ingresos al conjunto de los trabajadores. La Asignación Universal por Hijo significa transformar lo que es el actual sistema de asignaciones familiares en un acceso a un nuevo derecho, a un ingreso básico de alcance universal para todos los pibes y las pibas de la Argentina.

El Gobierno lanza esta medida frente a lo que es una batalla política y cultural donde nosotros ganamos y venimos trabajando en esto hace muchísimo tiempo. Ahora, frente a la coyuntura, al agravamiento del cuadro social y a la presencia dominante de este planteo, el Gobierno trata de hacer algo comprando la legitimidad de la demanda, pero incorporándola en su matriz conceptual: en vez de deponerla como ley y para el debate decide un decreto. Segundo dato que hace al ADN gubernamental: nunca creyeron en la universalidad y por lo tanto es que dicen que esta situación es para los hijos de los trabajadores desocupados, y de los trabajadores de la economía informal que ganen menos que el salario mínimo. Al decirlo así ya no es para todos. Además aparecen un conjunto de maniobras que van a obligar a la intermediación. Entonces, el primer punto es el tema de que no es un derecho. El segundo, que no es universal. Tercero, la justicia viene de la mano del financiamiento: que haya derecho para todos financiados por quienes tienen mayor capacidad para aportar. Pero el decreto del gobierno no asume esto y qué hace: le saca plata al Anses, que en realidad debería servir para cancelar las deudas previcionales que tienen con nuestros mayores, en un contexto donde 8 de cada 10 ganan la mínima. Terminamos optando como sociedad entre los haberes de los jubilados y la ampliación de la cobertura de los pibes más postergados, cuando no hay ninguna razón para hacerlo. Porque nos sobran millonadas de subsidios. Más de 30 mil millones de pesos en subsidios que tienen por detrás a las principales empresas del país en el caso del presupuesto nacional. Si querían tocar plata del Anses ¿Porqué no le devuelven las contribuciones patronales que Domingo Cavallo bajó a la mitad en el marco del uno a uno? Podríamos recuperar 15 mil millones de pesos volviendo a lo histórico. No hay razones para justificar este financiamiento regresivo. Si se pretende garantizar que todos los hogares estén por encima de la línea de indigencia, con esto no alcanza. Se necesita 300$ por pibe. Hicimos un estudio que nos permite mostrar que en realidad, con el criterio del Decreto Oficial, tendríamos una reducción de la pobreza en 700 mil personas y de la indigencia de un millón 800 mil. Con el planteo de universalidad que nosotros hacemos, aplicando los 180$, ni siquiera los 300$, estaríamos reduciendo en un millón 800 mil personas la pobreza y en 3 millones la indigencia. Y con 300$ la indigencia directamente desaparece. Por lo tanto, mas allá de que la cobertura se amplía, existen todas estas cosas por las cuales habrá que seguir batallando para que esto se extienda como un derecho, como corresponde.

* Diputado por Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur