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miércoles, 25 de agosto de 2010

Violación cotidiana de la Constitución capitalina: hábitat y vaciamiento

Desalojados: En la ciudad de Buenos Aires, unas 500.000 personas sobre cuatro millones de habitantes, están en situaciones críticas de hábitat. Son trabajadores de bajos ingresos, migrantes internos y de países limítrofes que malviven en villas, hoteles pensión, conventillos y casas tomadas. Son la mano de obra formal e informal de nuestra ciudad. Son también los más vulnerables: viejos, jóvenes, chicas y chicos de nuestro pueblo que ya no cuentan para el sistema y malviven en la calle. A esto hay que sumarle amplias capas de sectores medios, que viven la inseguridad creciente de los aumentos en los alquileres y no tienen opciones crediticias que los contengan. Este cuadro, no se entiende por fuera de la dinámica urbana y su papel en la reproducción general de la sociedad y sus relaciones de poder.

Buenos Aires atraviesa un proceso de renovación urbana desde comienzos de los ´90 que incluye la urbanización de la ribera, la ampliación del área central, la ejecución de autopistas, accesos y mega obras de significación regional y macroregional de largo plazo, al servicio de necesidades del capital financiero y que se han traducido en el alza sostenida del precio del suelo. El gobierno nacional y el de la ciudad han jugado y juegan un papel insustituible como gestores de estas condiciones a través de sus funciones regulatorias, el proceso de privatizaciones, la transferencia subsidiada de recursos como el suelo urbano y la deuda pública.
El gobierno de Mauricio Macri es heredero y continuador de estas políticas estructurales, privatizadoras y concentradoras que ponen el estado al servicio de grandes negocios. Por ello, su política urbana y habitacional -en consonancia con acciones y omisiones del gobierno nacional, socios al fin-, refuerza el carácter excluyente de la ciudad y le sobreimprime notas de ilegalidad y represión (como expresivo sucesor del ingrato y célebre dicho dictatorial: “hay que merecer la ciudad”).

Los rasgos centrales
La continuidad de la liberalización y desregulación de los mercados de suelo y alquileres, etc. La gran desalojadora en la ciudad es la silenciosa libertad de mercado, que naturaliza e impone vivir donde se puede pagar.
La continuidad en la decisión de utilización del patrimonio estatal, el espacio público, los recursos económicos y técnicos del Estado, la creación y destrucción de normativas y políticas al servicio de la valorización del capital, (con ejemplos estruendosos en el sector 5 de la EX AU3 y la pretensión de crear una Corporación del Norte para lucrar con la venta de terrenos del barrio de Catalinas, los intentos –afortunadamente frenados- por subastar 36 terrenos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC),
La firme decisión de debilitar o destruir toda institucionalidad y marcos de legalidad impulsados, sostenidos y/o útiles para el movimiento popular. Tres ejemplos:
1- el desguace del Instituto de Vivienda de la Ciudad con su sostenido y arbitrario vaciamiento presupuestario, reforzado por los también arbitrarios niveles de subejecución del presupuesto asignado, ante lo cual, los controles legislativos resultan insuficientes y lentos.
2- la política hacia las denominadas históricamente “villas”, con ambiguas competencias traspasadas a instituciones como la Corporación del Sur y el ministerio de Espacio Público, que ponen el énfasis en el suelo (recurso) más que en las personas y las características de los procesos habitacionales reales (por ejemplo inquilinos y subinquilinos que nunca son censados). Sólo la resistencia organizada de la población ha impulsado medidas como la Ley que crea un marco concertado para la radicación de “Villa 31”; un campo en disputa.
3- La decisión -ya asumida por los gobiernos “progresistas” de Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman- de ahogar propuestas nacidas de la organización popular como la Ley 341 de Autogestión del Hábitat, que permitió la compra de suelo y el desarrollo de emprendimientos habitacionales con una lógica satisfacción de la necesidad, de creación de trabajo y no de negocio empresarial. Existen 400 cooperativas, 100 terrenos comprados, 1100 viviendas en ejecución y otras terminadas que dan cuenta de su validez; sin embargo se padecen trabas burocráticas y ahogo financiero, lentitud de certificaciones, índices de desactualización presupuestaria, cerramiento a la inscripción de nuevos proyectos.
Y, como un hecho de mayor gravedad, la aplicación de formas represivas abiertamente ilegales hacia distintas formas de organización popular, empezando por los caracterizados como más débiles: jóvenes, algunos sectores de trabajadores sindicalizados, gente viviendo en la calle, chicos adictos al paco, etc., (la patota de la Ucep, la implementación de desalojos administrativos, maltratos y golpizas, incluso en predios de propiedad del Estado nacional, como los terrenos ubicados en el barrio de Caballito, ante lo cual el gobierno nacional miró para otro lado).
Un escenario en donde se calcula que hoy, no menos de 20.000 personas están viviendo en las calles de la ciudad de Buenos Aires y siguen creciendo, alimentados por los desalojos colectivos que transcurren silenciosamente cada semana.
En definitiva y a contramano de los derechos constitucionales expresados en el artículo 31 de la Constitución, y que fueron ganados con la participación y la lucha de las organizaciones populares, el gobierno de Mauricio Macri desconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado.

*Por Néstor Jeifetz. Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI-CTA)

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