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El Espejo Nro 194

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miércoles, 25 de agosto de 2010

Brechas sociales y políticas


Retroceso: Desde que asume en el gobierno de la Ciudad la fórmula integrada por Mauricio Macri y Gabriela Michetti, comienza a concretarse un profundo cambio regresivo en las políticas publicas de la ciudad. El rasgo más destacado del gobierno del PRO es el énfasis político depositado en la organización de mega proyectos inmobiliarios destinados a utilizar las tierras del Estado, incluyendo hospitales y otros edificios públicos para supuestos proyectos de refuncionalización territorial, constitución de polos productivos, sanitarios, tecnológicos, entre otros publicitados aunque con inciertos objetivos urbanísticos.

Así empezó el gobierno de Mauricio Macri: con la propuesta de concesionar los edificios públicos del centro de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo los ministerios de Salud, de Educación, de Hacienda, la Procuración General entre otros, a la empresa constructora del misterioso “Nuevo Centro Cívico”, ubicado justamente en las tierras que actualmente ocupan los hospitales de Salud Mental del barrio de Barracas.
Este proyecto fue bloqueado en su tratamiento por la resistencia de la comunidad y por el rechazo de todos los bloques de la oposición. Sin embargo, el objetivo de realizar mega emprendimientos con fuerte injerencia de las empresas constructoras monopólicas y amigas de la familia Macri, vuelve en numerosos expedientes: ahora en el proyecto de fusionar otros tres hospitales – muy deteriorados por cierto – el María Ferrer, el Muñiz y el Udaondo, en un solo “Centro Hospitalario del Sur”.
En el mismo sentido, en otras áreas de gobierno, incluyendo las referidas a las políticas sociales, se está llevando adelante un proceso de privatización de servicios y programas con empresas privadas y de tercerización de servicios a organizaciones de la sociedad civil. El proceso de liquidación de haberes y de gestión de recursos humanos, la administración de los últimos lavaderos y sistemas de provisión de medicamentos que aún quedaban en manos del Estado, fueron transferidos a empresas privadas con resultados desastrosos en cuanto a la calidad de las prestaciones y la eficiencia de los servicios. En los programas sociales se han transferido responsabilidades importantes en la atención de la infancia y en la atención terapéutica de jóvenes y adultos a instituciones sociales y empresas privadas.
Más allá de la calidad de los organismos involucrados, este rasgo que puede ser correcto si se utiliza excepcionalmente, o en situaciones de emergencia, encubre, al extenderse como gestión habitual en la ciudad, un brutal proceso de vaciamiento del Estado, de sus competencias y de sus servicios. Aumentan las partidas de transferencia al sector privado, disminuyen los gastos corrientes, en particular los de personal y de mantenimiento del sector estatal.
Los recortes presupuestarios y la falta de ejecución de los planes de urbanización, la parálisis prolongada de los acuerdos y planes comprometidos con la red de cooperativas de vivienda, ha generado una acentuación de las condiciones de hacinamiento y marginalidad de los barrios del sur de la ciudad. Muchos de los emprendimientos de autogestión de vivienda popular y los planes iniciados en las gestiones anteriores de gobiernos progresistas, fueron paralizados o demorados en su realización. Igualmente con los proyectos de infraestructura escolar y de infraestructura hospitalaria programada en los últimos cinco años, cuya ejecución en el gobierno de Macri no supera el treinta por ciento.
Se constituye de esta forma un fuerte retroceso en materia de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso de la población al conjunto de sus derechos. La utilización indebida de los fondos del Estado y del patrimonio público, intenta conformar el diseño de una ciudad revitalizada en aspectos cosméticos, visibles para el impacto mediático, sin dar respuesta a los problemas profundos que atraviesan estructuralmente nuestra sociedad.
Los indicadores sociales básicos empiezan a señalar con trágica elocuencia las consecuencias previsibles del permanente recorte y debilitamiento de las áreas sociales: el aumento de la mortalidad infantil del 7,3 por mil en 2008 al 8,3 por mil en el año 2009, el incremento del embarazo adolescente llegando al 19 por ciento, la caída de las prestaciones en los servicios de salud mental, en los servicios de protección de derechos de infancia y adolescencia, las listas de espera en las escuelas infantiles y primarias de la zona sur, muestran parte del señalado retroceso.
En defensa de los derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los bloques de la oposición con diversos matices de unidad y de perfiles, estamos llevando adelante la resistencia a estas políticas y la iniciativa para recuperar Buenos Aires hacia un nuevo gobierno popular en el próximo y muy cercano 2011.
Necesitamos articular primero y consolidar después un movimiento que, a partir de las numerosas experiencias recorridas en el distrito y con nuevas perspectivas, proponga un frente político y social amplio y transversal. Para alcanzar este desafío se requiere una profunda voluntad política. Construir superando los sectarismos y desterrando las prácticas habituales de no escuchar y de resolver entre muy pocos las iniciativas y las propuestas de acción política. Tendremos que ser capaces de afrontar estos desafíos.

*Por María Elena Naddeo. Legisladora porteña - Bloque Diálogo por Buenos Aires

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