Políticas del hábitat para una ciudad democrática

Nestor Jeifetz y María Carla Rodríguez (*)

En la ciudad de Buenos Aires, corazón del Area Metropolitana, malviven en situaciones críticas de hábitat aproximadamente 500.000 de sus tres millones de habitantes.
Trabajadores de bajos ingresos, migrantes internos y de países limítrofes malviven en villas, hoteles, pensión y casas tomadas. Son la mano de obra formal e informal de nuestra ciudad. Amplias capas de sectores medios, también viven la presión creciente de los aumentos en los alquileres.
Y finalmente, los más vulnerables… viejos, jóvenes, chicas y chicos que ya no cuentan para el sistema y están en la calle.
La situación habitacional no se entiende fuera de la dinámica urbana y de la reproducción general de la sociedad y sus relaciones de poder. El proceso de renovación urbana que atraviesa Buenos Aires en forma marcada desde comienzos de los ´90 incluye la urbanización de la ribera (con hitos como Puerto Madero, la Costanera y los actuales proyectos para Retiro… que se extienden a Quilmes y al Tigre), la ampliación del área central, la ejecución de autopistas, accesos y mega obras de significación regional y macroregional de largo plazo que sirven a necesidades del capital financiero y se han traducido en el alza sostenida del precio del suelo.

Los gobiernos nacional y de la ciudad jugaron y juegan un papel insustituible como gestores de estas condiciones a través de sus funciones regulatorias, el proceso de privatizaciones, la transferencia subsidiada de recursos como el suelo urbano y la deuda pública
Heredero de estas políticas estructurales privatizadoras y concentradoras que ponen el Estado al servicio de grandes negocios, la política urbana y habitacional macrista – en consonancia con acciones y omisiones del nivel nacional de gobierno-, refuerza su carácter excluyente con notas de ilegalidad y represión (como expresivo sucesor del ingrato y celebre dicho dictatorial: “hay que merecer la ciudad”).
Sus rasgos centrales:
•Continuidad de la liberalización y desregulación de los mercados de suelo, alquileres, etc. La gran desalojadora en la ciudad, es la silenciosa libertad de mercado, que naturaliza e impone vivir donde se puede pagar.
•Continuidad en la utilización del patrimonio estatal, del espacio público, de los recursos económicos y técnicos del Estado, de la creación y destrucción de normativas y políticas al servicio de la valorización del capital. (con ejemplos estruendosos en el sector 5 de la ex au3 y la venta de terrenos de Catalinas).
Sus innovaciones:
• La firme decisión de debilitar o destruir toda institucionalidad y marcos de legalidad impulsados, sostenidos y/o útiles para el movimiento popular. Tres ejemplos:
a) el desguase del Instituto de Vivienda de la Ciudad y su arbitrario vaciamiento presupuestario,
b) la Política hacia las Villas, con ambiguas competencias traspasadas a expresivas instituciones como la Corporación del Sur y el Ministerio de Espacio Público.
c) La decisión – ya asumida por los previos gobiernos progresistas de Ibarra – segundo- y Tellerman- de cerrar la Ley 341 de Autogestión. Hito de lucha propositiva de las organizaciones sociales de la ciudad, que permite la compra de suelo y el desarrollo de emprendimientos habitacionales con una lógica satisfacción de la necesidad, de creación de trabajo y no de negocio empresarial (existen 400 cooperativas, 100 terrenos comprados, 1000 viviendas en ejecución y otras terminadas que dan cuenta de su validez) .
• Aplicación de formas represivas abiertamente ilegales hacia distintas formas de organización popular, empezando por los caracterizados como más débiles: jóvenes, algunos sectores de trabajadores sindicalizados, gente viviendo en la calle, chicos adictos al paco, etc. (patota de la ucep, desalojos administrativos, maltratos y golpizas), incluso en predios que directamente no son de su propiedad (como los terrenos de onabe en Caballito)

Ante este diagnóstico nosotros decimos:
§ El Estado que te desaloja no va a ser el que congelará los desalojos;
§ El Estado que mantiene la represora figura menemista de la usurpación no será el que la derogará;
§ El Estado que regala nuestro patrimonio, que regala el suelo estatal, no va a ser el que lo pondrá al servicio de los intereses y necesidades populares;
§ El Estado que interviene en el mercado del suelo desde la lógica de la no intervención, no será el mismo que intervendrá para regularlo en función social
§ El Estado que priorita una concepción e implementación de la política habitacional como presas del lucro empresarial, no será el que transfiera al pueblo y sus organizaciones la responsabilidad de materializar colectiva, propositiva y organizadamente su hábitat cotidiano;
§ El Estado al que no le interesa la participación conciente de la gente en la definición de sus programas comunitario y tipológicos, en la elaboración compartida de sus proyectos, en la administración de los recursos presupuestarios y en la estructuración popular organizada para materializarlos, no será el mismo Estado que convocará a la participación en cada una de estas instancias;
§El Estado que impulsa políticas de carácter asistencial e individual, que motoriza culturas dependientes y humanamente desvalorizantes, no será el mismo Estado que apuesta a que la necesidad sea solo el primer escalón desde el cual impulsar conciencia y prácticas colectivas recuperadoras y constructoras de mayor sentido de humanidad.
Por transformar este cuadro, es necesario apoyarse en las construcciones de organización popular, su acumulación histórica y su integración. En la ciudad, pautas básicas están planteadas en el Articulo 31 de la Constitución, cuya vigencia debe sostenerse con organización popular, construcción cotidiana de poder político y propuesta y que -no casualmente- el macrismo quiere derogar.

(*) MOI-CTA