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martes, 23 de noviembre de 2010

Hacia la defensa del pequeño campesino y sus tierras. Por Mariano Bibolini.


Territorio: El pasado martes 9 de noviembre tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación, la Audiencia Pública para presentar y debatir el proyecto de ley por el cual se suspenden por cinco años los desalojos ordenados tanto judicial como administrativamente, sobre las tierras ocupadas por Pequeños Productores Agropecuarios.

La Audiencia fue convocada por los Diputados nacionales Jorge Cardelli (Proyecto Sur Capital Federal) en su carácter de autor del proyecto, y Pablo Orsolini (UCR Chaco), quien tiene presentado desde marzo de este año un proyecto de resolución con el mismo espíritu. Asistieron también y como parte interesada en la cuestión, militantes y referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y de la Federación Agraria Argentina (FAA).

El conflicto
Según el Boletín Demográfico para América Latina: Proyecciones de Población Urbana y Rural de la CEPAL (2005), la población rural viene reduciéndose a un ritmo que no parece detenerse. En el año 2000 la población rural total en Argentina ascendía a 3,8 millones. En el año en curso es de 2,8 millones y se estima que para el año 2025 será de 2 millones de personas.
Esta situación no es la tendencia general en América Latina, siendo que en varios países latinoamericanos se registra un leve crecimiento de sus poblaciones rurales.
¿Qué pasa, entonces, en Argentina? La extensión de la frontera agrícola, el monocultivo de la soja, la necesidad de una agricultura guiada por la lógica de la ganancia capitalista, el desarrollo creciente de emprendimientos turísticos e inmobiliarios y los proyectos mineros y petroleros, han provocado un sistema expulsivo y que desaloja a los pequeños campesinos de sus tierras, so pretexto del “progreso” y desarrollo general.
El Censo Nacional Agropecuario del año 2002 señala que explotaciones de más de 5.000 hectáreas concentran el 50% de la tierra en Argentina, siendo que explotaciones de hasta 500 hectáreas (precisamente las trabajadas por los pequeños productores) ocupan solo el 13% del total.
El mismo Censo determinó que existen un total de 6.211.243,2 hectáreas ocupadas con carácter precario, es decir, sin título de propiedad ni contrato escrito que avale la tenencia (1.759.708,8 son ocupaciones de hecho).
Así las cosas, las empresas trasnacionales y el gran capital vienen desarrollando un agresivo programa de apropiación de grandes extensiones de tierras, ya sea mediante la compra, el arrendamiento o mecanismos pseudo legales de adquisición. Y los pequeños productores son sin duda los más vulnerables a estas acciones. El círculo se cierra con la expulsión de comunidades campesinas enteras de sus lugares propios y la migración a las periferias de los grandes centros urbanos, con las consecuencias de pobreza, marginalidad y delito que bien conocemos.

El proyecto
Fundamentalmente suspende por cinco años el cumplimiento de toda sentencia judicial o disposición administrativa que ordene el desalojo o desocupación de tierras ocupadas por pequeños productores agropecuarios.
A su vez, define a los pequeños productores como aquellos que explotan un establecimiento rural de manera personal y/o con intervención de su grupo familiar; que no emplea trabajadores en relación de dependencia y que se organizan jurídicamente como persona física, sociedad de hecho o cooperativa de trabajo.
Luego determina la extensión de tierra que utiliza un pequeño productor, que queda establecida entre las 500 y 1000 hectáreas, según la región del país en la que se encuentre.
Finalmente, ordena la creación de un Programa de Regularización Dominial para Pequeños Productores Agropecuarios y un Fondo económico que sustente aquél, con la finalidad de regularizar la situación de los productores y la entrega efectiva de la tierra, de manera gratuita.
La posibilidad de que el proyecto aquí comentado se transforme en ley dependerá, sin duda, de la voluntad política de las distintas fuerzas que componen hoy el Congreso nacional, pero marca el camino trazado por el Dr. Juan José Passo, quien como diputado y al momento de dictarse la Ley Agraria o de Enfiteusis dijo: “Seguramente no es conveniente, menos en nuestra forma de Gobierno que en otra, que haya grandes propietarios y un montón de hombres pobres alrededor, todos en dependencia de aquéllos”

Desde Buenos Aires, Mariano C. Bibolini
Asesor Bloque Proyecto Sur

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