La salida que no fue

Movilización de jóvenes y organizaciones de Derechos Humanos impidieron una injusticia

Frenazo en Córdoba: contra todos los pronósticos, el genocida Luciano Benjamín Menéndez recibió un tate quieto y seguirá en la cárcel. Inesperadamente un juez riojano se opuso a la voluntad de varios de sus colegas y frustró el plan de Menéndez para dejar la cárcel y volver a su casa para festejar sus 82 años en familia. La problemática de la ley que beneficia a los mayores de 70 años sin distinguir los delitos de lesa humanidad.

El genocida Menéndez pensó por varios días que, una vez más, había burlado a la Justicia y que las dos condenas a prisión perpetua que tiene sobre sus hombros no serían impedimento para dejar atrás los once meses que lleva en una cárcel común para volver a su casa. Fue incluso más allá, pensó que algún “buen juez” de la Nación firmaría todos los papeles a tiempo para agasajarlo y que el 19 de junio cumpliera sus 82 años rodeado de sus afectos.
Sucede que distintos magistrados federales entienden que quien atentó contra la humanidad toda, desapareciendo a miles de hombres, mujeres y niños, no es una persona peligrosa. Si bien se comprobó su entera responsabilidad en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, entienden que el “Cachorro” no presenta peligrosidad procesal, ni su conducta obstruye el hallazgo de la justicia. Omiten estos jueces evaluar que los delitos de lesa humanidad cometidos por Menéndez, se siguen cometiendo porque los cuerpos de sus víctimas continúan desaparecidos. Omiten también decir en sus fallos, que jamás, en 32 años, deslizó el más mínimo arrepentimiento ni colaboró para que los efectos de sus delitos cesaran.



El proceso de juicio y castigo en la Argentina lleva muchos años. Mucha agua corrió por los puentes de la justicia, con rupturas y continuidades de un poder que convivió con comodidad y complicidad junto a los genocidas. A partir del año 2003 se reabrió la posibilidad de enjuiciar y condenar a los represores. Desde entonces, a todas luces se evidencia que la Cámara Nacional de Casación Penal se convirtió en el principal refugio de la impunidad. Esta Cámara, creada por el gobierno menemista, es la máxima institución penal del país. La defensa de los militares logra que todas las causas pasen por las manos de estos doce jueces. Su práctica habitual es cajonear los expedientes para retrasar el inicio de los juicios y luego atenuar las penas y otorgar domiciliaras para los condenados. Lo resuelto en Casación sólo puede revocarlo, en casos extraordinarios, la Corte Suprema.

Perseverancia colectiva
Así fue como el último 2 de mayo, la sala 3 de Casación, decidió otorgar a Menéndez el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la causa Brandalisis, la primera que lo condenó. Esta misma actitud adoptó dos semanas después la jueza Cristina Garzón de Lascano, en este caso por las causas que aún se instruyen en Córdoba.
Entre septiembre de 1975 y el mismo mes de 1979, Menéndez comandó el III Cuerpo del Ejército que abarcaba diez provincias del centro y noroeste argentino. En la mayoría de estas hoy tiene causas abiertas y es por esto que distintos jueces federales responder a la solicitud del arresto domiciliario. En la mayoría de los casos ningún magistrado se opuso, y pasados los tramites de rutina el gran genocida se preparaba para retornar a su hogar.
El 17 de junio trascendió que esa tarde Menéndez sería trasladado. De inmediato los organismos de DDHH convocaron a bloquear el acceso de su casa y cientos de personas se congregaron allí. Al caer la tarde llegó la noticia de que el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena se oponía y solicitaba que el reo permanezca preso en la cárcel de Bouwer.
Una vez más la voluntad popular tomó la iniciativa y se hizo sentir dentro del palacio judicial. Si algún aprendizaje dejan las últimas tres décadas, es que sólo la perseverancia colectiva y organizada en busca de verdad y justicia, es la única herramienta para vencer a la impunidad.
Lamentablemente esta problemática no es un privilegio cordobés. La situación se repite con muchos genocidas que ya pasaron o pasarán los 70 años, umbral que la ley 24.660 (recientemente modificada por la 26.472 que le atribuye mayor discrecionalidad a los jueces) establece para solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Evidentemente la legislación vigente no alcanza, pero el problema de fondo sigue siendo el poder judicial, tan nutrido de funcionarios comprometidos con el pasado.

Martín Notarfrancesco (miembro de H.I.J.O.S)

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Lo que viene

Luego de dilaciones varias, recusaciones y apartamiento de jueces, se avecinan en Córdoba dos grandes juicios. El primero será este año y unificará varias causas que investigan el accionar de la patota de la policía local. También estarán los responsables de la masacre de presos políticos de la penitenciaría de San Martín -UP1-. En total, más de treinta genocidas nutrirán en el banquillo de acusados, incluido Videla, como máximo responsable.
El segundo mega juicio que se prepara en esta ciudad agrupará cerca de 100 casos del centro clandestino de detención y exterminio La Perla. El calendario judicial hace prever que se sustanciará el próximo año. También en este juicio el banquillo de acusados deberá contar con más de treinta asientos, allí estará gran parte de la patota de La Perla con Barreiro y Vergez entre otros.